Géneros y Sexualidades

DERECHO A DECIDIR

Criminalización del aborto en Veracruz, el caso de Patricia

Lo que vivió Patricia, una joven universitaria veracruzana, es lo que cientos de mujeres han sufrido en este país. México es uno de los países con las condenas más altas que penalizan el aborto. Algunas de las mujeres son procesadas no por el delito de aborto, sino por homicidio en razón de parentesco, lo que da como resultado condenas con más de treinta años de cárcel.

Miércoles 6 de julio de 2016 | 18:49

El caso de Patricia comenzó en diciembre de 2014 cuando acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a que un fuerte dolor de pechos y abdomen le impedían realizar sus actividades cotidianas. El diagnóstico del IMSS fue gastritis y colitis, por lo que ella continuó con sus labores. Esto, sumado a que su menstruación se presentara al mes siguiente, dejó libre de sospecha el estar embarazada.

Sin embargo, el mes de marzo al presentar días de retraso, no dudó en realizarse una prueba de orina para comprobar que estaba embarazada. Patricia, sola, con una madre a quien atender, sin una pareja, sin haber concluido sus estudios, y porque en ese momento de su vida no deseaba ser madre, decide interrumpir su embarazo. Es entonces cuando comienza el infierno por el que cientos de mujeres atraviesan. El infierno de la clandestinidad.

Al presentarse en el IMSS y dar cuenta del proceso de aborto, comienzan las agresiones verbales por parte del personal médico, el cual horas más tarde de la llegada de la veracruzana decide ingresarla para recibir la atención médica adecuada. Patricia abortó en la sala de espera del hospital.

Los gritos, malos tratos y recriminaciones provinieron no sólo del personal médico, sino también del Ministerio Público y de las demás pacientes. Antes de darla de alta para que rindiera declaración ante el MP, la joven estudiante fue obligada a besar una mesa donde supuestamente se encontraban los restos del feto, además de entregarle una caja con ellos para que pudiera enterrarlos y pedirles perdón, esto aseguró en diversas entrevistas realizadas por medios de comunicación.

Patricia, quien tuvo que abandonar su estado, su familia y sus estudios, debido a todos los estigmas y prejuicios que rodean el tema del aborto, hoy radica en el estado de Guanajuato.

La acompañan jurídicamente la Clínica de Interés Jurídico y Las Libres, organización que presentó en 2010 el caso de nueve mujeres guanajuatenses presas por homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos.

Romper el silencio

Patricia, harta de esconderse y permanecer en el anonimato, decide salir a denunciar públicamente lo vivido durante su estancia en el IMSS. Alerta que ninguna mujer debería de sufrir violencia de ningún tipo al decidir no ser madre, nadie, ninguna ley, ninguna institución debería estar por encima de la decisión de las mujeres. Por ello, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) un amparo para promover la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 que penalizan el aborto en Veracruz.

Veracruz es el único estado de la república que no penaliza el aborto con cárcel, sino con reeducación y tratamiento psicológico de la mujer que abortó. En 2009 se reformó el artículo 150 del código penal de esa entidad: los argumentos fueron que las mujeres al ser incapaces de decidir y pensar por sí mismas son influenciadas por terceras personas.

El amparo de Patricia no es el único que se ha presentado ante la SCJN. Cabe mencionar el de Margarita, una mujer con un embarazo de alto riesgo, quien decidió interrumpir su embarazo y le fue negado en el Hospital 20 de Noviembre.

Derecho a decidir

La demanda del derecho al aborto, libre, seguro y gratuito hoy es más vigente que nunca.

Para que no se repitan experiencias como las de Margarita o Patricia, es necesario que todas las mujeres que tomaron las calles el pasado 24 de abril construyan un gran movimiento nacional por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito e irrestricto en todo el país.

Para que nadie decida sobre el cuerpo de la mujer, ni el Estado, ni la Iglesia ni la moral conservadora, además de la lucha por el derecho a decidir, se debe pelear porque se imparta educación sexual desde los niveles básicos de educación, que los anticonceptivos estén al alcance y disposición de todas, además de que sea distribuidos de manera gratuita y segura. Para que el disfrute de la sexualidad deje de ser un tabú en el conjunto de la sociedad o un simple concepto de procreación.

Con información de El Universal






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