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Tabasco: Morena criminaliza la protesta social con la Ley Garrote

El congreso de Tabasco aprobó una ley que establece penas de 10 a 20 años contra quienes protesten, realicen bloqueos o intenten impedir la construcción de obras públicas o privadas en el territorio estatal. Así el gobierno busca blindar el megaproyecto de la refinería en Dos Bocas.

Lunes 29 de julio | 20:22

Según declaró Yeidckol Polevnsky, secretaria general del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esta ley es para “evitar cualquier tipo de chantaje o sabotaje al proyecto de la refinería de Dos Bocas”. Así se blinda la Cuarta Transformación para defender a capa y espada los megaproyectos, sean estatales o de la iniciativa privada.

Esta ley, cuya iniciativa fue presentada por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (del Morena), contempla castigos de hasta 20 años de cárcel a quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas y privadas –esto dirigido en especial contra los sindicatos–; y hasta 13 años a quienes obstaculicen trabajos u obras públicas.

Se aprobó con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Incluye un nuevo tipo penal, llamado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras” para castigar “al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas”.

El rechazo a la Ley Garrote

Esta ley es muy cuestionada en redes sociales por “represiva” y “violatoria de las garantías individuales”. Organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición expresaron su rechazo también.

Lágrimas de cocodrilo de estos últimos, que cuando estuvieron en el poder también aprobaron leyes contra la protesta social o desataron operativos represivos brutales.

Así fue con la Ley de Seguridad Interior, impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI), así fue con la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco –ordenada por el mismo Peña cuando era gobernador del Estado de México– que enfrentó el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, hoy cancelado.

Ni hablar del PRD, uno de cuyos máximos exponentes es el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, quien se dedicó a hostigar y perseguir a activistas opositores a megaproyectos, así como al magisterio que enfrentaba en las calles la reforma educativa de Peña Nieto y la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, por citar sólo dos ejemplos.

Marcos Medina Filigrana, secretario de Gobierno de Tabasco, intentó defender lo indefendible. “No es una ley antimarchas, es una reforma antiextorsionadores; así de claro. La libertad de manifestación y de tránsito es un derecho constitucional que el gobierno del estado respeta, y que nosotros, vamos hacer que se cumpla”, argumentó.

El mismo López Obrador en persona defendió la nueva ley represiva en la conferencia de prensa de este lunes 29 de julio como explicamos acá.

Pero la refinería en Dos Bocas ya enfrentó oposición desde un inicio. El pasado 2 de junio, el presidente junto con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, inauguraron la obra, cuando aún no estaba la manifestación de impacto ambiental.

Apenas el 5 de julio se presentó este informe, preparado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que dictamina que esta construcción tendría 56 impactos adversos al ambiente. “Las actividades que causan los efectos más importantes son el desmonte, despalme y las actividades de mejoramiento de suelo, afectando directamente los factores ambientales agua, aire, suelo, geomorfología, vegetación y fauna”, indica el documento.

Asimismo, no hay garantía de que se respeten los derechos laborales de los obreros que trabajen en la construcción de la refinería, ya que cualquier protesta que realicen sería castigada por esta nueva ley.

Con la Ley Garrote, en Tabasco, estado de donde es originario López Obrador, se criminaliza la protesta social para garantizar la realización de megaproyectos a cualquier costo: humano, laboral, medioambiental.

No está dicho que esta ley pueda ser aplicada. Todo depende de si los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados, junto con organizaciones sociales y con las comunidades cuyo ambiente será afectado por la construcción de la refinería, unen fuerzas para enfrentar este ataque a la protesta social.

Y no sólo quienes residen en Tabasco: la clase trabajadora y los sectores populares de todo México deben alzar la voz contra este atropello, porque si se aplica esta ley en ese estado, el gobierno y los partidos del Congreso pueden pretender que se imponga en todo el país.






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