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Nuevos ministros de la Suprema Corte subordinados al régimen represor

Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek fueron designados por el Senado de la República como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El conjunto del proceso de designación fue ampliamente cuestionado por los nexos de los candidatos con el Poder Ejecutivo.

Sábado 12 de diciembre de 2015

El proceso de elección para ser ministros de la Suprema Corte Nacional de Justicia (SCNJ) fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y la población, debido a la subordinación e injerencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Poder Ejecutivo.

La sesión en el Senado reafirmo las dos designaciones que desde el principio estaban anunciadas. Piña Hernández obtuvo 79 votos y Javier Laynez 81. El PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México unieron fuerzas y los votaron en bloque, cabe mencionar que ejercerán el cargo por 15 años.

Subordinación al Ejecutivo

En las comparecencias en las que estuvieron presentes, Piña Hernández dejo ver que la carrera judicial que la respalda está basada en una concepción formal del derecho, así mismo que existe poco compromiso con la agenda de los Derechos Humanos y en específico sobre la tortura, pues sobre el tema sólo declaró que ya “se estaban tomando medidas”.

Por su parte Javier Laynez se ha dedicado a la Administración Pública, el diario el País asegura que es “propicio a interpretaciones liberales en materia de derechos civiles, pero conservador en temas duros como fiscalidad o la responsabilidad del Estado”

Las consideraciones de los analistas y especialistas siempre se centrarán en el argumento tecnócrata de si los candidatos conocen sobre el sistema jurídico, político, etc, pero este argumento no es el central, de qué sirve el conocimiento si los dos se subordinarán a los intereses de la presidencia en turno y sí el derecho es el instrumento de los poderosos para tener el control de los explotados y el encargado de sancionar la desigualdad social.

El ministro y la ministra carecen de una trayectoria por la protección y defensa de los derechos humanos, esta carencia se acopla perfectamente a la política del Ejecutivo, de los partidos políticos del régimen y de los empresarios, que por medio de su supuesta guerra contra el narco son los responsables y cómplices de las múltiples violaciones a Derechos Humanos que millones vivimos día a día, como la desaparición forzada, el feminicidio, la tortura, la libertad de expresión y las ejecuciones extrajudiciales.

La SCJN no representa los intereses de los explotados

La SCJN está caracterizada por ser una institución que no mantiene independencia del Estado, ni de los grandes intereses económicos. En los últimos años la SCJN falló a favor del régimen político para dejar a más de 44,000 mil familias en las calles al declarar valido y constitucional el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Se ha caracterizado por soslayar la violación de los Derechos Humanos (DDHH). Y, en una tesis aislada asentó que ante una restricción de los derechos plasmada en la constitución, la “carta magna” prevalecerá sin importar si es violatoria a los DDHH.

La función de los 11 ministros es decidir sobre la vida de millones. No importa las reformas o cambios que pueda experimentar la SCJN, siempre responderá a los intereses de la casta política y el capital nacional y extranjero.

Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, sostenemos que no puede existir la neutralidad e independencia política de los ministros bajo este régimen y sus métodos antidemocráticos y que estas dos designaciones responden a los intereses del PRI y los partidos políticos y de los empresarios. Los dos fueron propuestos por el Presidente y mantendrán una subordinación al Gobierno Federal, por lo que los fallos judiciales estarán encaminados a preservar los intereses de éste, y por tanto de los capitalistas y el régimen político que defiende sus intereses.

Las decisiones de la Corte Suprema que han implicado una ampliación parcial y puntual de determinados derechos democráticos, no ha sido por la voluntad de sus integrantes sino como el subproducto de la movilización y la presión social, que ha obligado a la misma a otorgar determinadas concesiones.

Hoy más que nunca se vuelve menester la lucha en las calles por derechos democráticos y por terminar con todas las instituciones que permiten y toleran la barbarie en la que vivimos, que garantiza la represión, la explotación y la miseria para los jóvenes, las mujeres, campesinos y el pueblo trabajador.






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