Política Bolivia

OPINIÓN

Áñez militariza el campo para silenciar el hambre

Ambaná es un valle escondido entre las montañas de la provincia Camacho del departamento de La Paz de Bolivia, mismo que está rodeado de aproximadamente 45 comunidades a corta y larga distancia del pueblo. Grave situación de la población en cuarentena.

Miércoles 8 de abril | 16:27

Foto: Desde Ambaná

En esta población no hay médicos, apenas existe un precario centro de salud que está siendo atendido por un par de enfermeras, quiénes carecen de insumos básicos para la salud. Hace unos días, una mujer de la tercera edad perdió un ojo por falta de atención médica y está en grave peligro por una infección a falta de antibióticos. Los pobladores no tienen atención médica adecuada; ésta se da en condiciones sumamente precarias lo que la hace casi inexistente.

En días “regulares” en casos de emergencia es necesario transportarse en la precaria ambulancia que generalmente carece de gasolina o de chofer, por lo que se acude a la solidaridad de algún paisano que tuviera motocicleta para transportar de esa manera a enfermos graves, dependiendo así no sólo de la solidaridad entre pobladores, sino también de la suerte de encontrar a alguien que posea gasolina. En sus comunidades la situación se agrava de acuerdo a la distancia, pues en ellas no existe ni siquiera las denominadas “postas de salud”.

Hoy, en plena cuarentena dictada por el autonombrado Gobierno de transición de Áñez, los pobladores poco o nada pudieron hacer para abastecerse lo suficiente para sobrevivir a estas largas semanas, pues el camino carretero pese a haberse acortado de 10 horas de viaje a 4 horas en los últimos años, sólo tiene acceso a transporte una vez cada dos días. Esto hizo imposible proveerse de elementos básicos ante la improvisada cuarentena nacional; están inmovilizados y los productos escasean a pesar de que algunas cosas son producidas por las y los trabajadores del campo.

En medio de la pobreza, la escasez, la falta de atención médica y la poco o nula comunicación que los pobladores tienen, hace unos días se pudo evidenciar la presencia de agentes militares, quiénes fueron con las manos vacías, sin llevar víveres, bonos “dignidad”, bonos “Juana Azurduy” y mucho menos la denominada “Canasta Familiar” anunciada por Áñez. Los pobladores están en situación crítica, no hay indicio de que se realizará el pago, pero además, mucha gente de la tercera edad carece de documentación lo que las excluye de acceder al banco que es la única forma en la que se puede cobrar el bono de 400bs en reemplazo de la canasta de alimentos. Peor aún, las personas con discapacidad, cómo es el caso de Jimena (nombre de protección) una pobladora de la comunidad Moxa Huma, quién a diario viaja de una hora a dos para poder mendigar un poco de comida en el pueblo, pues su discapacidad (no diagnosticada) le impide trabajar, así como ella muchas personas con discapacidad no han sido atendidas y no han podido recibir los denominados bonos por discapacidad.

Ambaná está olvidada al igual que muchos otros pueblos y comunidades campesinas e indígenas. El abandono del Estado se traduce en la falta de todo lo humanamente básico. Esta situación de pobreza estructural y de exclusión se desnuda con dureza en esta crisis socio-sanitaria donde no se les garantiza de pruebas para detectar el COVID-19 o siquiera de termómetros por infrarojo que son los usados para medir la temperatura.

La función de las fuerzas militares es “mantener la calma”, “evitar conflictos” a costa del hambre de los pobladores, para silenciar un posible reclamo. Están solicitando información de los habitantes mediante una relación violenta sin responder para qué será usada la misma. Al no conocer la razón por la que se les pide información a ciertos pobladores genera zozobra y desconfianza.

Denunciamos la militarización funcional al golpe de Estado iniciado en noviembre del 2019, que con la excusa de sostener la cuarentena, se acallan voces y se restringen derechos democráticos elementales. Ambaná no es un caso aislado, está sucediendo en muchos sectores populares y campesinos del país; denunciamos que los militares no están haciendo ningún servicio, sino controlando la miseria, el hambre y el miedo. Desde diversos lugares nos llegan denuncias de que incluso prohíben efectuar las cosechas, con riesgos hasta de pérdida de las semillas. “Si no nos mata el virus, nos matará el hambre”, el Gobierno de Jeanine Áñez está militarizando el país para silenciar la pobreza, pues el mayor peso de la crisis actual se la están llevando los trabajadores y trabajadoras campesinas, aquellas del comercio informal y de empleos altamente precarizados.

La crítica situación que vive Ambaná también es responsabilidad del anterior Gobierno, que durante su gestión pactó con los agroindustriales y demás sectores de la clase dominante y ha dejado en soledad a importantes franjas de trabajadores campesinos. En Ambaná, a pesar de los pocos avances que han favorecido a los pobladores, tras catorce años del Gobierno de Evo Morales -denominado el presidente de los pueblos indígenas-, el desarrollo del pueblo y las mejoras en las condiciones de vida de sus habitantes han sido postergadas. Solo como ejemplo tenemos el hecho de que los pobladores de Ambaná carecen de agua potable y agua de riego, un servicio básico para la humanidad, en especial para las y los trabajadores del campo quienes viven de sus cosechas. En conclusión la famosa superación de la pobreza, especialmente en sectores campesinos ha sido tan solo el discurso principal en la palestra que intentaba esconder el abandono y la desidia del Estado.






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