Internacional

INJERENCIA IMPERIALISTA

EE. UU. autoriza a empresa minera a confiscar acciones de la venezolana CITGO

Primero ha sido el apoderamiento de Citgo por parte de Estados Unidos en medio de las sanciones económicas, con la fachada de un supuesto “control” del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, ahora una corte de ese país ha decidido que la transnanacional minera Crystallex puede cobrarse una deuda compulsivamente haciéndose de acciones de la empresa Citgo.

Martes 30 de julio | 16:33

Este lunes, un tribunal federal de Estados Unidos rechazó la apelación presentada el año pasado por PDVSA tras el embargo de las acciones de PDV Holding (PDVH), la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense, a favor de la minera canadiense Crystallex International Corp. Se trata del respaldo a la sentencia dictada en agosto de 2018 pasado por el juez federal Leonard P. Stark, de un tribunal de Wilmington (Delaware). Crystallex, una empresa depredadora dedicada a la extracción de oro en Suramérica causando grandes daños ambientales con su explotación a cielo abierto.

Con un fallo hecho bien a la medida de los dictámenes de las sanciones de Estados Unidos, el juez federal “consideró” que "La Corte de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando determinó por orden judicial la entrega de las acciones de PDV Holding, de PDVSA, para satisfacer el fallo a favor de Crystellex contra Venezuela, ya que las acciones de PDVH no son inmunes al fallo". En otras palabras, permite a la empresa minera canadiense confiscar acciones de Citgo Petroleum Corporation para cobrarse compulsivamente la deuda.

Si antes ya veníamos observando cómo corporaciones internacionales y bancos venían haciéndose de los activos pertenecientes a Venezuela con el apoderamiento del oro venezolano realizado por Deutsche Bank y el Banco de Inglaterra en actos de rapiña imperialista, hoy vemos cómo buscan hacerse de Citgo, una empresa que tiene nada más y nada menos tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Luisiana (una de ellas la sexta más importante de EE.UU.) así como una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país, y valorada en aproximadamente 13 mil millones de dólares.

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La transnacional canadiense dice reclamar 1.400 millones de dólares por los “derechos exclusivos” de explotación (que le había sacado el gobierno de Chávez) que hasta entonces poseía Crystallex en Las Cristinas, en el estado Bolívar (del yacimiento se estima pueden extraerse unas 13 millones de onzas de ese metal). En 2016, un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) determinó que Venezuela tenía que indemnizar con 1.200 millones de dólares más 200 millones de intereses a Crystallex por la medida del Ejecutivo nacional. Para “recuperar” los “cientos de millones” de dólares que había “invertido en el desarrollo” de minas Las Cristinas y en las áreas circundantes, es que introdujo sus demandas, buscando el embargo de las acciones de PDVH (Citgo) servirán para “satisfacer” parte de la deuda.

En noviembre del año pasado, frente a demandas de Crystallex en tribunales estadounidenses por un pago del arbitraje, el gobierno terminó llegando a acuerdos con la empresa minera, saliendo por el momento del peligro de perder la empresa petrolera en Estados Unidos. El acuerdo entre Crystallex y PDVSA señalaba que la empresa canadiense recibiría de forma inmediata un adelanto de 500 millones de dólares estadounidenses y el resto se pagaría trimestralmente hasta 2021. El gobierno de Maduro cumplió lo acordado pagando lo convenido del adelanto.

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Pero seguramente los jefes de la minera canadiense olieron el panorama que se vendría con toda la ofensiva imperialista, y para diciembre, en medio de las denuncias por default contra el Estado venezolano, hizo público un comunicado la ruptura del acuerdo, pasando a una ofensiva mayor y agresiva visando apoderarse de acciones de Citgo en Estados Unidos. Una oportunidad de “oro” para la empresa canadiense en su voracidad rapiñera.

