Géneros y Sexualidades

MÉXICO

Reforma laboral: ¿permiso para el abuso patronal?

La aprobación de la reforma laboral en noviembre del 2012, fue sin duda el mejor regalo que pudo haber hecho a la cúpula empresarial el entonces presidente de México Felipe Calderón Hinojosa.

Rosario Cuevas

@RosarioCuevasID

Martes 3 de febrero de 2015

Esta reforma fue aprobada en el congreso por mayoría de votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un mes antes de que asumiera la presidencia Enrique Peña Nieto.

Anunciada con bombo y platillo todos los funcionarios del sexenio de Calderón se deshacían en elogios a la recién reforma aprobada y de cómo ayudaría a la " generación de empleos, más laxos y mejor pagados, cada trabajador encontraría la facilidad de acomodar sus horarios laborales y decidir cuántas horas trabajar, disponiendo de más tiempo para realizar otras actividades e incluso tener dos empleos”.

Hoy vemos como la reforma laboral no sólo no generó más empleos ni mejor pagados, cerca de 30 millones de personas encuentran en el trabajo informal su modo de subsistencia. El mayor número de desempleados lo encabezan los profesionistas. A su vez, legalizó la figura de subcontrato “outsourcing”, la cual permite temporalidad sin responsabilidad para la patronal de garantizar estabilidad en los empleos.

Amplios sectores de hombres y mujeres, jóvenes y adultos engrosan las filas de trabajos de pago por hora, como los callcenter, franquicias de todo tipo, grandes almacenes y tiendas de autoservicio, etcétera.

Gasolineras y explotación de mujeres

Las gasolineras, por ejemplo, con un número aproximado de 10 mil en todo el territorio nacional y que funcionan como franquicias de Pemex, están en manos de empresarios que han visto en la venta de las gasolinas un negocio muy lucrativo.

A pesar de la baja en los precios del petróleo a nivel mundial, México sigue manteniendo los altos costos en el gas LP, diesel, y distintos tipos de gasolinas, repercutiendo en la economía de los más desfavorecidos.

A la par miles de despachadores laboran en condiciones de riesgo constante, pero son las mujeres despachadoras las que enfrentan peores condiciones laborales, el hostigamiento sexual y el machismo que impera en sus centros de trabajo.
Tan sólo en el D.F. laboran como despachadores de gasolina un aproximado de 10 mil trabajadores, de los cuales 55% son mujeres.

Al tratarse de franquicias millonarias, Pemex no establece ninguna relación laboral legal con los miles de trabajadores que prestan sus servicios de forma personal y subordinada; por el contrario les da la calidad de “concesionarios” para evitar generar obligaciones de carácter laboral. Actúan en total impunidad, con el apoyo implícito de las autoridades correspondientes que se hacen de la vista gorda ante tantas estas “prácticas” e irregularidades.

Desde el pasado mes de noviembre un grupo de 15 despachadoras decidieron organizarse, por mejores condiciones laborales y reclamaron legalmente la titularidad de su contrato colectivo al Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados del Comercio en General, Industria Gastronómica, Cantinas, Bares, Restaurantes, Similares y Conexos del Distrito Federal, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta. Esta denuncia pública se hizo visible en una nota de la revista proceso por la reportera Angélica Joselyn Soto.

A partir de entonces, el Cooperativo Gasóleo y Aditivos Gran Premio, de la familia Cohen Caravier y quienes son dueños de 12 gasolineras, se han dado a la tarea junto con la gerente de la gasolinera ubicada en calzada Acoxpa, de hostigar y castigar a las trabajadoras a manera de disciplinamiento. Incluso han contratado más personal, cuestión que afecta directamente a las despachadoras ya que al no percibir un salario base deben competir por tener más clientes para de esta manera poder llevarse un ingreso producto de las propinas.

Las y los despachadores además carecen de seguridad social, seguro de vida y accidentes, a pesar de realizar un trabajo de alto riesgo. Tienen que pagar por los uniformes, no cuentan con mascarillas que las protejan de la inhalación de los gases que despiden las gasolinas. Y, como si esto no fuera suficiente, deben pagar una cantidad variable dependiendo de la ubicación de la gasolinera que puede ir de 60 pesos y hasta 150 pesos diarios, una especie de "derecho de piso para trabajar", entre otros abusos más.

Evidentemente las trabajadoras han hecho lo correcto en demanda de mejores condiciones laborales, a pesar de la nula respuesta por parte de las instituciones que se supone deberían abogar por el cumplimiento de sus derechos, como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Presentaron también cuatro quejas ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del D.F. (SEYFE), para exigir inspecciones laborales con apego a la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el D.F. así como una demanda interpuesta en contra del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados del Comercio en General, Industria Gastronómica, Cantinas, Bares, Restaurantes, Similares y Conexos del Distrito Federal.

Actualmente el Gobierno Federal, Estatal y municipal enfrenta la peor de sus crisis de credibilidad, debido a la situación de violencia que impera en todo el territorio nacional, y la clara mancuerna que mantiene con el crimen organizado, como lo evidenció la participación de la policía municipal, federal y ejército en la desaparición de los 43 normalistas.

Por ello no es casual que los hombres más ricos de México hayan cerrado filas a favor del gobierno de EPN; preocupados ante el bajo crecimiento económico y la caída del precio del petróleo, ven en riesgo ante la amenaza de que se profundice el cuestionamiento al régimen por la vía de acciones que apunten a golpear la aplicación de las "reformas estructurales".

En declaraciones a La Izquierda Diario, Sandra Romero, trabajadora de la salud y referente del Movimiento de Trabajadores Socialistas señaló “es necesario que las trabajadoras de gasolineras cierren filas y se organicen para enfrentar las políticas de hambre y miseria que viene implementando este gobierno asesino, favoreciendo sólo a un puñado que se enriquece a costa de la explotación laboral a la que somete a millones de mujeres. Son ellas quienes se enfrentan al trabajo en negro, sumamente precarizado, a las dobles jornadas laborales con las tareas del hogar y al acoso sexual y laboral. Es necesario un llamando a todos los sectores de trabajadores a que se pronuncien y respalden su denuncia para que ninguna lucha quede aislada”.






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