Sociedad

DEFENSORES AMBIENTALISTAS

Si el fiscal tiene más información que hable, que no encubra a asesinos de Samir

A un año de las declaraciones del fiscal Uriel Carmona Gándara no hay resultados a pesar de que hay más información respecto al asesinato del defensor del territorio Samir Flores.

Miércoles 30 de septiembre

Samir, como uno de los más de 30 defensores del territorio asesinados en lo que va del sexenio de AMLO, fue un referente nahua dentro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), el cual es la principal red de organizaciones opositoras a la devastación ambiental que implicaría el Proyecto Integral Morelos desde que comenzó la propuesta de dicho megaproyecto.

El asesinato del activista ocurrió en Amilcingo, Morelos en febrero del año 2019, desde ese momento hasta hoy existe una impunidad estatal que incrementa debido a que las personas integrantes del FPDTAMPT han denunciado nuevas amenazas de muerte y hostigamiento.

En lo que respecta al asesinato el día 24 de septiembre el gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco comentó al FPDTAMPT que se haría justicia y que tomaría cartas en el asunto, sin embargo, los familiares de la víctima no ven avances en su caso.

La Fiscalía General del Estado a partir del fiscal Uriel Carmona Gándara la última vez que se refirió al tema fue en septiembre 2019 dijo que ya se tenían identificados a los homicidas y que a la brevedad serían aprehendidos.

En recientes declaraciones jueves 24 de septiembre el gobernador C. Blanco precisó que Uriel Carmona sabe quién asesinó al defensor del territorio, lo que pone una vez más en entredicho el confiar en las instituciones judiciales a raíz de encubrir a los actores tanto intelectuales como materiales.

En respuesta el FPDTAMPT en un comunicado recalcó:
“Sin embargo a un año de sus declaraciones no se ha girado ninguna orden de aprehensión, ni ha concluido la investigación con señalamientos claros hacia los perpetradores”.

En el marco de una crisis ambiental sin precedentes, del aumento al hostigamiento de los movimientos sociales, la criminalización de la protesta social, la negación a resolver demandas legítimas como el esclarecimiento de los asesinatos de los más de 30 defensores y justicia inmediata y la impunidad a la alza, es inadmisible que el Estado mexicano a partir de sus servidores públicos no viertan la información pertinente a fin investigar a fondo los casos, de frenar la situación y de brindar las condiciones de plena seguridad a personas que se dediquen al cuidado, preservación y defensa del medio ambiente.






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