Política México

COVID-19

Cómo y por qué hay que centralizar el sistema de salud privado y el público

En la conferencia de prensa de este 7 de abril, los funcionarios del gobierno anunciaron la colaboración de hospitales privados, que ponen a disposición hasta 1732 camas para atender la pandemia de covid-19. Aún no se aclaró si será a cambio de un pago ni cuándo se implementará.

Bárbara Funes

México D.F | @BrbaraFunes3

Miércoles 8 de abril | 23:41

José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, hizo el anuncio de una alianza entre la Asociación Nacional de Hospitales Privados y Consorcio Mexicano de Hospitales. El enlace por parte del gobierno es el doctor Ruy López Ribaura, y el doctor Mario González Ulloa es el representante de los hospitales privados.

Ante la inminencia del pasaje a la fase 3, contagios comunitarios, y los riesgos de comorbilidad que tiene la población en México, como diabetes, hipertensión y obesidad, entre otros padecimientos, el anuncio puede generar expectativas.

Sobre todo cuando la Secretaria de Salud prevé que durante la fase 3 entre 175 mil y 300 mil personas contraigan la enfermedad y, según el pronóstico de Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, habría alrededor de 10,500 casos graves. Y se cuenta sólo con 2.2 médicos cada mil habitantes, cuando el promedio de los países que integra la OCDE es de 3.3 cada mil.

Es decir, es completamente insuficiente para lo que se espera. De la mano de este panorama sombrío, van las protestas de trabajadoras y trabajadores de la salud porque no cuentan con protocolos ni con los insumos de protección que se requieren para atender esta pandemia.

Sobrecoge pensar en los riesgos de la población más expuesta: las y los trabajadores de servicios y de industrias esenciales, como el sector salud, transporte, telecomunicaciones, servicios de limpia, supermercados, industria de la alimentación. Pero también las millones de personas del sector informal, que cada día enfrentan una decisión cruel: protegerse de la pandemia y no tener para comer, o salir y conseguir unos pesos para subsistir.

Abajo recorremos números, que se ciernen sobre nosotros como árboles de un bosque tenebroso, pero cada cifra tiene un impacto sobre vidas humanas trastocadas por esta crisis que impacta en todo el mundo.

La situación en el sector público

El presupuesto del gobierno de López Obrador para salud asciende a 2.5% del PIB en 2020; está muy por debajo de la directriz de la OCDE del 9%.

Se reparte en las múltiples ramas del sistema de salud pública está integrado por IMSS, ISSSTE, Semar, Sedena, Pemex, el nuevo Insabi, la secretaría de Salud y programa IMSS oportunidades, a las cuales se añaden los sistemas de salud estatales, financiados por erario de las entidades.

Se calcula que cubren los servicios de salud de 82.2% de la población, aunque depende la institución la cobertura puede variar. Sí, hay servicios de primera, de segunda y de tercera.

Paradojas de la historia: el presupuesto para 2020 incluyó un recorte para el sector de vigilancia epidemiológica, que ante una pandemia como la que enfrentamos es de primer orden. De 608,188,669 millones de pesos en 2019, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica pasó a contar con 544,193,400 millones en 2020.

El 36.8% de la población mexicana tiene un seguro social formal, mientras que el 40.1% recibe una cobertura de salud para población sin seguro o la “población abierta”.

La Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, el Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo son los estados considerados como población de alto riesgo porque tienen menos del promedio de 82.2% de la cobertura nacional de salud. Los cinco primeros se cuentan entre las entidades más pobladas del país.

Según un reporte de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT) hasta ahora hay sólo 3.84 respiradores artificiales por cada 100 mil habitantes. A su vez, el reporte general gubernamental señala que autoriza el uso de 15,043 camas censables y 6,344 camas para cuidados provisionales.

El sector privado

Como el presupuesto del sector público resulta insuficiente para la operación de los hospitales y clínicas públicos, desde antes del covid-19, muchas veces las familias trabajadoras y de los sectores populares -no sólo los ricos-, ante una emergencia médica, se ven orilladas a buscar atención en el sector privado. Se endeudan por décadas cuando asumen más del 40% del gasto total en salud, el nivel más alto entre los países de la OCDE. El 23.1% de la población recibe atención médica del sector privado.

