El uso de “fuerza letal” por parte de la Policía para sofocar una protesta de internos en el penal de Cadereyta, en Nueva León, terminó en un baño de sangre. También cargó contra familiares de los reclusos.
Sólo 5 de 4,301 migrantes imputados en febrero representan un “peligro” a la seguridad pública estadounidense, en contraste con el discurso trumpista del “migrante criminal”.
