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MAGISTERIO
Reforma educativa de AMLO, ¿continuidad de los planes neoliberales para la educación?
Sulem Estrada, maestra de secundaria | Agrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

A cinco meses de que asumió un gobierno que prometió cancelar la Reforma Educativa, las perspectivas no son de cambio.

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La reforma educativa que en 2013 aprobaron los partidos del Pacto por México significó un duro golpe para el magisterio nacional y un avance de los planes neoliberales para la educación pública en nuestro país. A cinco meses de que asumió un gobierno que prometió cancelarla, las perspectivas no son de cambio.

Luego de que se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma educativa que presentó López Obrador, con algunas modificaciones pactadas entre el MORENA y los demás partidos del régimen, en pleno periodo vacacional y a las tres de la madrugada (a sólo nueve días de que el presidente presentara el memorándum que aparentemente dejaría sin efecto la reforma de Peña Nieto), en el Senado esta iniciativa no consiguió los votos necesarios, por lo que los legisladores se preparan para aprobarla este mes en un periodo extraordinario de sesiones.

Es decir, mientras AMLO mostraba ante la opinión pública su supuesta disposición a “suspender” la reforma de Peña Nieto, en el Congreso los legisladores de su partido pactaban la nueva reforma, ignorando la opinión y las propuestas del magisterio, toda una artimaña para que el gobierno pudiera eludir las críticas y protestas que ya se venían dando contra su iniciativa.

Memorándum, oposición parlamentaria y el magisterio frente a la reforma educativa

¿Realmente se abrogará la repudiada reforma educativa?

Varios especialistas en educación se han pronunciado ya en contra del nuevo texto constitucional aprobado en la Cámara de Diputados y avalado por el gobierno, argumentando que contiene hasta el 80% del contenido de la reforma peñanietista.

Algunos de los cambios no sólo son continuidad, sino que profundizan el ataque a los derechos de las y los maestros y la educación pública. Cada uno de estos aspectos requiere de un análisis profundo que iremos desarrollando en notas posteriores, pero -ante la desinformación y confusión que imperan al respecto entre las filas del magisterio y del resto del pueblo-, les damos a conocer de forma general cuáles fueron dichos cambios, que a nuestro entender dan continuidad al proyecto neoliberal en materia educativa.

  1. Se mantienen las evaluaciones para el ingreso y promoción a la “función docente” y se agrega el concepto de “reconocimiento”, que estará ligado a la capacitación y los estímulos salariales. Esto quiere decir que a las y los egresados de las escuelas normales se les seguirá obstaculizando su derecho al trabajo con pruebas estandarizadas que poco o nada tienen que ver con su capacidad como docentes.
  2. Se establece el “derecho a acceder al sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas”, que irá de la mano de la creación de un nuevo “Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros”, un refrito de carrera magisterial. Esto profundizará la desigualdad salarial entre docentes y generará una separación perversa entre docentes “de primera” y “de segunda”, pues no está planteado en ningún lugar que la capacitación, como derecho laboral, sea realizada en nuestro horario de trabajo y de manera generalizada para todas y todos los docentes, sino solamente para aquellos que puedan acceder a ella a contraturno o en fines de semana, tal como funcionaba carrera magisterial.
  3. Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el cual será coordinado por un organismo que sustituirá al desacreditado INEE, pero que tendrá prácticamente las mismas funciones, entre ellas realizar evaluaciones, determinar indicadores de resultados, establecer criterios de las instancias evaluadoras y hacer sugerencias a los planes y programas educativos. Este organismo contará con un Consejo Ciudadano honorífico integrado por “sectores involucrados en materia educativa” instancia que abre la posibilidad a los empresarios y sus organizaciones para entrometerse en la educación pública.
  4. Al establecer que: “El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos” utilizan mañosamente a los alumnos para contraponer su derecho a la educación con los derechos laborales de las y los maestros, coartando el derecho al paro laboral que tiene cualquier trabajador para conquistar sus demandas. Que, dicho sea de paso, generalmente son demandas que buscan mejorar las condiciones del propio proceso educativo. Esta manipulación la vimos ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto y las múltiples ocasiones en que reprimió la digna lucha de los maestros con este discurso.
  5. Se mantiene el estado de excepción laboral de los maestros. Hasta antes de la reforma educativa peñanietista, las relaciones laborales de los docentes eran reguladas por el apartado B del artículo 123 constitucional. Fue en 2013, con la reforma educativa, que se creó un régimen de excepción para las relaciones laborales de los docentes al servicio del Estado, al promulgarse la Ley del Servicio Profesional Docente que regulaba cuestiones eminentemente laborales como el ingreso, promoción y permanencia en el empleo. Esto fue un paso determinante en la precarización de las y los maestros generando vulnerabilidad, inestabilidad, incertidumbre y disminución de sus derechos. En el nuevo texto constitucional propuesto por AMLO se pretende engañar al magisterio con la redacción del artículo décimo sexto transitorio, haciéndole creer que “los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 Constitucional Apartado B”; sin embargo continúa diciendo que: “Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”. Es decir, se promulgará nuevamente una ley que regulará cuestiones laborales por fuera del 123, por lo tanto se mantiene el régimen de excepción para las y los maestros, con su consecuente precarización laboral y pérdida de derechos.
  6. Se elevan a rango constitucional los mecanismos de ingreso a las universidades, pues la fracción X establece que la supuesta “obligatoriedad” que tiene el Estado para garantizar el acceso a este nivel educativo, estará sujeta a que las y los aspirantes cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”. Requisitos excluyentes y discriminatorios como los exámenes de ingreso estandarizados o los estudios socioeconómicos, que las autoridades utilizan para excluir cada año a más de 200 mil jóvenes de la educación superior.
  7. Se sustituye el concepto de “calidad”, duramente cuestionado por las y los maestros y por expertos en educación, por el de “excelencia”, manteniendo en esencia el mismo contenido. Ambos son conceptos que nada tienen que ver con el ámbito educativo, pero que están relacionados con el mundo empresarial, que fomenta la competencia y el individualismo en los alumnos en aras de formar un “ciudadano modelo” que sobresalga frente a los demás y sea “exitoso”. Toda esta ideología es perfectamente funcional al sistema capitalista basado en la más absoluta desigualdad, contrario a la solidaridad y el apoyo mutuo. Nada tiene que ver esto con la formación integral de seres humanos con pensamiento crítico, término que anexaron al texto constitucional como parte del concepto de excelencia, para enmascarar el verdadero carácter reaccionario de éste.
  8. Se agrega el concepto de “educación inclusiva” que ha sido la base sobre la cual se profundizó el ataque contra la educación especial en las últimas décadas. Si bien hay un debate abierto sobre la pertinencia o no de la escuela inclusiva, la realidad es que el menosprecio oficial de la educación especial y la reducción de docentes que atiendan las necesidades educativas especiales ha significado por la vía de los hechos mayor exclusión. “Incluir” en un aula regular con 50 alumnos y ningún docente especializado a alumnos que requieren una atención específica termina siendo discriminatorio, contraproducente y no aporta a mejorar su desarrollo.

