Internacional

NOTA DE TAPA

Brasil en la encrucijada

Dilma Rousseff nombró a Lula como ministro de Gobierno. Un juez impugnó la designación y el gobierno apeló. El Congreso votó la comisión para iniciar el impeachment a Dilma. Momentos decisivos.

Juan Andrés Gallardo

@juanagallardo1

Viernes 18 de marzo de 2016 | 17:00

La suma de todas las fuerzas políticas y judiciales actuó ayer en Brasil. En poco menos de doce horas el ex presidente Lula fue nombrado jefe de Gabinete de Ministros del golpeado gobierno de Dilma, un juez que participó de las marchas pro impeachment impugnó la designación, el gobierno apeló la resolución y finalmente en el Congreso se aprobó la comisión de 65 diputados que discutirá el proceso de impeachment a Dilma.

Había pasado poco menos de una hora desde que el ex presidente Lula fue nombrado como jefe de Gabinete de Ministros cuando el “partido judicial” volvió a aparecer en la escena política brasileña. El juez Itagiba Catta Preta Neto, quien, según un periodista del diario O Globo participó en las movilizaciones contra Dilma, determinó provisoriamente la suspensión del acto de nombramiento del ex presidente petista. La ofensiva judicial contra el PT y contra Lula sigue el camino iniciado por el juez Sergio Moro, quien lleva adelante la investigación por los casos de corrupción en Petrobras y que en el día de ayer, a horas de la asunción de Lula como ministro, filtró una serie de grabaciones obtenidas por medio de escuchas telefónicas en las que se demostraría que Dilma le había enviado a Lula una carta con su nombramiento como ministro para que la “use en caso de necesidad”, según la interpretación de los medios. El gobierno a su vez alega que fue un mero acto protocolar por el hecho de que Lula en principio no iba a la ceremonia de posesión del día siguiente. Es claro que el juez Moro, que fue elevado al estatus de “héroe nacional” por los principales medios de comunicación, tiene fines políticos y su accionar dista de ser objetivo. Mientras que la filtración de estos audios tenía el objetivo de evitar que el expresidente Lula obtenga fueros de privilegio al ser nombrado ministro, el juez Moro solo investiga a miembros del PT y hasta el momento ha evitado llamar a declarar a cualquiera de los dirigentes políticos de la oposición que están involucrados en el escándalo de corrupción del Petrobras, conocido como Lava Jato, tanto o peor que Lula.

Al conocerse la impugnación dictada por el juez Preta Neto, el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, manifestó a la prensa que ya estaría en curso, por parte del gobierno federal, un amparo para permitir la asunción de Lula.

La decisión queda ahora en manos del tribunal de apelaciones que hasta el momento no se expidió sobre si Lula mantendrá el cargo de Ministro o no. Mientras tanto el expresidente no tendrá fueros de privilegio. , según la interpretación de los medio. La oposición burguesa presentó recursos similares en todo el país y el gobierno apeló a la corte suprema para que le permita asumir a Lula.

Dentro de la corporación judicial es el Supremo Tribunal Federal (STF) quién tiene las máximas atribuciones para desaforar a un funcionario público. Es decir que si Lula llegara a mantener el cargo y conseguir los fueros de privilegio quedaría fuera del alcance del Juez Moro. Así como Moro juega sus cartas a favor de la oposición, en esta suerte de bonapartismo judicial el STF ha venido siendo relativamente más benévolo con el debilitado gobierno de Dilma al rechazar una comisión para tratar el tema del impeachmet, con mayoría opositora que había sido impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (miembro del PMDB y acérrimo enemigo del gobierno). En su lugar el STF pidió que la votación de los miembros de la comisión sea realizada en forma abierta y por partido.

El camino del impeachment

En la tarde del jueves el congreso aceleró el pedido de impeachment, pero no por los escándalos de corrupción en Petrobras (que siguen la vía judicial y salpican también a los principales referentes de la oposición) sino por la llamada “bicicleta” fiscal. Es decir que la acusación de Dilma sería por haber manipulado las cuentas fiscales para que estas cierren bien en 2014, y por no haber cumplido la ley de responsabilidad fiscal votada en el Congreso. Esta acusación tiene la ventaja de sacar a Dilma sin tocar al vicepresidente Michel Temer (del PMDB, partido aliado al gobierno pero dividido internamente), pero tiene al menos una importante contradicción: se trata de un “delito” que fue cometido por varios (¿todos?) los gobiernos anteriores, tanto a nivel federal como estadual.

Un dato de “color” que muestra el nivel de crisis fue la ausencia de Temer durante la asunción de Lula en el día de ayer.

En medio de este clima se realizó la reunión de diputados para definir los nombres de los 65 congresistas que serán parte de la comisión que iniciará el trámite de Impeachment a Dilma. Como se puede ver en el siguiente gráfico, según datos del sitio UOL, la relación de momento quedó con 31 diputados a favor del juicio político, 28 en contra y 6 indecisos.

¿Cómo sigue?

La comisión tendrá un plazo total de 15 sesiones para llevar adelante la investigación y emitir un dictamen. Las 10 primeras sesiones corresponden al período límite de la defensa de Dilma Rousseff, mientras que las 5 siguientes son el plazo límite de deliberación de la comisión para tomar una decisión. Los plazos se pueden estirar o acortar según la decisión del presidente de la Cámara de Diputadas para llamar a cada una de las sesiones. Una vez terminado el plazo y más allá de la decisión que tome la comisión, la misma debe ser aprobada por el plenario de diputados con al menos 342 votos sobre 513 que conforman la Cámara. Si la Cámara de Diputados finalmente aprueba el impeachment a Dilma este deberá pasar a la Cámara de Senadores donde se necesitaran 2/3 del total para finalmente llegar a una destitución de la presidenta.

La crisis política en Brasil se aceleró de manera desproporcionada en las últimas dos semanas. A punto tal que muchos de los actores toman permanentemente resoluciones por fuera de la relación de fuerzas. Los propios partidos de oposición tienen problemas para definir sus estrategias, el PMDB porque es parte del gobierno y el PSDB porque dos de sus principales figuras como el gobernador de San Pablo, Alkmin y el excandidato presidencial Aécio Neves, fueron abucheados en las marchas del domingo pasado, mostrando que sus niveles de aceptación no son todo lo bueno que ellos quisieran.

Por su parte Lula al entrar el gobierno de Dilma estaba tomando una decisión arriesgada, como analizamos aquí.

En medio de esta complicada situación política, La Izquierda Diario entrevistó a Diana Assunção, directora del Sindicato de los trabajadores de la Universidad de San Pablo (SINTUSP) y dirigente del Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT), para tener una visión de la izquierda revolucionaria en Brasil frente a la profunda crisis política que vive el gigante sudamericano.

  •  Para profundizar el análisis de la crisis, sugerimos la lectura del artículo: “Lula, el ‘Partido Judicial’ y los impases de la crisis política”.




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