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Para el director ejecutivo de Crystallex, Bob Fung la compañía estaba "complacida" por la decisión "y esperaba" proceder con “nuestro derecho de retención para recuperar nuestra inversión expropiada en Venezuela ". Y es obvio que deben estar “complacidos”, pues tiene la oportunidad de hacerse de acciones de una empresa de gran magnitud en suelo estadounidense. Esta sentencia es todo un camino abierto para una posible incautación de Citgo para completar el monto total que la compañía canadiense reclama a Venezuela como compensación.

No hay cálculos claros de esa supuesta inversión que dice haber realizado y que ahora reclama. Al momento de escribir este artículo el Gobierno nacional no ha emitido ningún comunicado si pedirá al tribunal que reconsidere la decisión o apelará ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Desde que el Gobierno de Maduro dejó de pagar la deuda con acreedores internacionales –no por alguna decisión “antiimperialista” de desconocer la deuda, sino por un default silencioso y obligado, ya que el país quedó con pingües recursos precisamente después de pagar y pagar deuda hasta la sequía– éstos pusieron sus ojos en Citgo. Crystallex ha sido de las primeras de las muchas que han puesto su punto de mira en este importante activo extraterritorial venezolano.

Quien se ha mantenido “silencioso” ha sido la derecha encabezada por Guaidó, el autoproclamado “presidente interino”. Recordemos que apoyado con el reconocimiento del Gobierno de Donald Trump, Guaidó y sus representantes asumieron el control de las propiedades venezolanas en ese país, fundamentalmente de Citgo, colocando incluso su propia junta directiva. Si partimos de su posición con respecto a la transnacional Chevron disponiéndose a proteger los intereses imperialistas de esta empresa, no se podría esperar otra cosa que no sea avalar los dictámenes de los jueces estadounidenses.

Pero no solo es eso, sino que Juan Ignacio Hernández, el “Procurador especial para defender activos en el exterior” que Guaidó nombró, es decir, supuestamente el encargado de la defensa de los intereses del Estado, resulta que es la misma persona que trabajó previamente para Crystallex como experto contratado y fue quien, de la manera más infame contra el interés nacional, le sugirió a la transnacional que Citgo era como un alter ego de la República y que por esa podía cobrarse las deudas de ésta con las propiedades de la primera (como consta en información difundida por medios privados). El servilismo ante el capital transnacional es la marca de identidad de Guaidó y los suyos.

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Maduro está lejos de tomar acciones serias en defensa de lo que pertenece al país. De hecho prácticamente tiene empeñada Citgo (el 49,9% de las acciones ante la corporación petrolera Rosneft y el 51,1% restante como garantía por bonos de PDVSA con acreedores internacionales), y ha venido encaminando toda una política aperturista y entreguista, no sólo en el Arco Minero del Orinoco (el proyecto más ofensivo de todos) sino también en el área petrolera, además de las grandes concesiones y exoneración de impuestos para que muchas transnacionales continúen en el país. De Guaidó ni se diga con sus invocaciones para incorporar nuevamente a Venezuela al TIAR y sus rabiosas políticas proimperialistas y de entreguismo.

En Venezuela existen importantes activos y grandes intereses que pueden ser confiscados inmediatamente y pasar al control de los trabajadores frente a cada acción que tomen los acreedores en su rapaz voracidad. Pero se trata de acciones que sólo pueden llevar adelante los propios trabajadores mediante la gran movilización obrera y popular.

Es hora de parar la entrega de los grandes recursos nacionales y dejar de exonerar a las grandes transnacionales de impuestos. Es posible avanzar hacia una industria petrolera estatal y única bajo el control de los trabajadores, y no de burócratas corruptos y de la casta militar que negocian con las transnacionales y los empresarios locales en detrimento del pueblo, y para financiarla con los más de 500 mil millones de dólares fugados del país, forzando son pena de confiscación inmediata para aquellos que se nieguen hacerlo. En el marco de esta pelea, los trabajadores deben levantar las banderas antiimperialistas bien alto, oponiéndose a las sanciones económicas, a la voracidad imperialista de hacerse de los activos del país.

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