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21 de octubre de 2020 Twitter Faceboock

CRISIS ARAUCANÍA
Todos los Gobiernos de Chile han criminalizado la lucha histórica del pueblo mapuche
Corresponsal LID Chile

Este jueves, en medio de intensas movilizaciones que se acrecentaron en la región de la Araucanía, se realizó una sesión especial en el Senado de Chile sobre lo hechos ocurridos desde el sábado 1 de agosto, en la comuna de Curacautín, con brutales ataques de odio contra la comunidad mapuche, que lucha por la libertad de sus presos políitcos.

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El ministro del Interior Victor Pérez, ha manifestado que en Chile no existen presos políticos, y ha mantenido un bloqueo acérrimo frente a la situación que se abre con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, quienes desde la cárcel de Angol iniciaron una huelga seca, exigiendo que sus demandas sean escuchadas.

En esta situación es que se realizó una sesión del Senado, donde Pérez afirmó que no mantendrá diálogos con las personas "que han sido condenadas por el Poder Judicial" "por cometer graves delitos"; mientras la los senadores de "oposición" se callaron la boca ante la demanda concreta de libertad, demanda por la cual la lucha del pueblo mapuche es histórica. Debido a esto han enfrentado el encarcelamiento constante a sus dirigentes, lo que ha mostrado que es existe una justicia racial y que solo tiene condenas y aplicaciones de leyes para ciertos sectores.

El Gobierno es tajante en poner en el centro que no hay posibilidad de cambios en resoluciones de los tribunales de justicia, cuando estas son las centrales demandas de los huelguistas y, por otro lado, no cabe ni una duda que la visita de Pérez a la región de la Araucanía: fue a preparar un escenario de mucha polarización que desembocó en el accionar racista liderado por grupos de colonos, latifundistas y agricultores, algunos de ellos organizados en la Asociación por la Paz y la Reconciliación en la Araucanía (APRA), agrupación que mantiene profundos vínculos con la oligarquía chilena asentada en el Gobierno.

Piñera y sus dos mandatos atravesados por huelgas de hambre de presos políticos mapuche 

Las demandas históricas del pueblo mapuche han pasado por distintas resistencias, desde lo cultural, y ante la justicia por situaciones carcelarias, donde la huelga de hambre ha sido un método de resistencia para lograr la libertad de las y los luchadores mapuche, poniendo en riesgo sus vidas ante la criminalización del Estado.

En el 2010 se realizó una de las huelgas de hambre más largas, donde Piñera asumió por primera vez la presidencia del país, teniendo como ministro del Interior a Rodrigo Hinzpeter, quien aplicó una política de fortalecimiento constante del brazo armado y el endurecimiento de leyes contra las protestas, lo que un año después chocó con la irrupción del movimiento estudiantil.

En ese entonces la huelga del 2010 ponía sobre la mesa lo que implicaba la ley
“antiterrorista”: testigos protegidos ante tribunales civiles y militares, y condenas que podían llegar a lo perpetuo, lo que hasta la actualidad solo ha sido aplicado a sectores del pueblo mapuche, bajo montajes, con casos emblemáticos como el de la machi Francisca Linconao.

La justicia hoy en Chile es una justicia racista y con carácter de clase, de la cual hoy no solo ha mantenido la responsabilidad el Gobierno de Piñera, sino también a todos los gobiernos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, que no dieron respuesta a sus reclamos, criminalizando su lucha con montajes y allanamientos, al mismo tiempo que con leyes amparadas por esta constitución de Pinochet.

Todos los gobiernos han favorecido a las grandes transnacionales del rubro
forestal y energético, explotando no solo los territorios sino también su fuerza laboral, pues muchos de ellos son trabajadores explotados de las mismas comunidades mapuche.

Hoy la situación se agudiza, dado que de parte del Estado, si bien habla de “diálogo” pone los límites sobre la mesa de las demandas centrales de la huelga de hambre, inclusive cierra la puerta a las peticiones del machi Celestino. Es urgente articular una unidad entre pueblo mapuche y sectores de la clase trabajadora, como forestales, junto a juventud, estudiantes, para enfrentar la represión del Gobierno y los ataques de grupos armados de derecha y reaccionarios. ¡Por el fin de la militarización de la Araucanía y comunidades mapuche, y por el derecho a la autodeterminación!

Necesitamos debatir desde las bases y construir una fuerza que conquiste la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que rompa con los límites de la institucionalidad impuesta por este Estado que sigue representando a esa oligarquía racista que fundó su nación a base del despojo al pueblo mapuche; que logre dar entrada a todo tipo de discusión sin los límites que nos imponen en el proceso constituyente, un desvío y trampa que se cocinó a espaldas de quienes nos movilizamos en la rebelión de octubre. 

 
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