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Dar agua a alguien que muere de sed es ilegal en el mundo de Trump

Walter Scott, profesor en una escuela comunitaria, no fue el primer caso de un activista condenado por ayudar a personas migrantes. Oona, Madeline, Zaachila y Nathalie, cuatro mujeres de Arizona fueron detenidas por dejar agua y alimentos en el desierto.

Sábado 8 de junio | 18:21

Las cuatro mujeres son voluntarias del colectivo No Más Muertes, defensor de migrantes. El 13 de agosto de 2017 un oficial de vida silvestre las detuvo cuando dejaban jarras de agua, frijoles y otros alimentos para los migrantes en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta que comparte una frontera de 50 millas (unos 80 kilómetros y medio) con México.

De acuerdo con No más muertes, en ese refugio han muerto 155 migrantes desde 2001. Desde el año 2000 se han encontrado unos 3 mil restos en las zonas fronterizas desérticas.

Bernardo P. Velasco fue el juez que declaró culpables de ingresar a un refugio nacional de vida silvestre sin permiso y de abandonar bienes o posesiones personales a Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco-McCormick. A Natalie Hoffman, le dictó un cargo más por conducir un vehículo motorizado en un área silvestre.

“La crisis en la frontera de este país es una cuestión de vida o muerte”, declaró Madeleine. “La historia no dará la razón a los que están en el lado equivocado. Nuestra política continúa empujando a la gente a rincones remotos y peligrosos del desierto”, enfatizó.

El juez Velasco las sentenció a quince meses de libertad condicional –con la amenaza de ser detenidas en cualquier momento si se reiteran en su “mala conducta”– y una multa de 250 dólares para cada una.

“Este veredicto desafía no solo a los voluntarios de No más muertes, sino también a personas de conciencia en todo el país. Dar agua a alguien que muere de sed es ilegal, ¿qué humanidad queda en la ley de este país?", declaró Catherine Gaffney, otra voluntaria de No Más Muertes tras conocerse el fallo.

Según la Associated Press, se trató de la primera condena contra personas voluntarias de ayuda humanitaria en una década.

Así de brutal es el despliegue antimigrante de Trump, que alcanza también a los defensores de migrantes. Trump no está solo: profundiza la política del demócrata Barack Obama, en su momento considerado el deportador en jefe y que impulsó una verdadera “industria de la deportación” que benefició a distintas corporaciones con ingresos millonarios.

Detenciones, hostigamiento, separación de familias, hacinamiento, falta de atención médica y de alimentos, esas son las crueles armas de Trump para exhibirse ante su base electoral y promover el odio contra los migrantes.

Ahora, con su campaña hacia las elecciones 2020 a vela desplegada, Trump doblegó al gobierno mexicano de López Obrador para que la Guardia Nacional y los agentes migratorios sean el brazo de la Border Patrol en México e impidan el paso a las familias migrantes que huyen de la miseria y la violencia de Centroamérica.

Y López Obrador, servil y obediente ante el imperialismo estadounidense, copia la persecución contra defensores de migrantes, como lo ha hecho recientemente con la detención arbitraria de Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica, activistas de las ONG’s Colectivo de Cultura Migrante y Pueblos Sin Fronteras.

Que en Estados Unidos, en México y en Centroamérica se alce fuerte la voz por la libertad de todas y todos los defensores de migrantes detenidos, por la abolición de la Border Patrol y la Guardia Nacional, por plenos derechos para las personas migrantes y por el libre tránsito a través de los países de la región.

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