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Senado avala Guardia Nacional con irregularidades y opacidad en leyes secundarias

El Senado avaló las leyes secundarias que regulan la actividad de la nueva fuerza de militarización.

Martes 21 de mayo | 12:34

Ricardo Monreal, senador por el Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que las bancadas superaron sus diferencias en torno al tema del mando civil para la Guardia Nacional y se espera la presentación de las iniciativas de leyes secundarias en el pleno.

Sin embargo, según denunció Amnistía Internacional (AI), el actual proceso legislativo se llevó a cabo con “gran opacidad”. Esta organización dio a conocer que activistas se reunieron con los legisladores para exponer “los requisitos mínimos en materia de derechos humanos” que tendrían que incluir las normas, pero aclaró que estos planteos se dieron sin haber tenido acceso a las iniciativas de leyes secundarias, un hecho que genera gran incertidumbre.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registros de Detenciones, que regirán la conducción de la Guardia Nacional, “deben apegarse a los principios y recomendaciones hechas por el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales”, según señala AI.

El Senado informó que subirá este martes 21 de mayo al pleno los cuatro dictámenes de Guardia Nacional, tras acordar que soldados y marinos pedirán licencia a las fuerzas que pertenecen para ser asignados a la nueva corporación. Asimismo, quedarán bajo bajo fuero civil, pero conservarán la antigüedad en las fuerzas armadas.

En una maniobra legal, la fracción IX del artículo 25 se establece que “funcionalmente” todos los elementos serán civiles, aunque provengan de las fuerzas armadas, de acuerdo con Julen Rementería, legislador de Acción Nacional. Se quiere dar una imagen de corporación “policial”.

Pero son los mismos elementos que en numerosos casos fueron acusados de torturas y abusos, así como de vínculos con el crimen organizado los que portarán uniformes y armas para garantizar la “seguridad”. Cabe preguntarse la seguridad de quién, porque con la militarización desplegada desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) el crimen organizado se multiplicó y la violencia sigue incrementándose hasta hoy.

Otro de los puntos acordados en el senado es que la Guardia Nacional no podrá detener a los migrantes. Según el dictamen serán “alojados” y quedarán bajo la responsabilidad de los agentes del Instituto Nacional de Migración. Pero en los hechos, los efectivos del nuevo cuerpo represivo ya custodian a migrantes detenidos, como sucede en la estación migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas.

A su vez, la Guardia Nacional podrá ingresar a los puertos. Es decir, se habilita la militarización. Este cuerpo armado tendrá autonomía técnica, operativa y de mando y podrá intervenir en tareas de “seguridad” con gobiernos locales, ya sea estatales o municipales.

Nada bueno puede esperarse para la clase trabajadora y los sectores populares de esta militarización legalizada bajo la forma de la Guardia Nacional.

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