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21 de abril de 2021 Twitter Faceboock

NACIONAL
AMLO a la caza de "organismos autónomos"; ¿qué y cuáles son?
Óscar Fernández | @OscarFdz94

El pasado lunes 11 de enero, el presidente se reunió con su gabinete para discutir la disolución de órganos autónomos de la administración pública. Esto se enmarca con su polémica con el titular del INE, Lorenzo Córdova.

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El pasado lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con su gabinete para discutir sobre la absorción de órganos autónomos de la administración pública bajo el argumento de que "absorben presupuesto". Este jueves, el presidente insistió en esa medida, sosteniendo que va a revisarse "a todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal, y vamos a revisar cuántos organismos hay así, que significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental".

Es por eso que plantea que varias de esas dependencias sean absorbidas por otras. Tal sería el caso del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual sería redundante a juicio del presidente porque también existe el Instituto Nacional por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ésta iría a la Secretaría de Economía, mientras que el El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), podría ir a la Secretaría de la Función Pública.

¿Qué son los órganos autónomos y para qué sirven?

La Administración Pública Federal es parte del poder ejecutivo en México, y ésta tiene tres subdivisiones. La primera sería de los órganos de la Administración Pública Centralizada (u órganos centralizados), la cual incluye todas las secretarías, subsecretarías y cuestiones adyacentes al gabinete del presidente. La SEP, la SEGOB, el DIF, etc., serían parte de dicha rama de la administración.

La segunda sería la de los órganos descentraliados de la Administración Pública: esta rama incluiría, por ejemplo, las universidades estatales (la UNAM, la UAM, la UACM, etc.), la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX, el IMSS, ISSSTE, el Archivo General de la Nación, etc. Incluyen, según el propio sitio web del gobierno federal, "las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos". Esencialmente se trataría de los organismos paraestatales del gobierno.

La tercera rama es la de los órganos autónomos u órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, la cual es relativamente nueva. Fue creada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y tienen, como su nombre lo indica, autonomía de gestión y (en teoría) servirían para "fortalecer la democracia". En estos rubros entraría la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el ya mencionado INAI, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la idea sería que en estos organismos, el gobierno no fuera juez y parte, en especial en cuestiones de defensa de derechos humanos y de materia electoral.

La creación de los órganos autónomos en México surgió, como dijimos, en los años 90, en plena ofensiva neoliberal. En América Latina vino acompañada, además de una oleada de democratización producto de la caída de los regímenes dictatoriales; si bien en México no hubo dictadura, los años 90 se caracterizaron por ver el surgimiento del régimen de la transición pactada, es decir, la confabulación del priísmo con los partidos opositores —en particular el PAN y el PRD— para una transición ordenada a la democracia, cuyo resultado es el actual régimen de la "alternancia democrática", mismo que sería auxiliado por la CNDH y el INE (entre otras dependencias) para garantizar la democratización de un régimen dominado por un partido durante 70 años de manera ininterrumpida.

La trifulca entre AMLO y Córdova: el quid del asunto

La eliminación de estos órganos por parte del presidente se inscribe en el reciente pleito entre López Obrador y el titular del INE, Lorenzo Córdova. Esto después de que Córdova planteara la no transmisión y la transmisión parcial y no íntegra de las conferencias matutinas del presidente, ya que bajo la ley éstas constituirían como propaganda.

El presidente respondió con la ya mencionada propuesta, y también sostuvo que el funcionario estaría censurando al gobierno. La respuesta vino a través de un tweet desde la cuenta oficial del organismo autónomo, así como una declaración con la leyenda "Es la constitución y no el INE la que ordena suspender propaganda gubernamental en las campañas electorales".

El fundamento de Córdova está en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho el nombre oficial del país se volvió tendencia ante la difusión de dicho artículo en Twitter. Efectivamente, en el apartado C del Artículo 41, se lee:

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por su parte, los legisladores del Morena reclamaron a Córdova la postura de restricción de las conferencias matutinas del presidente. Así lo habría expresado el legislador Pablo Gómez: “¿Es eso lo que busca el señor Córdova? Si quiere callar a López Obrador tendrá que callarse él también y callarnos a nosotros, a los de los otros poderes, incluyendo los ministros de la Corte”.

Gómez y los diputados del Morena respondieron con el Artículo 7° de la Constitución, el cual habla del derecho a la información y expresión de ideas. Afirmó que habría que diferencias entre propaganda gubernamental, propaganda personalizada y difusión de ideas y opiniones.

“Quieren sumarse a la campaña para callar a López Obrador, que es una tarea política. No es en forma alguna la aplicación de un precepto legal o las funciones del árbitro electoral. ¿Qué tiene que ver en la regulación de una libertad como la difusión de las ideas?”, enfatizó.

De igual manera se expresaron en redes los simpatizantes del gobierno, quienes señalaron la parcialidad del INE cuando el entonces presidente Vicente Fox habría hecho una campaña sucia contra López Obrador cuando contendio por primera vez como candidato a la presidencia de la república, misma que se conoció con la consigna de "López Obrador es un peligro para México" y que se transmitió con recursos del PAN en tiempos electorales. Sin embargo, el propio presidente, el 28 de mayo de 2019, habría expresado su acuerdo en la medida contra la cual hoy tiene una controversia con Córdova.

En aquella ocasión habría expresado que "estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones; en lo que corresponde a nosotros a partir de mañana ya no se transmite". Hoy, en cambio, apunta contra el INE y Córdova: “que no se preocupe el director del INE no somos iguales, él ha avalado prácticas antidemocráticas porque se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales. Como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quiere limitar. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación?, ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho de manifestación?”, declaró.

Lo cierto es que esta propuesta de López Obrador apunta a un control mucho mayor del Estado y un fortalecimiento de las tendencias autoritarias del mismo. Aunado a eso, la reubicación de esos trabajadores es una muestra más de la precarización que caracteriza a este gobierno, con despidos masivos como en Notimex o el DIF en su momento; por si fuera poco, la medida anunciada del presidente violaría cláusulas del T-MEC que tanto celebraban él y Trump.

El Capítulo 18 del tratado señala: "En México, el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, en los términos establecidos en la ley mexicana existente".

Igualmente pensemos hacia dónde irían dependencias como el INE o la CNDH; antes de éstas, la CNDH no existía, mientras que antes del IFE, creado en 1992, existía la Comisión Federal Electoral, y antes de ésta la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, y el organismo era una dependencia de la Secretaría de Gobernación, en la cual se concretaban fraudes como el de 1988. La intención de López Obrador es avanzar en el bonapartismo que lo caracteriza y así dotarle al presidente la facultad de ser nuevamente el árbitro máximo de la política mexicana.

 
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