El sector privado está integrado por hospitales, clínicas y médicos particulares, sumado a las aseguradoras -como Axxa, Mapfre, BBVA- que venden seguros de gastos médicos mayores para atenderse en hospitales privados y a las cadenas de farmacias que cuentan con médicos familiares que dan consultas -como el Dr. Simi, Del Ahorro, San Pablo, entre otras.

La Asociación Nacional de Hospitales Privados -que agrupa, entre muchos otros, a Christus Murguenza, Centro Médico ABC, Hospital Ángeles, Hospital San Ángel Inn, Médica Sur, Star Médica y el Hospital Español- cuenta con 146 hospitales, de los cuales 126 están disponibles. Tienen más de 6169 camas, con posibilidad de reconvertir mil más para atender la emergencia del covid-19.

Algunos de estos hospitales, como el Centro Médico ABC, están haciendo su agosto con la realización de pruebas para detectar covid-19 -ya que el gobierno sólo realiza unas 159 por día- con costos de entre 4 mil a 15 mil pesos. Y los resultados pueden llegar cuando ya es demasiado tarde para la persona que está infectada, como sucedió en el caso de María Martha.

Por si fuera poco, estos hospitales se benefician también con el servicio social de estudiantes de la UNAM y otras universidades, al menos de enfermería, y cuentan así con mano de obra gratuita y cautiva, ya que sin tener la constancia del servicio social no se obtiene el título.

Por su parte, el Consorcio Mexicano de Hospitales incluye 38 hospitales en 34 ciudades, que tienen entre 10 y 40 o 50 camas. En 2019 habían anunciado un nuevo proyecto de “negocios”: crear una especie de IMSS privado que le vendiera coberturas de salud a familias con ingresos conjuntos de 25,000 o 30,000 pesos mensuales. Además del Consorcio son de la partida Laboratorios El Chopo, Plan Seguro y la cadena de farmacias YZA (de Femsa). El “pequeño” detalle: no hay regulación en el sector privado.

No hacer públicas las condiciones de la oferta de camas por parte del sector privado es un mal punto para el gobierno de López Obrador, en especial considerando que por una apendicectomía cobran alrededor de 40 mil pesos. ¿Qué pasa si cobran por atender a enfermos de covid-19 que requieran cuidados intensivos o una hospitalización de varios días? ¿Quién pagará esos gastos? ¿Las familias, muchas de las cuales ya han visto mermados sus ingresos ante esta crisis?

Es necesario terminar con el lucro de la salud

La salud no puede ser un negocio. Ahora, con la pandemia, se hacen evidentes las terribles consecuencias de mantener con bajo presupuesto al sistema de salud pública. Esto, combinado con tener en manos privadas algunas de las mejores instalaciones y trabajadores de la salud ante la crisis sanitaria, social y económica que se enfrenta es un verdadero despropósito.

El gobierno debe centralizar el sistema de salud público y el privado bajo control de las y los trabajadores que están en la primera línea de combate al covid-19: personal médico, de enfermería, administrativos y de intendencia. Los militares y los marinos no pueden tener bajo su gobierno ninguna institución de salud. Con armas, uniformes y amedrentamiento no se combate una pandemia.

Se debe terminar la precarización laboral en el sector: no pueden vivir en la zozobra quienes arriesgan sus vidas para atender a la población. Por eso exigimos la inmediata basificación de todas y todos los trabajadores del sector, plenos derechos laborales y salarios que cubran por lo menos el costo de la canasta básica y se ajusten según la inflación.

Es urgente que se coordinen los sistemas de información, las investigaciones, el desarrollo de pruebas y de tratamientos, los protocolos para atender a los pacientes y los recursos humanos y materiales que hoy están fragmentados. Esto con la perspectiva de avanzar hacia la nacionalización sin pago de todo el sector privado de la salud, bajo control de sus trabajadores.

De la mano de esta centralización es que el gobierno debe reasignar partidas presupuestarias en especial las destinadas a las fuerzas represivas del Estado, incluyendo la policía y la guardia nacional, y las que están destinadas al pago de la deuda externa, para el sector salud. Es indispensable también establecer impuestos especiales a los grandes millonarios. Todos estos fondos deben ser fiscalizados y administrados por las y los trabajadores de la salud. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, la salud no debe ser objeto de lucro.






Temas relacionados

Covid-19   /   Cuarta Transformación de AMLO   /   Política México

Comentarios

DEJAR COMENTARIO