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COALICIÓN PSOE-UP

A un año de Gobierno "progresista" no se derogaron las reformas laborales en el Estado español

Derogar la reforma laboral que impuso el derechista Partido Popular en 2012 fue uno de los acuerdos principales entre el PSOE y UP. Llegó el 2021 sin haberse cumplido y ni siquiera hay fechas concretas este año.

Lunes 4 de enero | 22:33

Llega un año nuevo y eso significa que llega otra nueva promesa de acabar con la reforma laboral. A pesar de meterla en el cajón durante más de un año, de afirmar que no es posible derogar la reforma varias veces o incluso de romper por el acuerdo para derogarla horas después de firmarlo por parte del PSOE, llega una nueva promesa sobre la reforma laboral.

Sin embargo, esas promesas consisten en medidas muy parciales o de apariencia “social” o “progresista”, pero que podrían llegar a ser aún más beneficiosas para la patronal. Por ejemplo, la última receta de la Ministra de Trabajo de UP Yolanda Díaz para contrarrestar la temporalidad -la más alta de la UE- es simplificar los tipos de contratos o “bonificar la estabilidad en el empleo”.

Para hacernos una idea, la mitad de los contratos temporales de 2019 tuvieron una semana de duración. La respuesta de la ministra sería cargar sobre el erario público nuevos premios a la patronal según se aleje de la temporalidad. Otra de las medidas calificadas como “urgentes” por el Gobierno es la derogación del despido causado por bajas por enfermedad. Sin embargo, esta “derogación” ya fue aprobada por decreto y se concretó en que pasara a ser un tipo de despido distinto, con una indemnización ligeramente superior.

Este tipo de medidas no suponen algo ni cercano a derogar realmente la reforma laboral. Incluso una derogación total de la reforma de 2012 supondría una eliminación de aspectos como los descuelgues de convenio o los cambios unilaterales de condiciones, pero sería totalmente insuficiente.

Por ejemplo, ambas reformas del Estatuto de los Trabajadores, la de Zapatero y Rajoy, abrieron la posibilidad de despedir con bajas por enfermedad justificadas faltando solamente más de un 20% de las jornadas en dos meses consecutivos, y con al menos un 5% de faltas justificadas en los 12 meses anteriores. La única diferencia es que las bajas anuales en un caso se referenciaban al conjunto del absentismo de la empresa y con Rajoy, endureciéndola aún más, simplemente a las faltas individuales anuales.

Asímismo, también permiten a la patronal ignorar los convenios vigentes a través del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Así, se pueden producir los incumplimientos de convenio colectivo por parte del empresario para las denominadas “condiciones sustanciales de trabajo”.

Un mero cambio en la organización de la empresa, por ejemplo, algo muy habitual simplemente por una modernización tecnológica, puede acarrear una modificación drástica de las “condiciones sustanciales de trabajo” de manera absolutamente unilateral y totalmente favorable a los intereses del empresario. Todo ello teniendo en cuenta que sólo están sujetos a convenio colectivo 9,2 millones de trabajadores de 16 millones de población activa, más la economía sumergida.

En estos momentos en el Estado español el paro juvenil supera el 40%, el porcentaje de desempleo es el segundo mayor de la UE, con más de un tercio (el 33,5%) de parados de larga duración, es decir, llevan más de un año desempleados. A ello hay que sumar a cientos de miles personas en ERTE.

Esperar que este gobierno acabe con estos y otras muchos artículos impuestos por las reformas laborales del PP y el PSOE es como “pedirle peras al olmo”. El PSOE fue el padrino de la introducción de la precariedad con Felipe González, Zapatero apretó aún más las tuercas en 2010 – incluyendo por primera vez el absentismo por baja médica como una causa de despido procedente y rebajando de forma general la indemnización de los despidos improcedentes de 45 a 33 días – y Unidas Podemos ya ha dejado claro en este y otros tantos temas que asume lo fundamental de la agenda, los límites y el programa de los social-liberales.

El gobierno deja así manos libres para que los empresarios puedan hacer y deshacer a su antojo y sin control administrativo, mucho menos sindical. Rebajar salarios y condiciones es la receta con la que el gobierno, como el resto de gobiernos de la UE de diferente signo, quieren aceitar el rescate de las grandes empresas, junto con una lluvia de millones de dinero público que se convertirán en una pesada hipoteca para las futuras generaciones.

Para poder echar abajo las reformas laborales de PP y PSOE será necesario hacerlo por medio de la organización y la movilización. Empezando por la exigencia a las centrales sindicales que rompan su pleitesía al nuevo gobierno y peleando en los centros de trabajo, junto al sindicalismo alternativo, por poner en marcha una campaña y un plan de lucha hasta la derogación de las reformas.






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