Géneros y Sexualidades

TALLER DE PAN Y ROSAS

Feminicidio, violencia e impunidad

Ante el creciente fenómeno del feminicidio y la violencia machista, las mujeres necesitamos nuestra propia herramienta de organización. Es urgente levantar una fuerza militante que denuncie que una vez más fue el Estado.

Viernes 22 de julio de 2016 | 13:07

El hartazgo con la creciente violencia se expresó el pasado 24 de abril, misma que va de la mano con el ataque a las condiciones de vida y trabajo. Acompañados de fenómenos tan aberrantes como el feminicidio, la desaparición de mujeres y el engrosamiento desmedido de las redes de trata que se ha desarrollado desde los ochentas en México.

En principio el fenómeno del feminicidio se expresaba más visiblemente en las ciudades y zonas maquiladoras de las fronteras como Ciudad Juárez, pero con el paso del tiempo y la profundización de la pobreza, migración y violencia, el feminicidio se extendió a manera de cáncer social por todo el país. Afectando sobre todo a los sectores pobres, migrantes y de trabajadoras, quienes por su condición de clase, son un blanco fácil para la violencia feminicida.

En los últimos años la violencia contra las mujeres ha aumentado de manera alarmante, México es uno de los países más peligrosos para las mujeres. El Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio contabiliza, en promedio, siete feminicidios por día.

A esto se suma que alrededor de 47,000 mujeres mueren por causas evitables, Todo esto en el marco de medidas que son presentadas como avances legislativos en “perspectiva de género”, como es la tipificación del feminicidio en más de una decena de estados.como los abortos clandestinos.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL FEMINICIDIO

En este espacio nos parecía muy importante referirnos al feminicidio como el fenómeno que cercena la vida del conjunto de las mujeres y en nuestro país se ha vuelto un problema muy crítico.

Todos los casos de feminicidio tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres.

Marcela Lagarde quien fue la primera en acuñar el término “feminicidio” plantea que es: “El conjunto de delitos de lesa impunidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado (…)”

El estado de derecho –que sostiene que se quiebra– es profundamente reaccionario: no falla, sino que tiene inscrita la corrupción, la impunidad, la fuerza represiva, la violencia, como parte constitutiva de su existencia como estado burgués, al servicio de sostener la explotación de la mayoría para beneficio de unos cuantos.

El feminicidio es un crimen de Estado precisamente porque él es el que obstaculiza la justicia para las mujeres. El Estado realiza una acción directa al obstaculizar la justicia o en las actitudes de discriminación hacia los casos de mujeres asesinadas o violentadas. Además participa en la desaparición de pruebas, en la manipulación de datos, en el sesgo que toman sus propias investigaciones, así dificulta las investigaciones y pone en cuestión la forma de vida de las víctimas de violencia o feminicidio.

Se trata de un Estado que sienta las condiciones de posibilidad para que el ejercicio de la violencia se produzca y se reproduzca impunemente.

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Como respuesta a la creciente violencia feminicida, las autoridades han declarado la AVG en diversos estados de la república. Está contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia(LGACMVLV), a cargo de su ejecución, la Secretaria de Gobernación, las fuerzas de seguridad públicas y las Procuradurías de Justicia Estatales.

La AVG contempla “acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado (…). Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agrava los derechos humanos de las mujeres”.

En los hechos, otorga las facultades para la intervención activa del ejército, así como la declaración de toque de queda para la población y consiste en el aumento de los recursos económicos asignados a los presupuestos de seguridad estatales con el fin de “erradicar la violencia feminicida”, pero que en los hechos se han traducido en la militarización del país.

Como antecedente directo en 2007 se implementó el programa “Todos somos Juárez” en el estado de Chihuahua –marcando el inicio de la “Guerra contra el Narcotráfico”-, estrategia diseñada por Felipe Calderón Hinojosa. Este programa tuvo como consecuencia el asesinato de más de 10 mil personas, así como el despunte brutal del feminicidio y las redes de trata en el municipio. Tanto en Ciudad Juárez como en el Estado de México y el resto del país, la presencia del ejército y las fuerzas armadas en las calles ha traído consecuencias funestas contra la población pobre, campesina y trabajadora.

La declaratoria de la AVG en la práctica es un claro ejemplo de oportunismo político y que ejemplifica un cambio en la política del Estado mexicano sobre el tema del feminicidio: de negar e invisibilizar el problema, ahora la línea oficial es hacer del reconocimiento de los derechos de las mujeres un discurso “políticamente correcto”, subordinado a los recursos y disposiciones oficiales.

En el caso del Estado de México, ante la declaratoria de la AVG, organizaciones feministas y figuras como Irinea Buendía han denunciado que aquella podría ser usada por el gobernador mexiquense, con fines políticos y electorales –e incluso personales que nada tienes que ver con la vida y seguridad de las mujeres mexiquenses-.

La solicitud de la AVG en el Estado de México llega años después de pobreza y violencia machista, resultado de más de ocho años de políticas pro-imperialistas llevadas a cabo por los gobiernos del PRI y del PAN. Dicha solicitud apenas alcanza a dar cuenta del nivel de descomposición social que impera en el estado, y cuyas expresiones más violentas se descargan contra las mujeres, niñas y familias indígenas, campesinas, migrantes y trabajadoras.

Eruviel Ávila declaró que es de suma importancia para su gobierno erradicar el feminicidio.¿Con qué cara se atrevió a hacer dicha declaratoria? Si durante su gestión como gobernador ha continuado con la política de pobreza y militarización de su antecesor Enrique Peña Nieto, así como de los anteriores gobiernos priístas en la entidad. ¿Con qué cara? Si en múltiples ocasiones ha mostrado su desprecio por la vida de las mujeres hasta el punto de haber declarado que en el EdoMex “hay cosas más graves que atender que el feminicidio”.

De verdad sorprende que después de largos años de feminicidio y violencia machista en todo el país, repentina y muy oportunistamente sean los gobiernos estatales y federales quienes expresen su “voluntad política” para implementar el “enfoque de género” en las políticas públicas. Estos gobiernos, amparados por los partidos patronales, las autoridades judiciales y las fuerzas armadas, callan y miran hacia otro lado cuando se trata de violencia y vejaciones contra las mujeres de clases pobres y trabajadoras.

¡CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES, NOS ORGANIZAMOS!

Nosotras no podemos esperar ninguna respuesta favorable de este régimen, ni de sus partidos e instituciones, pues son ellos los que han permitido y tolerado el desarrollo del cáncer social llamado feminicidio y también los que buscan por todos los medios desarticular y desactivar el descontento social.

Frente a la violencia contra las mujeres consideramos que es urgente levantar una fuerza militante que denuncie que una vez más fue el Estado el que no solo es responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y del asesinato luchadores sociales como Nadia Vera, sino también de sentar las bases estructurales para que la violencia se desarrolle impunemente, teniendo su rostro más despiadado en los asesinatos de mujeres que son violadas y torturadas.

Al mismo tiempo que construimos una alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que nos prepare para enfrentar a estos gobiernos patronales y machistas, a la par de terminar con este sistema capitalista mismo que garantiza la opresión y explotación.

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