Géneros y Sexualidades

UNIVERSIDAD

¿A dónde va la toma de la Facultad de Filosofía y Letras?

Después de dos meses, la toma en la Facultad de Filosofía y Letras se mantiene. ¿Cuáles son las perspectivas para el conflicto?

Joss Espinosa

@Joss_font

Miércoles 15 de enero | 20:44

Aunque hoy se realizó un dialogo en el que autoridades firmaron compromisos con quienes sostienen la toma, aun el futuro de la situación es incierto, pues no se aclara la fecha de reanudación de actividades ni los plazos para la resolución de lo que se denuncia.

Han pasado dos meses desde que inició la toma en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). Cabe recalcar que dicha toma fue discutida y decidida por una pequeña reunión, en la que de facto se excluía a parte de la comunidad por pertenecer a organizaciones políticas o “ser afines”, acción que demuestra la antidemocracia con la que se ha dirigido este sector desde iniciada la toma y los métodos burocráticos para excluir a distintas posturas políticas.

Durante este tiempo, las que conforman la toma han denunciado el hostigamiento por parte de las autoridades de la UNAM, a la par de que mantienen mesas de diálogo con las mismas. También se han dado pronunciamientos por parte de las autoridades y por académicas y académicos a favor o en contra de la toma. Esta extensión de la toma, de forma unilateral y arbitraria, ha generado polarización entre la base estudiantil y un alejamiento entre quienes sostienen la toma y el resto de la comunidad que compone la facultad.

Por un lado, es importante denunciar cualquier tipo de represión u hostigamiento a los sectores organizados, esto ante el avance de las autoridades contra activistas y militantes, como lo muestra el caso de Farid Reyes y otros estudiantes de la FES Acatlán a quienes intentaron sancionar y suspender. Esta situación se enmarca en la ofensiva que la rectoría tuvo durante este semestre quitando cubículos y atacando a sectores disidentes que luchan por la defensa de la educación pública y gratuita y contra la violencia. También se muestra en la capacitación de cuerpos de vigilancia al interior de la universidad, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y las amenazas de la rectoría y direcciones de distintas escuelas de proceder con demandas penales contra aquellos que realicen destrozos en las instalaciones.

Demandas y métodos

Nadie puede negar que la violencia existe en la UNAM. Ha habido generaciones de mujeres que denuncian la violencia, y realizan actividades políticas para visibilizar los casos de desaparición y feminicidio. Sin embargo, la pregunta es: ¿la rabia que da la situación en que vivimos y la legitimidad de las demandas en contra de la misma son justificación para no bregar por mecanismos democráticos y amplios para enfrentar la violencia?

Durante estas semanas, en las que se han realizado diálogos con las autoridades, y más recientemente el diálogo del 15 de enero, pereciera que la única voz válida o que puede emitir opinión al respecto son aquellas que sostienen la toma, excluyendo al resto de opiniones y propuestas de la comunidad. Parecieran ser el único interlocutor válido, ya que aunque discursivamente mencionan que el diálogo es abierto y puede ir quien quiera, son ellas las que deciden quién sí y quién no. Esto se evidencia en tanto que no se realizan asambleas en las que pueda participar toda la comunidad, en las que se decida cómo proceder, con que métodos y política.

Esto ha quedado claro en los “diálogos”, en los que las que sostienen la toma mencionan que es “un diálogo entre las autoridades y ellas”, que no se modificaba el formato, y que las intervenciones sólo vienen de sus representantes y los de las autoridades. Se autoproclaman las únicas que pueden emitir opinión al respecto mientras invalidan, impiden la participación y expulsan otras posiciones feministas al no empatar con las suyas.

Por otro lado, retoman demandas que habían sido formuladas desde el proceso del 3S, como la materia candado de género para todas las carreras o la comisión tripartita. Pero excluyendo a aquellas y aquellos que discutieron durante horas para dar cuerpo a un pliego petitorio conformado por diversas posiciones en mesas de debate muy nutridas.

Con respecto a la comisión tripartita, comienzan a operarla, pidiendo representantes de los tres sectores que estén validadas a expresarse en la comisión constituyente. Esta constituyente decidirá quienes participan de la comisión tripartita, que será financiada por las autoridades.

