Internacional

SOBRE EL TRASLADO COERCITIVO DE LULA

Terremoto político en Brasil: qué está en juego

Este viernes el ex-presidente Lula fue llevado a declarar por la fuerza por la Policía Federal en base a indicios. ¿Qué hay detrás de este show mediático? ¿Qué se juega en esta nueva fase de la operación “Lava Jato”?

Iuri Tonelo

Campinas

Sábado 5 de marzo de 2016

La Operación “Lava-Jato” que investiga la corrupción en Petrobras llega a un momento decisivo. La nueva fase busca investigar al expresidente Lula y familiares. Lula fue llevado de su casa por la policía para declarar. El trasfondo son las declaraciones del “arrepentido” senador del PT, Delcídio do Amaral, obtenidas bajo el método de la llamada “delación premiada”, cuyo contenido aún no ha sido ni confirmado ni negado. Las declaraciones de Amaral ponen a Lula y a Dilma en el centro del esquema de corrupción.

El recurso a la fuerza pública por parte del poder judicial generó un espectáculo para los medios. La operación está conducida por el juez Sérgio Moro ligado a los tucanos (PSDB) y a la oposición de derecha. ¿Será que el juez Moro creyó que un ex-presidente que ya anunció su futura candidatura se podría fugar del país? No parece. Además sería legítimo preguntarse, ¿si usan la fuerza pública para llevar a un ex-presidente a declarar en base a indicios, que pueden hacer entonces con los ciudadanos comunes? Pero esta puesta en escena parece estar dirigida a fortalecer una opinión pública favorable hacia el acto de la derecha programado para el próximo 13 de marzo cuyo objetivo es dar impulso al juicio político (impeachment) contra Dilma Russeff.

Trabajadores y sectores de las masas populares aguardan con expectativa los resultados, desconfiados de la enorme corrupción que asola al país y cansados de todos los elementos de degradación de esta democracia que se materializa en políticos corruptos. Los principales partidos del régimen hoy, como el PT, el PSDB y el PMDB son parte activa de los que navegan en ese mar de corrupción, que van desde casos vinculados a la explotación de recursos como el petróleo hasta estafas en el sistema de contratación de las meriendas escolares, como ocurrió en el estado de San Pablo.

Pero la “justicia” no se queda atrás. Los representantes del poder judicial hicieron su rueda de prensa para presentarse como neutrales y republicanos. Pero no faltan muestras de que los jueces, que ni siquiera son elegidos por el pueblo, muy lejos están de ser imparciales y tienen múltiples relaciones con los empresarios, el imperialismo, y los políticos tanto del gobierno del PT como de la oposición burguesa. No son "neutrales". Basta ver cómo las denuncias contra los tucanos (PSDB) y la derecha del país no tienen el mismo peso en las investigaciones de corrupción que las realizadas contra el PT.

Por esta razón es crucial esta operación que pone en la mira al ex-presidente Lula, ya que representa el "clímax" del Lava-Jato y su significado. Por un lado, puede definitivamente debilitar uno de los bloques de poder burgués, apuntando al impeachment (juicio político) del gobierno de Dilma o debilitar aún más el principal activo del PT para las elecciones de 2018 (el propio Lula) – en el caso de que sea interpretada como una "estrategia de desgaste". Pero todo indica que va más allá, no se trata apenas de sectores de la oposición de derecha, utilizando los mecanismos institucionales contra el sufragio universal para deponer al presidente sino que detener a Lula significa descabezar al PT. Sin duda, si el final de la operación llega hasta ese punto, significaría un enorme cambio en el régimen político brasilero, una reorganización que abriría en este momento, a falta de una fuerza independiente de la izquierda, un espacio aún mayor para la oposición de derecha.

El gobierno de Dilma Rousseff del PT viene implementando un duro ajuste fiscal, eliminando derechos sociales, recortando el presupuesto para educación, la salud, el transporte, depreciando los salarios y dificultando las jubilaciones y, para completar, recientemente, en un giro aún más entreguista, fue parte activa de la votación que privatizó las enormes reservas petroleras de la zona marítima conocida como el Pre-sal. Aún así, los planes del bloque de la oposición de derecha son los de seguir avanzando aún más contra los trabajadores.

Justamente por los riesgos de esta acción, existe división entre los sectores de la oposición de derecha. Por un lado, existen dudas con respecto al curso que tomará la operación contra Lula, pues saben que la detención de una figura tan importante para el régimen podría poner en jaque prácticamente a cualquier político. Por otro lado, sabiendo que el artífice fundamental de la operación Lava-Jato, el juez Moro, tiene relaciones con el capital financiero imperialista y que algunos sectores de la oposición tendrían como objetivo seguir un camino ofensivo mayor, no está descartado (por cierto, ahora aumenta esta posibilidad) que en realidad pueda llevarse la operación hasta sus últimas consecuencias en el sentido de provocar la debacle del PT. Ahora parece que se abrió, al menos en lo que atinge a la Operación Lava-Jato, un todo o nada.

