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Tlatlaya: primera gran masacre del gobierno del “nuevo” PRI

El pasado 30 de junio fueron asesinados 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a manos de miembros del ejército. Hasta hace pocos días, cuando se publicó un informe de The Human Rights en una agencia de noticias extranjera, este hecho se mantuvo oculto. La militarización del país y la criminalización de la protesta social siguen cobrando víctimas.

Lucía Rodríguez

México D.F.

Martes 30 de septiembre de 2014

De acuerdo con las declaraciones de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) las víctimas habrían sido abatidas en un enfrentamiento con los militares, que ellas habrían iniciado, tras el descubrimiento de la bodega donde tenían a tres civiles bajo custodia.

Sin embargo muchas contradicciones con las declaraciones oficiales se han hecho evidentes sugiriendo que se trata de 22 ejecuciones que el ejército efectuó a pesar de que los jóvenes se habían rendido.

Evidencias desmienten

Las evidencias publicadas hasta ahora y la declaración de una sobreviviente, establecen que los militares iniciaron el tiroteo y sólo uno de los jóvenes respondió hiriendo a un soldado y fue abatido de inmediato. El resto de los jóvenes según la declaración fueron asesinados uno por uno tras inmovilizarlos e interrogarlos.

Lo anterior se va comprobando de acuerdo con las declaraciones de la investigación forense que establecen que los disparos se efectuaron a menos de un metro de la pared, a corta distancia y a la altura del pecho.

Las camionetas donde los supuestos delincuentes se habrían ocultado no presentan daños mayores. De igual forma no se encontraron impactos de bala en otra zona, y los cuerpos fueron manipulados y aunque los asesinatos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, la Procuraduría Judicial del Estado de México fue notificada tres horas después.

Además de las tres presuntas víctimas de secuestro hoy, dos se encuentran bajo proceso penal por acopio de armas y delincuencia organizada y la otra es la testigo que narra las ejecuciones y madre de una de las víctimas, adolescente de 15 años de edad.

Masacre y ocultamiento, presiones internacionales

El caso se había mantenido en ocultamiento por las autoridades mexicanas que se habían negado a brindar mayor información e incluso habían acosado a la prensa que llevaba a cabo investigaciones, además del aumento del patrullaje del ejército y la marina en la zona.

La presión se hizo sentir para el gobierno mexicano, después que el 22 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto se entrevistara con la agencia de noticias estadounidense AP.

Esta agencia había publicado semanas atrás el testimonio de una testigo de los hechos y tras las declaraciones de The Human Rights Watch, que denunciaban "masacre y ocultamiento", a las que el gobierno de los Estados Unidos, que otorgó 1,000 millones de dólares a México como monto de ayuda al combate al narcotráfico, se sumo pidiendo una "revisión creíble”.

Fue hasta ese momento que 8 militares fueron consignados tras haber sido interrogados 25. Sin embargo, no se ha dado mayor información del caso.

La guerra continúa

El titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, sostuvo que si es que se llega a comprobar las ejecuciones sería una "excepción" porque en México "tenemos un gran ejército".

Al contrario, este acontecimiento se enmarca en el aumento de la militarización y la llamada “guerra contra el narco”, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, que ha causado más de 120 mil muertos en sus 8 años.

A pesar del discurso de disminución de la delincuencia de Enrique Peña Nieto, en sus primeros 14 meses de administración se contabilizaban 23 mil 640 muertos producto de la guerra.

Como en el caso de la mayoría de las víctimas de la estrategia de la "guerra contra el narco", los jóvenes asesinados en Tlatlaya tenían entre 17 y 24 años. Y de nuevo el ejército difundió la idea de que las víctimas participaban en algún grupo del narcotráfico, justificado porque Tlatlaya es un municipio acosado por el cártel de La Familia.

Pero ni siquiera el probable carácter delictivo de alguna persona, le da derecho al ejército de asesinar a su antojo y es la constante impunidad del ejército la que deriva en esto.

Parte del batallón 102 de la Zona Militar 22, que participó en los hechos, ha sido exhibido por diversos medios por su historial de abusos contra civiles.

Este hecho recuerda el ataque contra 60 jóvenes estudiantes de bachiller en Villas de Salvácar, Chihuahua, donde 15 personas fueron asesinadas y se enmarca en un país donde 22% de jóvenes entre 15 y 19 años que no tienen acceso a la educación ni posibilidad de encontrar un empleo.

Es claro que el ejército mexicano –junto con las demás fuerzas represivas de los estados y de los municipios– está al servicio de disciplinar a la juventud que no tiene ninguna oportunidad de una vida digna en un México cada vez más subordinado a las necesidades del imperialismo estadounidense y las trasnacionales.

Está también al servicio de reprimir todas las protestas sociales, tal como se demuestra a la represión a los normalistas en los estados de Guerrero y Michoacán.

Señaló Sergio Moissen en declaraciones a este medio que “es necesario poner en pie un gran movimiento contra la militarización del país y la criminalización de la protesta social”.






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