Lo que llama la atención es que ésta será operada entre sectores de las que sostuvieron el paro y las autoridades, lo cual ya condiciona el carácter independiente. Cuando se propuso hace más de un año esto, la idea inicial era que ésta fuera completamente independiente de las autoridades y nutrida de todas aquellas estudiantes, trabajadoras y académicas que quisieran abonar a la misma.
Si permitimos que las autoridades incidan en este sentido y se apropien nuestras demandas, estarán mucho más fortalecidas para hacer frente a los movimientos venideros dentro de la facultad. Esto es fundamental señalarlo, ya que las autoridades no sólo son omisas al resolver los casos y la situación de violencia al interior de la universidad, sino que sientan las bases para que dicha violencia contra nosotras suceda.

La Universidad, como caja de resonancia de las contradicciones sociales, no está exenta de la violencia que se expresa a nivel nacional e internacional; es una clara refracción de los 9 feminicidios que ocurren a diario en el país y las cifras alarmantes de violencia sexual. Esta violencia es solapada y fomentada por el estado capitalista y patriarcal, que se sirve de la misma para mantener su poder y aumentar sus riquezas. La UNAM es una institución del Estado, por tanto, la rectoría es una correa de transmisión de las políticas federales al interior de la universidad.

Más allá de quien esté al frente, la estructura misma de la Universidad es antidemocrática y autoritaria, y partiendo de esto, es hilarante pensar que la solución a la violencia al interior de la universidad vendrá de la mano de las “soluciones” que han dado las autoridades, como el Protocolo para atención a casos de violencia de género, que se ha visto insuficiente y completamente inútil para lo que vivimos día a día las mujeres, ni mucho menos de la mano de las autoridades fuera de la universidad.

Esta situación, nos hace ver que necesitamos transformar de manera radical la universidad para que sea el conjunto de la comunidad, una vez desapareciendo los órganos de gobierno, la que determine cómo dar salida al conjunto de problemáticas y tomemos en nuestras manos el destino de la universidad.

Resalta entonces que la extensión de una toma sin legitimidad de los métodos, más allá de que la comunidad repudie la violencia hacia las mujeres, impulsa a la polarización y despolitización del conjunto de la comunidad. El fetichizar la toma ha generado que la discusión se centre en eso y no en cómo dar salida a los grandes problemas que nos aquejan.

Por una salida colectiva e independiente

La comunidad organizada debe construir los mecanismos para exigir y arrancar a las autoridades todas las posibilidades, con recursos materiales, financieros y políticos, para disminuir al máximo las condiciones de vulnerabilidad. De la mano de trabajadoras, trabajadores y docentes, se deben exigir las condiciones mínimas para que las mujeres que conformamos la comunidad podamos desarrollarnos plenamente en la universidad, lo cual implicaría mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, guarderías, cuartos de lactancia, licencias de maternidad, transporte gratuito y seguro.

Esto es opuesto por el vértice, de lo que exigen algunos sectores y que las autoridades retoman, que apuntan al fortalecimiento de las medidas punitivas de las autoridades de la universidad, ya sea por vía de reforzar el tribunal universitario, las legislaciones o las unidades jurídicas de la facultad, como se describe anteriormente.

Nosotros queremos transformar de manera radical la universidad, en férrea pelea con las autoridades, y sentando las bases para dar salida a la violencia, la precarización y la desigualdad que se vive en la UNAM.

En este sentido, debe ser el conjunto de la comunidad (estudiantes, trabajadorxs y academicxs) quienes debatan cuáles son los problemas cotidianos y qué salida dar, tratando de llevar el cuestionamiento más allá de las autoridades universitarias y conformar un polo que cuestione las bases estructurales de la violencia. Y de esta manera bloquear la posibilidad de que se apropien de nuestras demandas. Politizar la situación nos permitirá desahogar que hay muchas más opiniones de las que se visibilizan ahora, y que no puede ser un puñado de estudiantes quienes decidan por el conjunto.

También permitirá desahogar la problemática de que pareciera que si no se comparten las visiones de quienes sostienen hoy la toma, es porque se legitima la violencia o no se está por su erradicación. Ni estar en contra de la violencia impide que critiquemos los métodos o demandas que pensemos no son adecuados, ni criticar los métodos o las demandas nos hace no luchar contra la violencia. Sólo la discusión abierta, democrática, amplia y plural, permitirá que el conjunto de la comunidad dé una salida a la situación que no permita que las autoridades se laven la cara con nuestras demandas y que un sector se haga de la voz que nos pertenece a todxs.






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