Sociedad

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

La lucha por la declaración de inconstitucionalidad del delito de ultrajes y ataques a la paz pública

Conoce la SCJN de la inconstitucionalidad de los delito de ultrajes, ataques a la paz pública y contra los candados del derecho de las víctimas a ser reparadas por la represión de Peña Nieto y Mancera en la capital desde el 2012. La pelea por defender las libertades y contra la criminalización a la protesta social es un debate nacional.

Andrés Aullet

Abogado y maestro en Derechos Humanos

Viernes 22 de enero de 2016

Conoce la SCJN de la inconstitucionalidad de los delito de ultrajes, ataques a la paz pública y contra los candados del derecho de las víctimas a ser reparadas por la represión de Peña Nieto y Mancera en la capital desde el 2012. La pelea por defender las libertades y contra la criminalización a la protesta social es un debate nacional.

En la Suprema Corte de Justicia hay dos temas importantes que se están tratando. Por un lado la lucha por la declaración de inconstitucionalidad de los delitos de ataques a la “Paz Pública” y “Ultrajes”, artículos 287 y 362 del Código Penal del DF, así como contra diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado que niegan de facto el derecho a la reparación del daño a víctimas del Estado en el Distrito Federal. Son temas que desde la Liga de Abogados 1dmx se han logrado colocar en la Corte en relación a los detenidos del 1de diciembre 2012 y 10 de junio de 2013.

Existen dos controversias de constitucionalidad en amparo en revisión en torno al caso de Brayan Reyes y Luna Flores. Los Ministros de la Corte pospusieron la discusión en relación con el delito de “ataques a la paz pública”, mientras que en el caso de “ultrajes” la discusión se mandó a estudio y al pleno de la SCJN el día de hoy.

Las peleas legales contra la criminalización de la protesta social

La lucha contra la criminalización de la protesta social, en especial en el Distrito Federal comenzó con la represión del 1 de diciembre de 2012 por Ebrard, Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, continuada por Mancera. Desde entonces han sido más de 500 casos documentados de detenciones bajo el delito de ataques a la paz pública y más de 1000 por el de ultrajes.

Por estos delitos han sido condenados desde activistas hasta reporteros y decenas de ciudadanos como explica el abogado Guillermo Naranjo. Aunado a ello, también se vienen aplicando delitos como el de portación de objeto apto para agredir, llegando al ridículo de haberse consignado un estudiante tan sólo por el hecho de enseñarle un libro a un oficial de los cuerpos represivos de la capital como símbolo de protesta. Esta ha sido la pelea legal que desde la Liga de abogados se ha venido haciendo en contra las detenciones de activistas, defensores de DDHH y luchadores sociales y la política represiva de Mancera, misma que llegó a tener eco en otros entidades como cuando se pretendió imponer en Chiapas y Puebla la “Ley Bala”.

Contra la represión de Mancera, la movilización

Mancera ha sido digno defensor de la teoría tan en boga del “derecho penal del enemigo” sostenida por juristas alemanes desde el año 2000 en la lucha “contra el terrorismo”. Esta pelea democrática desde los tribunales y en propio campo de la justicia burguesa es todo un hito en defensa de las libertades democráticas. Sin embargo, no podemos apostar a la confianza en que la SCJN, que ha legalizado las reformas estructurales y viene ajustando las tuercas para no dejar huecos en las leyes y las políticas antiobreras y antipopulares del país, vaya a resolver por buena voluntad nuestras demandas sino se las imponemos en las calles. Pero sin duda, esta es una denodada lucha que marca un precedente importante contra la criminalización a la protesta social.

La negativa al Derecho Humano de ser reparado

De igual forma las victimas que vienen luchando por la reparación del daño como son los casos del Profesor Sergio Moissen, Nancy Cornejo, Alex Osorio, Gonzalo Arredondo, Jesús Pegueros, Irving A. García, Joel A. Allende, Guadalupe Coutiño y A. Peralta, ya que por las detenciones ilegales se han enfrentado a las trabas que imponen la Contraloría del GDF aplicando los artículos 11 (DF) y 15 y 16 de la Ley de responsabilidad Patrimonial del DF (LRPEDF) y de su reglamento, que impiden el acceso a la justicia y el derecho humano a las victimas a ser resarcidos por actos de autoridad. Estos artículos de facto ponen un candado y niegan el derecho humano a ser indemnizados y reparados por el Estado.

Mancera y el GDF responsables de violaciones a DDHH

Es el caso de Javier Lara detenido el 1 de diciembre de 2012, cuyo amparo en revisión recientemente llegó a la SCJN, y la cual también tendrá que manifestarse en relación a la constitucionalidad de dichos artículos de la ley de RPDEDF y su reglamento, pues los mismos niegan los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos a los que se acogió México y a diversas jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque ya existen recomendaciones y sentencias a favor de varias víctimas del 1dmx, 10 de junio 2013, etcétera, que desde la Liga de Abogados y la Coordinador 1Dmx hemos obtenido, este caso sin duda será una piedra angular de lucha justamente también contra las víctimas de los delitos como los de Ultrajes y Ataques a la paz pública -pero no solamente estos-, que se imputan contra activistas y manifestantes o toda aquella persona cuyos DDHH son violentados por el GDF.

La lucha por las libertades democráticas es en las calles

Estas peleas legales tienen que ser acompañadas por las luchas en las calles. El resultado de los pronunciamientos en los tres casos sentará precedentes importantes en el Distrito Federal.

Es por esto que desde la Liga de abogados 1Dmx hacemos un llamado a diversas organizaciones de izquierda, populares, sociales y de DDHH, a activistas y a sectores democráticos a pronunciarnos contra estos delitos y estas leyes y a movilizarnos. Si la SCJN falla en contra de las declaraciones de inconstitucionalidad, se impondrá un estado de cosas más reaccionarias en la capital que afectará a todos los que nos venimos oponiendo a las reformas estructurales y a la política económica del gobierno federal, el Pacto por México y los planes imperialistas. Si se declaran inconstitucionales estos delitos que atentan contra la libertad de expresión, asociación, tránsito, prensa y de manifestación como la misma CDHDF ha declarado, ganamos todos. Lo mismo ocurre con los artículos que impiden la reparación del daño.






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