Cada uno de estos puntos requiere, como ya lo mencionamos antes, un análisis profundo y un debate que debería darse al interior de todas las escuelas.

Aunque supuestamente fuimos consultados a través de los foros que realizó el gobierno de AMLO para definir esta nueva reforma educativa, en realidad las y los docentes que enfrentamos en las aulas todos los días las problemáticas educativas, no fuimos tomados en cuenta e incluso en muchos lugares se nos negó la entrada a los foros dando prioridad en la asistencia a los charros del SNTE, como sucedió en el Estado de México.

Si en verdad quisieran escuchar la voz de las y los maestros, podrían abrir un proceso de consulta real escuela por escuela donde se abra un debate entre pares con los principales actores del proceso educativo: los maestros, los alumnos, las madres y los padres de familia.
El gobierno, a través de la Secretaria de Educación Pública, tiene la posibilidad de destinar tiempo, tal como lo hace con los días del Consejo Técnico Escolar, para que las y los maestros podamos discutir la propuesta de ley. Si no lo hace es porque en realidad le interesa mucho más escuchar las “recomendaciones” de la OCDE y de las organizaciones empresariales que la opinión de los maestros.

Como mostramos arriba, la propuesta de reforma educativa de López Obrador representa, en varios puntos sustanciales, la continuidad de la reforma educativa de Peña Nieto y del plan neoliberal para la educación pública. Es por eso que desde Nuestra Clase consideramos que para conquistar la abrogación total y efectiva de la reforma educativa, es indispensable levantar una política independiente para desarrollar la lucha, sin ninguna confianza en el gobierno, los partidos o las instituciones del régimen, más allá de los diálogos que pueda haber.

Necesitamos organizarnos democráticamente en cada escuela y movilizarnos junto a normalistas, madres y padres de familia, buscando la unidad con otros sectores de trabajadores que han salido a luchar, como las obreras y obreros de Matamoros, distintos sindicatos universitarios y los trabajadores del SITUAM, quienes sostuvieron una dura huelga de más de 90 días.

Te invitamos a sumarte a la agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase para impulsar juntos esta perspectiva.

En posteriores notas discutiremos también con las diferentes posturas que han asumido los dirigentes tanto del SNTE como de la CNTE ante esta situación.

Leer: Reforma Educativa 4T, ¿dónde quedó el cambio?

 
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