DESAPARICIÓN FORZADA

Reforma constitucional sobre desaparición forzada: nueva burla del Estado

El día viernes fue aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen que modifica la fracción 21 del artículo 73, que autoriza al ejecutivo federal a expedir una ley general contra desapariciones forzadas, para que a su vez, los congresos locales expidan leyes en esa materia.

Andrés Aullet

Abogado y maestro en Derechos Humanos

Martes 5 de mayo de 2015

La reforma se da en un marco del desprestigio y cuestionamiento internacional hacia gobierno federal y del conjunto del régimen a raíz de lo sucedido en Ayotzinapa.

La resolución es formal, pues vemos que si bien es cierto que el estado mexicano ha suscrito varios acuerdos internacionales en temas como la desaparición forzada, tortura entre otros, hasta la fecha siguen sin aparecer los normalistas y las “investigaciones” fueron completamente violatorias de los protocolos internacionales y de los derechos humanos fundamentales de los familiares y de los propios desaparecidos. Peor aún: las investigaciones fueron cerradas con carpetazo desde la Procuraduría General de la República con la infame declaración de Murillo Karam.

Contrastamos esta reforma también con el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que niega la responsabilidad del Estado en el caso de Ayotzinapa, definición que llevaría a determinar que hubo un crimen de Estado.

Para muestra basta ver que aquel 26 y 27 de septiembre de 2014, el mando único de operaciones de seguridad nacional –Secretaría de Gobernación (Segob), Policía Federal, Ejército y las policías del estado– siguió a través del C4(centro de control, comando, comunicaciones y computo en el que se enlazan todas las secretarías de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y Procuradurías de los Estados, Policía Federal, Gobernación, Centro Nacional de Seguridad y el ejército por el cual, a través de cámaras en tiempo real, monitorean sectores importantes de las vialidades, oficinas públicas, entre otras) los acontecimientos en Iguala en tiempo real, sin que intervinieran para evitar la desaparición de normalistas.

En este sentido se han pronunciado diversas organizaciones de Derechos Humanos, que no miran con buenos ojos la reforma, no solo por su insuficiencia, sino porque el contraste en los hechos la voluntad política del Estado, en particular la del ejecutivo, ha sido cerrar el caso de Ayotzinapa, aumentar la represión contra luchadores sociales y la militarización del país.

Algunas organizaciones como Human Rights Watch en su informe mundial del 2014 señalaban que para el 2013 había cifras estimadas –que el mismo gobierno reconocía, incluyendo a la CNDH– de más de 26 mil personas reportadas como desaparecidas.

Recientemente el Comité contra la desaparición forzada de Organización de Naciones Unidas (ONU) expuso que no hay un dato concluyente en cuanto al número de desapariciones forzadas porque la mayoría quedan impunes y el Estado mexicano oculta información al respecto.

Por otra parte vemos que la reforma es parte de un doble discurso del Estado mexicano cuando se negó a aceptar el informe presentado por el Relator de la ONU a principios de abril de 2015 sobre tortura en México, en el cual se señalaba que precisamente que estos crímenes son una práctica recurrente por las autoridades mexicanas.

Lo anterior lo vemos reflejado también en el hecho de que el dictamen del Congreso no contempla en absoluto las ejecuciones extrajudiciales, a pesar que también existen compromisos internacionales del gobierno federal en este tema, y pese al antecedente de Tlatlaya y Apatzingan. Es por esto que se oponen incluso (aunque sea de manera formal) legislar sobre el tema.

Es así que la reforma es una aceptación formal de las desapariciones forzadas, porque ello equivale a que el Estado aceptara su responsabilidad y como una práctica de éste, y no una “mala” práctica de elementos policíacos o militares.

No podemos creerle a este régimen cuando siguen sin atenderse miles de casos de mujeres desaparecidas y feminicidios, ni sobre la base de la “verdad histórica” ni mucho menos al calor de las evidencias de las ejecuciones extrajudiciales, no podemos confiar en estas instituciones, ni en su justicia ni en sus leyes.

Si el ejecutivo con todo y su supuesto aparato de investigación no cumplieron ni con el mínimo de estándares internacionales para conocer de manera científica de los hechos en Iguala y les dejó a los familiares de los normalistas la obligación de aportar más pruebas, qué podemos esperar de las autoridades estatales. La reforma entonces, no es más que una medida cosmética.

Somos escépticos de que una reforma de esta naturaleza vaya a resolver el problema de fondo en la que el propio Estado se autoinculpe por su responsabilidad en los casos por desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento de presos políticos, represión, etc., lo que incluso tendría que poner a altos mandos y funcionarios del Ejecutivo o de los estados, tras las rejas por crímenes de Estado o lesa humanidad. Esta es una reforma más, que busca represtigiar al régimen en su conjunto de cara a las elecciones y para darle salida al cuestionamiento internacional.

No pasa ni por el Congreso, sus leyes, su justicia para ricos y el ejecutivo cómo conquistaremos el castigo a los responsables, tampoco la aparición con vida de miles de personas en las cuales se encuentra involucrado el narco, las autoridades, el ejército y las policías.

Pasa principalmente y en gran medida por impulsar un movimiento nacional que le imponga desde las calles al régimen asesino nuestras demandas como el que puso en jaque en meses previos a este gobierno pro imperialista y patronal, para conseguir la aparición de los normalistas, el cese a las ejecuciones extrajudiciales -que hablan de un régimen cada vez más autoritario-, los feminicidios, la tortura, el asesinato de luchadores sociales y la libertad de los presos políticos.






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