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Millones de trabajadores del Estado español ante el coronavirus: #YoNoPuedoQuedarmeEnCasa

El primer día laboral bajo el Estado de Alarma decretado en el Estado español, hizo volar por los aires la hipócrita medida de confinamiento anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Usuarios de transporte, y trabajadores y trabajadoras que están obligadas a ir a trabajar reaccionan con denuncias y paros.

Lunes 16 de marzo | 09:13

Era cuestión de tiempo que las medidas de confinamiento promulgadas por el Gobierno del Estado español el pasado sábado se convirtieran en papel mojado. Exactamente el que faltaba para que sonara la alarma de millones de trabajadores y trabajadoras para ir a trabajar.

Este lunes la realidad de esas millones de personas no ha variado a la de otro lunes normal. Salir a la calle, subir a un transporte público abarrotado e ir a trabajar. Eso sí, esta vez en medio de una pandemia que duplica día tras días los contagiados y los muertos.

Las protestas frente a esta contradicción no han tardado en llegar. Nadie entiende cómo se puede estar ante una situación de alarma, con el contagio y los focos del coronavirus lejos de estar controlados, y que se siga permitiendo que millones tengan que ir a trabajar a empresas que no son de primera necesidad. La verdadera razón que se esconde tras esta incongruencia es el objetivo de preservar a toda costa las ganancias de los capitalistas. Es eslogan que se difunde desde el Gobierno y desde los medios "¡Todo el mundo en sus casas!", rige para todos... menos para los y las que tienen que ir a trabajar.

Leé la declaración de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional. Frente al coronavirus y la crisis de la salud pública: ¡nuestras vidas valen más que sus ganancias!

El contraste de calles militarizadas donde se multa a gente por estar de paseo, con millones desplazándose al trabajo, demuestra que estamos ante un Estado de Alarma ideado desde el respeto y preservación de los beneficios capitalistas y el refuerzo de los mecanismos represivos.

Desde primera hora de la mañana las redes sociales han sido un hervidero de imágenes y denuncias de usuarios que se veían obligados a compartir transporte público rodeados de personas, formando aglomeraciones y aumentando exponencialmente el riesgo de contagio, y por lo tanto, de ser potencial transmisor del virus.

Denuncias que se podían ver tanto en el metro Barcelona como en la red de cercanías en Madrid, epicentro del contagio en el Estado español.

No solo ha llegado la denuncia de los usuarios y usuarias de transporte público por estar obligados a esta exposición. Los trabajadores de la fábrica de Mercedes en Vitoria, han bloqueado la línea de producción..

Una fábrica en la que se encuentran 5.000 trabajadores, estos han decidido paralizar la producción para exigir a la empresa que les permita quedarse en casa, algo que por el momento la patronal, movida por la codicia, no está permitiendo.

Del resultado de la acción de los trabajadores y trabajadoras de Mercedes en Vitoria, depende las medidas que se puedan tomar en otras plantas de forma inmediata.

Que la crisis la paguen los capitalistas

Los intentos del gobierno y la la patronal, con la complicidad de las direcciones sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, pasan porque la crisis del coronavirus la paguemos la clase trabajadora, como ya sucediera con la crisis del 2008.

Frente a estas medidas que buscan ante todo preservar las ganancias de los grandes capitalistas por delante de nuestras vidas, hay que levantar otro plan de choque que ponga en el epicentro a los millones de trabajadoras y trabajadores que vamos a sufrir el impacto. Por ello exigimos:

  •  Prohibición de los despidos y suspensiones, licencia pagada a todos los trabajadores de sectores no esenciales, financiadas mediante impuestos especiales a los beneficios empresariales y a las grandes fortunas, además de una moratoria de alquileres, hipotecas y suministros básicos.
  •  Moratoria de alquileres, hipotecas y suministros básicos.
  •  Puesta bajo control de sus trabajadores hospitales y empresas que tengan que seguir funcionando para atender la crisis. Plenos poderes para organizar turnos, medidas de seguridad y nuevas contrataciones. Plenos derechos laborales y sindicales.
  •  Intervención de todos los recursos de la sanidad privada y empresas necesarios para la crisis, sin compensación económica.
  •  Información pública de la evolución de la crisis, elaborada por comités independientes del gobierno formados por expertos, sindicatos sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública.
  •  Basta de militarización de nuestras calles.
  •  Que la coordinación frente a la crisis no sirva de excusa para la anulación de competencias autonómicas.




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