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Contra la desaparición y la tortura: tapar el sol con un dedo

El gobierno de Peña Nieto, responsable de la desaparición de 43 normalistas en septiembre del 2014, ha anunciado una serie de medidas para aumentar la centralización de las instituciones de inteligencia y la implementación de leyes contra la tortura y la desaparición.

Sábado 12 de diciembre de 2015

El pasado martes 8 de diciembre, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong visitó la ciudad de Iguala, Guerrero, para inaugurar el Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Este es uno de los 5 CERFI que, desde 2013, la administración de Enrique Peña Nieto anunció como parte de la estrategia en materia de seguridad, para reforzar el trabajo que realiza el Centro Nacional de Fusión e inteligencia.

En un informe, el jefe del Ejecutivo federal, declaró que la intención es “actualizar e incrementar la infraestructura tecnológica e instalaciones con el fin de concretar el mecanismo que permitirá la fusión de inteligencias especializadas del Estado Mexicano, bajo el cual se integran recursos de la Sedena, Semar, PF, Cisen y la PGR, para conformar el Centro Nacional de Inteligencia y los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia”.

Apenas anunciada esta estrategia, el gobierno federal solicitó al congreso un presupuesto de 4mil 600 millones de pesos para su realización. En agosto pasado fue inaugurado el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la zona Noroeste, el cual contó con una inversión de 420 millones de pesos, donde también hubo intervención de presupuesto privado. Estas medidas se dan mientras el presupuesto para salud, educación y cultura se ven disminuidos.

En una reunión a puerta cerrada en las instalaciones del 41 batallón de infantería, ubicado en el municipio de Iguala Guerrero, se congregaron titulares de distintas dependencias como el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cien Fuegos Zepeda, la Procuradora General de la República (PGR) Arely Gómez y el Secretario de Marina, el almirante Francisco Soberón, con el gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores, para discutir temas de seguridad que incumben a la realidad nacional.

Haciendo alusión a la gestión de Ángel Aguirre durante la cual fueron desaparecidos, a manos del ejército, los 43 estudiantes de la Normal Superior de éste mismo estado, Osorio Chong declaró cínicamente que él si le había exigido formar a sus policías, pero que este nunca le había hecho caso.

¿Seguridad al servicio de quién?

Al hablar sobre el caso Ayotzinapa, Osorio Chong sostuvo que la única ’salida’ para resolver este conflicto es haciendo que la verdad salga a la luz y aseguró que a ningún mexicano le debe quedar duda de que el gobierno federal está poniendo ’todo de su parte’ para que el caso se esclarezca lo antes posible, pues hay muchos intereses para que México continúe ’envuelto en este tema’.
Parece que el Secretario de Gobernación olvida que hace apenas unos meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmintió la versión que el gobierno federal intento imponer como la única ’verdad histórica’.
Por otro lado, como parte de las resoluciones que los padres ofrecieron para retirar el plantón que habían establecido en la inmediaciones de la casa presidencial, se había programado un dialogo con el Secretario de Gobernación el pasado 10 de diciembre, el cual tuvo que ser pospuesto para el 16 de este mismo mes por cuestiones de la agenda del representante de la SEGOB.
En su segundo día en esta entidad, el pasado 9 de diciembre, Osorio Chong se reunió en el GrandHotel, con aproximadamente 200 miembros de la Industria Privada del estado de Guerrero, que en los últimos años se han visto afectados por la violencia en la entidad. Las medidas que se están implementando en materia de seguridad a nivel nacional muestran como principal el interés del gobierno federal para resguardar las ganancias de intereses privados.

Leyes para tapar el sol con un dedo

En este marco, Enrique Peña Nieto anunció el pasado jueves una iniciativa para promover dos nuevas leyes para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado y las desapariciones en el país. Aseguró que con ayuda de especialistas se ha diseñado un programa para dar cara a esos "hechos inadmisibles" que siguen teniendo lugar en nuestro país.

En primer lugar anunció la iniciativa para promover la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, para las cuales se planteo la creación de:
El sistema Nacional de Búsqueda que instruya la inmediata movilización de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en las horas subsecuentes a la desaparición.

Un registro nacional forense que cuente con alta tecnología para facilitarla localización de la víctimas.
Un Consejo Nacional Ciudadano que estará integrado por defensores, especialistas y familiares, para asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.
Un Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que cuente con información de hospitales, centros de detención y servicios médicos y forenses
Reforma legislativa que permita un tipo penal único en las 32 entidades que serán sancionadas de la misma forma en todo el país.

Y en segundo lugar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, para los cuales se prevé la creación de tres instancias
Unidades Especializadas de Investigación que permitan trabajar tanto a nivel federal como en las entidades federativas
Un Mecanismo Nacional de Prevención donde participe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos locales de defensa de los derechos humanos.
Un Registro Nacional de los Delitos de Tortura y otros Tratos Degradantes conformado con datos de las procuradurías General de la República y de los estados, que permita dar seguimiento a los casos.

Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobierno de EPN buscan ignorar que Ayotzinapa desnudo la asociación existente entre los partidos del régimen y sus instituciones y el crimen organizado, quedando claro que las fuerzas federales y el aumento de la militarización son estrategias de control para reprimir a la población y especialmente a los luchadores sociales y, garantizar el aumento de la explotación y el saqueo a los recursos naturales que garantizan una mayor subordinación al imperialismo norteamericano.

Además durante el gobierno de Peña Nieto, se ha demostrado que Ayotzinapa no es un caso aislado y a él se suman miles de violaciones a derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones.

Mientras que EPN, continúa en su discurso ´preocupado’ por esclarecer el caso de los 43 normalistas, el problema de seguridad en el país y las miles de desapariciones continúan, y son utilizadas en los hechos para desarrollar un sistema de control de datos que facilita la represión, mediante una coordinación centralizada.






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