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Red Internacional

De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, nuestro país encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis.

Miércoles 3 de noviembre de 2021 | 23:46

Desde hace años, México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo por las constantes agresiones, amenazas e incluso asesinatos que sufren los informadores de parte de autoridades y el crimen organizado.

El asesinato de dos reporteros mexicanos en menos de una semana marcó, este martes, el “Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas”, en un país teñido por una violencia desbocada que difícilmente encuentra justicia.

La impunidad es uno de los principales factores para que la violencia se perpetúe. Hablamos de un 98% de agresiones según dijo a Efe, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Según estas cifras contra la prensa que no son investigadas seriamente, mucho menos sancionadas, hace evidentemente que a los a los perpetradores les quede un mensaje de impunidad, para continuar con los asesinatos, amenazas, torturas y sin fin de injusticias hacia el gremio periodístico.

¿Por qué no se investigan las agresiones contra periodistas?

En el primer semestre del año en curso, 362 agresiones contra la prensa han sido contabilizadas, en su mayoría siendo intimidaciones y amenazas. Sin embargo, estos crímenes sólo quedan estipulados como delitos menores, cuando la realidad es que inciden de manera directa sobre la libertad de expresión.

Si bien estas agresiones asesinatos suelen ser cometidos por el crimen organizado con el fin de silenciar la voz de aquellos que exhiben sus operaciones, existe un esquema en el que las amenazas provienen también de funcionarios públicos señalados por estar involucrados en crímenes, corrupción, narcotráfico y/o delitos en contra del pueblo trabajador, y que al ser expuestos, responden con violencia al gremio periodístico.

Los responsables dentro de los ministerios públicos locales condicionan la neutralidad de las fiscalías ya que no quieren ni tienen el más mínimo interés para resolver estos crímenes.

Un ejemplo de esta situación; son las y los trabajadores de La Jornada, quienes después de defender sus conquistas laborales por medio de la huelga, enfrentaron hostigamiento, despidos y denuncias penales. Estas medidas, que criminalizaron una huelga histórica, dejaron en evidencia la crisis de los medios impresos y cómo las empresas buscan salir de ésta, por medio de arremeter contra los derechos y conquistas de sus trabajadores, que son quienes hacen posible las ediciones y dan vida a los medios de comunicación.

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Momento de acciones

El actual gobierno ha sido señalado por múltiples organizaciones, por sus constantes descalificaciones a la prensa crítica durante sus ruedas de prensa matutinas. Bajo la administración de AMLO se ha suprimido el fideicomiso al mecanismo de protección para periodistas y activistas. Esto significa que más de mil 500 personas quedaron desprotegidas en el país más peligroso para ejercer el periodismo.

Desde muchos años varias investigaciones periodísticas han desenmascarado que la llamada “Guerra contra el Narco” expresa una colusión entre el Estado y el crimen organizado. Ejemplo de ello es la desaparición de los 43 normalistas, que demostró que la militarización del país fue funcional a la implementación de las reformas estructurales durante los pasados sexenios, dictadas por el gobierno estadounidense, y que como consecuencia han dejado miles de muertos, desaparecidos, desplazados y por supuesto, asesinatos de periodistas.

La defensa del gremio periodístico debe ser una de las principales demandas de los movimientos democráticos, sociales y de trabajadores, pues se trata del derecho a la información y libertad de expresión de las grandes mayorías También se trata de la lucha por mejores condiciones laborales para los periodistas, así como de la denuncia del vínculo del Estado con el crimen organizado encubrir los ataques contra periodistas y medios críticos.

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