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1 de julio: crisis y fin de sexenio

El 1 de julio se empieza a cerrar un sexenio signado por el regreso del PRI al gobierno y por una crisis de largo aliento.

Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari

Jueves 28 de junio | 17:42

Mayo 2012. Campaña ascendente de Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional, empujada por los grandes medios de comunicación y el desgaste del panismo después de 12 años de gobierno. Cruzando las elecciones, un movimiento juvenil nacido en la Universidad Iberoamericana y otros claustros privados, que se extiende a las universidades públicas: el #Yosoy132. Su signo es la organización y la movilización contra el regreso del PRI al gobierno federal.

1 de diciembre 2012. Peña Nieto asume en medio de protestas y una brutal represión. Al día siguiente, se firma el Pacto por México, en el que participan los principales partidos, incluyendo al opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la Ciudad de México, centro administrativo, económico y político del país. El pacto es un verdadero cierre de filas para imponer aceleradamente las llamadas reformas estructurales. Y tendrá su correlato en el terreno represivo. El perredismo, allí donde gobierne, actuará con mano dura contra los movimientos de protesta, como la resistencia magisterial que en el año 2013 dijo "¡Presente!" en la capital del país.

El gobierno se mostraba como una aplanadora. Entonces podía aventurarse que, con el respaldo del Pacto por México y de la Casa Blanca, el sexenio estaría marcado por la fortaleza gubernamental. En febrero de 2014, la prestigiosa revista Time publicaba en portada una foto de Enrique Peña Nieto con el titulo “Saving México”. Un año después, a pesar de la imposición acelerada de las reformas, había cambiado el panorama. La administración priista iniciaba el camino descendente que parece culminar este domingo.

2014: una crisis profunda

El punto de inflexión fue el 26 de septiembre de ese año. La masacre de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, despertaron un movimiento masivo que tomó las calles en la capital y otras ciudades del país. Cientos de miles al grito de “¡Fue el Estado!” señalaban no sólo al gobierno priista, sino también a la oposición de centroderecha (el Partido Acción Nacional) y al PRD, que gobernaba tanto Guerrero como el municipio donde se perpetraron las desapariciones.

Ayotzinapa fue la culminación de un largo historial de atropellos a manos de las instituciones y principales partidos del régimen político mexicano. Allí están las imágenes de los helicópteros en Oaxaca del 2006 disparando balas de plomo contra los manifestantes; los cientos de miles de asesinados y desaparecidos en fosas comunes bajo el manto de la llamada narcoguerra; allí están el desprecio de los políticos patronales ante las condiciones de vida de millones.

Si en las históricas movilizaciones del 2014 hubo miles que despertaron a la vida política, hubo muchos otros que ya tenían en su haber la participación previa en las luchas magisteriales, el #Yosoy132 o el movimiento contra la militarización del 2011.

Lo cierto es que en ese momento se abrió una brecha. Un cisma entre los partidos tradicionales y el pueblo trabajador, donde creció el descontento y la desconfianza con aquellos, y donde se generó una politización de masas. Si eso no se puede entender nada del México actual ni el proceso electoral.

La asunción de Donald Trump en la Casa Blanca abrió un nuevo momento que acrecentó las tendencias a la crisis orgánica abierta a partir de Ayotzinapa, poniendo en cuestión el mecanismo fundamental de la “gran empresa” neoliberal, el Tratado de Libre Comercio, pilar en que se asentó no sólo el gobierno de Peña Nieto, sino también las administraciones previas. A esto se suma la ofensiva xenófoba y reaccionaria de Trump contra los migrantes, que despierta un gran descontento a ambos lados de la frontera. En los últimos 20 años, nunca se vio que estuviera en discusión, de esta forma, la relación con los Estados Unidos. Un gran interrogante, y a la vez “broche de oro” para el mandato de Peña Nieto, que será heredado por el próximo gobierno.

Crisis y lucha de clases

Si el gobierno de Peña Nieto se mantuvo después de septiembre de 2014, no fue debido a una gran legitimidad. Durante los años siguientes, arrastró una baja popularidad que no superó nunca el 20% y se convirtió en una losa que aplastó a su candidato Jose Antonio Meade, quien nunca remontó en las encuestas. Partidos como el PRD nunca recobraron su lugar de oposición de “izquierda” y sobre su agonía emergió otra fuerza política, el Morena, de Andrés Manuel Lopez Obrador.

La explicación hay que buscarla en la política que llevaron adelante las direcciones de las principales organizaciones obreras y de masas, que evitaron que la movilización se generalizara, incorporando a los grandes sindicatos, y adoptase una política independiente para aprovechar esta situación. Ocasiones no faltaron: desde el movimiento por Ayotzinapa, la lucha magisterial o las movilizaciones contra el gasolinazo, así como innumerables luchas y protestas parciales en el movimiento obrero y la juventud. Entonces, aunque la crisis abrió y potenció esa posibilidad, lo que operó fue la pasivización del descontento social; el corolario fue llevarlo tras la ilusión en esperar el cambio por la vía electoral, este 1 de julio.

De esta forma, en el fin de sexenio, la crisis del PRI (a la cual nos referimos aquí) y la deslegitimación de los demás partidos de oposición terminó siendo capitalizada por Lopez Obrador. Millones abandonaron a los “viejos” partidos; el meteórico ascenso en las encuestas de Morena fue precedido por su crecimiento electoral desde el 2015.

Pero si el ascenso de la estrella lopezobradorista expresa la profundidad de la crisis orgánica y la búsqueda de alternativas en amplios sectores a los partidos tradicionales, no hay que dejar de lado que es también el intento por contener las profundas contradicciones sociales que se incuban y evitar el desarrollo de la lucha de clases. Testimonio de ello es su retórica de “gobernar para ricos y pobres” y de “realizar una transformación pacífica”, esto en un país castigado por la opresión imperialista y cruzado por un profundo hartazgo. El discurso en extremo moderado de AMLO buscó tranquilizar y convencer al empresariado que no afectará sus negocios, el cual finalmente pareció aceptar la posibilidad de su gobierno.

Este 1 de julio no solo marcará el fin del sexenio peñanietista, cruzado por el descrédito y la crisis del PRI, en un proceso electoral que es el más violento de la historia moderna en el país. Abrirá, en un panorama convulso y cruzado por múltiples interrogantes, nuevos escenarios políticos y sociales. Quienes participamos en este proceso electoral con una política alternativa -expresada en el impulso de una candidatura anticapitalista encabezada por dos trabajadoras, Sulem Estrada y Miriam Hernández - sabemos que en los mismos estará planteado el desafío de construir una alternativa socialista, antiimperialista y revolucionaria. Y que la misma tendrá como bandera fundamental la lucha por la independencia política y organizativa del movimiento obrero y popular, respecto al nuevo gobierno y a los distintos partidos al servicio de los empresarios. Para eso nos preparamos.

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