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DERECHO A DECIDIR
El aborto en México, la nueva caja de Pandora
Emiliana López

Desde el 2011, una feroz campaña reaccionaria impulsada por la Iglesia, la derecha y sectores del gobierno ha presionado para reformar las legislaciones de 21 entidades del país y proteger constitucionalmente la vida desde la concepción, dificultando la interrupción del embarazo incluso por las causales antes mencionadas y criminalizando a las mujeres que interrumpen sus embarazos, incluso espontáneamente.

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Desde entonces, 13 clínicas han atendido a más de 209 mil mujeres, la mayoría de la zona metropolitana de la capital del país y de edades entre los 18 y 24 años, el grueso sin educación superior y más de la mitad eran trabajadoras.

A su vez, la derecha y la Iglesia representadas en los partidos del gobierno, han presentado iniciativas antiaborto, como la reciente aprobada en Nuevo León, la iniciativa de Eruviel Ávila -ex gobernador del Edomex por el PRI-, que propone prohibir el aborto y obligar a las mujeres a dar a sus hijos en adopción, la escandalosa iniciativa antiabortista de Lily Téllez, senadora del Morena, o las declaraciones del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Morelos, asegurando que “el aborto es más grave que el abuso sexual”.

Desde 2015 hay más de 2mil casos penales por aborto y el número de presas por abortar ha superado las 500; también se han incrementado en casi 30% los delitos sexuales denunciados. A la par han aumentado los crímenes por homo-lesbi-transfobia y el feminicidio –que en tres años tuvo un crecimiento de más del 100% en casos denunciados-, como expresión de la misoginia patriarcal alimentada a gran escala por las instituciones, los medios y el fortalecimiento de las redes de trata y prostitución vinculadas a las fuerzas armadas y los cárteles del narco.

A pesar de esta cruzada anti aborto, la SCJN otorgó recientemente un amparo que cuestiona el Código Penal Federal tras un caso de discriminación en el Centro Médico 20 de Noviembre en la CDMX, donde una mujer cuya salud corría riesgo con un embarazo fue impedida para realizarse un aborto por el personal del hospital, violando su derecho a la salud.

La 4T y su posición sobre el aborto

Sin embargo, el fin de semana pasado, algunos cientos convocados por la plataforma Pasos por la Vida (impulsada por la asociación Vida para Nacer) se movilizaron en una Marcha por la Vida contra la legalización del aborto, y se destapó que el financiamiento para organizaciones Pro Vida ha superado la escandalosa cifra de 100 millones de pesos, la mayoría de la iniciativa privada, es decir, el empresariado que tan amigablemente AMLO ha incluido en su gabinete y su gobierno al igual que a la derecha evangélica.
La propia Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, se ha posicionado ambiguamente en torno a la polémica sobre el aborto. Si bien no se declara a favor de la legalización de este derecho elemental, dice estar en contra de la criminalización de las mujeres y de los procesos penales.

Esta declaración, posibilita la implementación de otros mecanismos punitivos no carcelarios para sancionar a quienes incurran en este delito y deja sin responsabilidad al Estado en la tarea de garantizar íntegramente y en todos los centros de salud este servicio.

Por otro lado, al igual que AMLO, la Secretaria de Gobernación plantea considerar el feminicidio como un problema de seguridad nacional para “combatirlo” mediante la militarización del país.

La caja de Pandora

La despenalización del aborto en la CDMX es una gran conquista, pero es insuficiente para garantizar este servicio en todas las clínicas y hospitales –públicos y privados- de manera gratuita y segura, con personal calificado y con pleno acceso a los recursos materiales y medicamentos necesarios.

En primer lugar, las mujeres que no radican en la CDMX se ven obligadas a practicarse abortos clandestinos y sufrir el riesgo de muerte tras las secuelas, además de enfrentar la criminalización del estado y la Iglesia. La tasa de cero mortalidad y baja reincidencia en la CDMX demuestra que la prohibición del aborto no está a favor de la vida, sino a favor de la muerte de las mujeres que abortan ilegalmente.

Por otro lado, la crisis del sistema de salud pública –frente a la política de desmantelamiento y privatización del sector, así como de la corrupción- limita el acceso a medicamentos y servicios como la interrupción del embarazo. Que el aborto no sea legal constriñe el acceso a este servicio a unas pocas clínicas en la ciudad y permite que solo 130 mujeres accedan a la ILE por día. Las mujeres que interrumpen sus embarazos tienen, además, que enfrentar a las antiabortistas afuera de las clínicas, viviendo los procesos de aborto en sus hogares –con riesgo de desangrarse- y en caso de llegar a un hospital por complicaciones, tienen que afrontar un procedimiento para intentar salvar el producto, violando su derecho a decidir y a la salud.

La alianza con la iglesia, impulsada por AMLO y sectores del Morena, así como otros partidos del gobierno y los medios de comunicación, impone un clima reaccionario que estigmatiza y criminaliza a las mujeres, y demuestra el enorme poder político de la Iglesia, como expresan los casos de impunidad en pederastia o el enorme capital económico que concentra en fortunas, bienes inmuebles y negocios.

Por eso es altamente cuestionable la relación del Morena con el sector eclesiástico, que lejos que garantizar el Estado laico, aumenta la injerencia del Estado y la Iglesia en nuestras vidas, poniendo nuestros derechos a consulta mientras protege y garantiza las ganancias de los grandes empresarios, y fortaleciendo la ofensiva patriarcal contra las mujeres.

Por un movimiento nacional de mujeres que conquiste nuestro derecho en las calles

Desde Pan y Rosas México nos sumamos a la Marea Verde que exige la legalización del aborto en todo el país, exigiendo su implementación gratuita, segura y garantizada por el gobierno en todas las clínicas y hospitales, además del pleno acceso a anticonceptivos y mecanismos de planeación familiar. Consideramos que sin enfrentar el desmantelamiento del sector salud y su privatización, no podremos implementar este derecho a nivel nacional, y que para financiarlo el gobierno debería dejar de invertir en los cuerpos represivos, la militarización del país y el pago de la deuda externa.

Porque esos recursos provienen de la riqueza que genera la clase trabajadora del campo y la ciudad, ampliamente femenina, siendo las mujeres pobres y trabajadoras las principales afectadas por la violencia, la salida del ejército y la Guardia Nacional a las calles, y las medidas de ajuste –como las reformas estructurales- implementadas por mandato del Fondo Monetario Internacional.

Así mismo, exigimos la separación de la Iglesia y el Estado, así como la nacionalización de todos los bienes materiales y financieros de la Iglesia, la cancelación de los subsidios y todo financiamiento público a los sectores religiosos, solo así detendremos la injerencia el Estado y la Iglesia en nuestras vidas y cuerpos para respetar la libertad de todas las mujeres, la diversidad sexogenérica y cuerpos gestantes.

Sin enfrentar a la Iglesia y la derecha, será más difícil echar atrás las iniciativas conservadoras y retrógradas que impiden una educación sexual integral y discriminan desde la infancia a todas las expresiones no heteronormadas de las personalidades, géneros y prácticas erótico-afectivas.

Por eso peleamos por un movimiento masivo de mujeres a nivel nacional que junto a las trabajadoras, amas de casa y otros sectores en lucha, que salga de manera independiente a pelear si por nuestro derecho a decidir, pero también por ponerle fin al feminicidio, la precarización labora y a las carestía de la vida, pues cada conquista que los sectores de trabajadores y populares tengamos nos pone en mejores condiciones para enfrentar los ataques contra nuestras conquistas.

 
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