Pero como en cualquier final de fútbol (o frente a cualquier decisión) es evidente que los resultados del juego en cuestión aún no están definidos hasta " hacer rodar la pelota." Justamente por ser Lula un pilar tan grande del PT, llegar a la resolución de arrestarlo no será tarea fácil. En ese momento sectores de la militancia del PT y de la CUT ya están movilizados y en los próximos días probablemente veremos acciones de los dos lados, sea del bloque gobernante y sectores petistas, sea en el acto reaccionario del 13 de marzo convocado por la derecha. La actuación de los líderes petistas también señala un curso de mayor polarización, con Lula dando discurso para politizar el tema y convocando a las movilizaciones de comienzo de la semana que viene, y Dilma condenando las declaraciones realizadas por Delcídio Amaral, como parte de la “delación premiada”, que se filtraron en algunos medios.

¿Cuál es la política independiente de los trabajadores frente a esta operación?

En síntesis, lo que está sucediendo es una operación ideada por la oposición de derecha más rabiosa y reaccionaria, junto a los principales monopolios de comunicación del país que ataca al corazón del petismo, al expresidente Lula, como una prueba de la correlación de fuerzas nacional. Los próximos días darán un contorno más claro del análisis de la relación de fuerzas. Lo que está en juego es sólo una cuestión: quién gana a la clase obrera y a la juventud en este juego de fuerzas, sabiendo dramáticamente que los principales bandos en disputa son una derecha rabiosa y reaccionaria y el petismo y el lulismo, que pasaron años en el gobierno y terminaron fortaleciendo, con sus ajustes, ataques y alianzas con grandes contratistas y empresarios, a las fuerzas de la derecha.

En primer lugar, todos los trabajadores y jóvenes deben darse cuenta de que a pesar esta puesta en escena de la justicia, los que están actuando no son jueces supuestamente “neutrales” y preocupados por combatir la corrupción. Existe una operación que reúne a jueces, a los grandes medios de comunicación y a políticos que se apoya en una política tan reaccionaria, y contra nuestros derechos como sea posible. Sus representantes son los que quieren ajustar aún más, avanzar con las privatizaciones, afectar nuestra jubilación, en definitiva, ser aún más duros contra los trabajadores y el pueblo.

También debemos recordar que siempre hemos sido y continuaremos siendo fuertes críticos del gobierno de Dilma y Lula, pues fueron gobiernos que se basaron en pactos con las fracciones burguesas (como las grandes empresas contratistas) que pretendían hacer concesiones a la población, pero atacaron nuestros derechos en acuerdos con la derecha, y se basaron en la superexplotación del trabajo, la tercerización, etc. que se materializa hoy en los ajustes. Nunca fueron una verdadera alternativa a la derecha. Por otra parte, en el marco de estos acuerdos con las empresas contratistas, desarrollaron igualmente gobiernos corruptos, como parte de toda la política burguesa del capitalismo brasilero.

Sin embargo, es fundamental que los trabajadores sepan que si son capaces de detener a Lula, aumenta en gran medida el tono de los sectores de la derecha e incluso la posibilidad de un juicio político a Dilma Russeff, motorizado por la “cueva de bandidos” que es el parlamento. En este juego “de poderes” entre la justicia, el parlamento y el ejecutivo, tratarán de acelerar los ataques, incluyendo la entrega de sectores estratégicos del país, como el Pre-sal y el petróleo brasilero. En este sentido, manteniendo una política independiente, es fundamental no dejar de ninguna manera que estos sectores de la derecha se legitimen frente a las masas, en sus discursos y políticas, y oponerse al impechment, que no es más que un mecanismo institucional reaccionario/bonapartista – por fuera de cualquier decisión democrática - en pro de favorecer a determinados grupos burgueses.

En este sentido, denunciar a la justicia burguesa y sus mecanismos, que incluyen una serie de detenciones "preventivas" arbitrarias y sin pruebas, partiendo de la correcta sensibilidad de los trabajadores que quieren acabar con la corrupción y con toda esta sucia política burguesa, pero no dejando que se ilusionen con esta justicia burguesa. Debemos sí hacer frente a esta operación y a todo este juego sucio de la política dominante, pero con una movilización independiente.

La única propuesta posible en este momento es un cuestionamiento más profundo a todo este régimen. Como señalamos en la reciente declaración del Movimento Revolucionário de Trabalhadores, “ante esta situación hay que rechazar el impeachment y organizar a los trabajadores y a la juventud en forma independiente para enfrentar los ajustes y ataques del gobierno del PT, luchando a través de una fuerte movilización popular para imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, enfrentando a este régimen de 1988, que fue pactado con militares y torturadores de la dictadura, donde sea la población que decida los rumbos del país, imponiendo que todo político, juez y funcionario público de alto escalafón gane el salario de una docente, que todo político que no cumpla con el mandato popular sea inmediatamente revocado de cualquier cargo por la propia población, que terminen los privilegios de los jueces y que estos sean electos por el voto popular, que no se pague la deuda pública para poder destinar esos fondos a la salud, y que los trabajadores reviertan todos los acuerdos económicos con el capital extranjero contra la población, como la entrega del Pre-sal, y que esto sea destinado enteramente a la educación. Esta ruptura con el imperialismo pasa también por la abolición del latifundio y la más amplia reforma agraria al servicio de los trabajadores del campo. Para que estas demandas sean llevadas adelante es necesaria la más fuerte movilización independiente, como hicieron los estudiantes secundarios de San Pablo, pero ahora en todo el país, para tomar en nuestras manos los grandes problemas y que la crisis no sea descargada sobre nuestras espaldas.”






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