Sociedad

DEFENSORES AMBIENTALISTAS

Indígenas componen la mayoría de ambientalistas asesinados en México

El pasado miércoles, organizaciones ambientalistas denunciaron que la mayor parte de casos de activistas por el medio ambiente asesinados provienen de comunidades indígenas. En algunos estados, son la totalidad de los casos.

Óscar Fernández

@OscarFdz94

Viernes 11 de octubre | 14:29

México se ha vuelto un país donde defender el medio ambiente y los recursos naturales se vuelve una tarea donde la gente pone el cuerpo y podría costarles la vida. Ya desde el año pasado reportábamos ese fenómeno, donde Brasil llevaba la delantera con 46 asesinatos, mientras que México iba en tercer lugar con 15.

2018 vio ese número bajar con 14 asesinatos, de los cuales 11 provenían de comunidades originarias, como fue el caso de Samir Flores. Es menester notar que estos asesinatos se enmarcan como antesala de proyectos de despojo, como lo son el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía o la hidroeléctrica en Huexca.

Una de las demandas más sentidas de la Revolución Mexicana de 1910 fue la cuestión de la tierra. Si bien el desarrollo y desenlace de ese proceso ya ha sido abordado por otros (como Adolfo Gilly en La Revolución Interrumpida), la demanda de la tierra se plasmó en el artículo 27 constitucional, el cual señala que los recursos son propiedad de la nación, como una forma de canalizar ese descontento y darle una salida favorable para la burguesía.

Dichas concesiones a las masas hoy en día están siendo atacadas; las comunidades indígenas poseen gran parte de los recursos, como extensiones de tierra, manantiales, bosques, etc., y que las multinacionales pretenden saquear en contubernio con el Estado mexicano.

Una de las artimañas que están a su disposición es el de las llamadas "consultas ciudadanas", donde a la población se le permite "votar" sobre la realización de un proyecto. Sin embargo, también existe la figura jurídica de los usos y costumbres que pretende respetar las formas de organización de esas comunidades indígenas.

La "consulta" lo que hace es realizarse en un marco jurídico "nacional" (o "local") donde no se contemplan los usos y costumbres de las poblaciones, por lo que la discusión se hace no en las comunidades mismas, sino en las capitales de los estados que muchas veces los habitantes encuentran extenuante asistir hasta allá.

De esa forma, se "legitima" un proceso que en realidad tiene poco de democrático. Las comunidades deberían ser quienes deliberen si encuentran viable o no los megaproyectos y cuál relación tomar frente a él para que los beneficie o los afecte lo menos posible, así como supervisar y calificar su implementación.

Dicha solución, que los indígenas en México han exigido por años de la mano de su derecho a la autonomía en organización sin la intrusión del Estado, es imposible que se cumpla en el marco de la "Cuarta Transformación" que viene asesorada de un consejo empresarial.






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