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Red Internacional

Baja California se suma a la lista de congreso locales que aprueban la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Continúa la lucha por aborto legal, libre seguro y gratuito para mujeres y personas gestantes en todo el país.

Jueves 28 de octubre | Edición del día

Este martes 26, se aprobó en sesión extraordinaria de manera unánime las modificaciones al artículo 7o. de la constitución y los códigos penal, de salud y de víctimas en Baja California. La iniciativa presentada por diputadas y diputados del MORENA contempla la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. A pesar de que la SCJN declaró invalida la objeción de conciencia para el personal médico que se niegue a dicho procedimiento en hospitales públicos, el Secretario de Salud de Baja California, señaló que quien no esté de acuerdo en realizarlo no será asignado a dicha tarea.

Dichas declaraciones evidencian las maniobras para obstaculizar que se realicen los procedimientos de forma irrestricta en los hospitales públicos. Por ello, es indispensable exigir que las instituciones de salud cuenten con un porcentaje mínimo de trabajadores de la Salud que no sean objetores, para que no se naturalice este intento de impedir este derecho.

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Esta acción que se suma a las iniciativas aprobadas recientemente en Hidalgo, Coahuila y Sinaloa, representa una conquista muy importante para el movimiento de mujeres. Tan sólo en Baja California se tiene registradas por lo menos, 234 mujeres que enfrentan procesos penales por abortar entre 2016 y 2021, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Previo a su aprobación en el congreso, la despenalización del aborto causo gran debate y polarización política en el estado fronterizo. La semana pasada el gobernador Jaime Bonilla, propuso someter el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes a una consulta popular, misma acción que en su momento propuso también el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual resulta ser una maniobra para evadir su responsabilidad de garantizar el aborto legal, irrestricto y gratuito.

En semanas previas el obispo de Mexicali, Isidro Guerrero junto con la diputada del PAN, Amintha Briceño y Marcela Vaquera del Frente Nacional por la Familia, encabezaron una movilización en Baja California para llamar a la no despenalización del aborto en el estado, dejando de lado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, la presidenta de la Red Iberoamericana pro-Derechos Humanos, Meritxell Calderón, declaró que la criminalización del aborto en Baja California “ha llevado a muchas mujeres, sobre todo jóvenes y pobres a pasar años de su vida en prisión”, por lo que colectivas y organizaciones feministas exigen que las presas por abortar sean próximamente absueltas y obtengan su libertad.

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¡Qué sea ley en todo el país!

Cómo hemos señalado en artículos anteriores, la despenalización del aborto es un importante paso en la lucha por el derecho a maternidades libres y elegidas, así como por sexualidades libres de la moral patriarcal y los mandatos de las Iglesias.

Sin embargo, como muestra la experiencia de 14 años de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, si la despenalización no está acompañada de una inversión por parte del Estado hacia los sistemas de salud pública, deriva en un importante negocio para el sector privado que continúa lucrando con nuestro derecho a decidir.

La despenalización del aborto en Hidalgo y Sinaloa contrasta con décadas de avance de legislaciones antiaborto en los estados, impulsadas por el PAN, la Iglesia y el Frente Nacional por la Familia. El gobierno de la 4T busca utilizar el fallo de la SCJN a su favor -ocultando que la despenalización es también el resultado de una lucha dada durante décadas- para recomponer su imagen ante el movimiento de mujeres. Sin embargo, las alianzas con partidos conservadores como el PES, la Iglesia, así como las declaraciones machistas del presidente López Obrador y su negativa a impulsar el derecho al aborto libre, seguro, legal y gratuito, son advertencias claras: no podemos confiar en que nuestros derechos vendrán del cabildeo político de tal o cual partido del régimen.

En México el aborto clandestino continúa siendo la cuarta causa de muerte entre mujeres, la mayoría de ellas pobres, campesinas, indígenas migrantes y/o trabajadoras que no pudieron ejercer libremente su derecho a decidir. Por ello, la despenalización del aborto en algunos estados tiene que ser el motor para la lucha por su despenalización y legalización a nivel nacional, así como por educación sexual integran en todos los niveles educativos y un aumento al presupuesto de salud, para garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos.

La movilización y la lucha independientes son dos cuestiones fundamentales para conquistar la legalización a nivel nacional, que nos permiten avanzar en la conquista de nuestros derechos, por lo que no podemos dejar las calles. A pesar de la oposición de los antiderechos y los fundamentalistas religiosos, incluso a pesar de los vaivenes oportunistas de los distintos gobiernos, éstas son la única garantía que tenemos para que las leyes aprobadas, no sean simple papel mojado.

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*Con información de La Voz de la Frontera




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