Sociedad

Detrás de la pulseada entre el gobierno y las prepagas

Miércoles 17 de septiembre de 2014

La autorización del Secretario de Comercio Interior Augusto Costa de un aumento para octubre del 7,5% a los aranceles de las prepagas, contrario al 9% solicitado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra),despertó un duro reclamo de esas empresas que llego incluso a considerar el lockout patronal con suspensión de la atención programada. La semana pasada dicha asociación resolvió que realizaría, con motivo de solventar el supuesto déficit, cobros adicionales a cada prestación para los afiliados, denominados copagos. La medida adoptada generó una repercusión en los medios de comunicación que obligó al gobierno a dar respuesta, llevando a que la Superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, iniciara el pasado jueves una apertura de dialogo con las empresas de medicina prepaga.

Son escasos los momentos en los cuales el debate acerca de la accesibilidad y calidad del sistema de salud argentino entran en la agenda, por lo general esto sucede cuando algo entorpece las especulaciones de los seguros de salud privados. Así ocurrió en el 2011con la promulgación de la ley de Medicina Prepaga cuando Claudio Belocopitt, director de Swiss Medical, una de las grandes compañías, critico la obligación de las prepagas de asegurar a personas con enfermedades preexistentes aludiendo que “La medicina prepaga es un seguro, y la ley de seguros dice que un contrato es nulo si al momento de celebrarse ya ocurrió el siniestro.”

El subsistema de prepagas está comprendido por apenas dos millones de usuarios e incluso agregando a los beneficiarios que derivan a estas los aportes de obras sociales no superan los seis millones (ver infografía), pero incluyen la clase de mayor poder adquisitivo y por ende son los que tienen más instrumentos para imponer debates públicos. Así la discusión se remite únicamente a la regulación de las prepagas, que a la larga facilita el crecimiento de la medicina privada, manteniendo el modelo de salud menemista y alentando su extensión.

Las obras sociales que constituyen el otro subsistema aseguran al 46% de la población, estas no encuentran financiación suficiente y están en permanente ajuste. Dependen para la subsistencia de la financiación del Fondo Solidario de Redistribución que centraliza los aportes que recaudada la AFIP de todos los trabajadores adheridos y agrega subsidios para luego distribuir el total con predilección a los sindicatos afines. No casualmente por Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió el mismo 28 de agosto, día del paro nacional, en $ 1.215 millones el presupuesto de este fondo para la asistencia financiera a las obras sociales. Quedará ver si la Obra Social de la UTA recibe alguna repartición favorable por la lealtad de la no adhesión a la huelga, pero es evidente que esta estructura no quiere modificarse ya que se utiliza para controlar la burocracia de las organizaciones gremiales.

A su vez el subsistema público es el más olvidado de todos. Este se encuentra completamente desarticulado y a la suerte de las administraciones provinciales o incluso municipales. La atención para el que no cuenta con una prepaga o una obra social se considera como una atención para pobres, en esta categoría se encuentra el 36% de la población argentina. Los hospitales no reciben la financiación adecuada y los trabajadores de la salud están en condiciones de total precariedad laboral. Mientras los medios dan repercusión y el gobierno atiende los reclamos de las compañías de medicina prepaga, se ignoran las fuertes protestas de los hospitales públicos por recomposición salarial e insumos como las que están llevando adelante en este momento las comisiones internas de los Hospitales San Martín de La Plata y Castro Rendón de Neuquén.

Detrás de ésta pulseada se esconde la creciente inequidad para el acceso a una atención de calidad, se encubre una década que continuó y perfeccionó el proyecto privatista de salud. La Emergencia Sanitaria declarada en el 2002 y que aún sigue vigente, aplica subsidios para sostener el mínimo funcionamiento de un sistema de salud completamente bastardeado por el desmantelamiento. Hoy mientras la privatización avanza y las obras sociales se sumergen entre la cooptación y corrupción, la burbuja del imaginario de la inclusiva seguridad social argentina se está rompiendo, por lo que es inminente retomar el debate por un sistema de salud público nacional.






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