Medios de comunicación

DERECHOS DEMOCRÁTICOS

Ataques a periodistas, una política de Estado

Según información de Artículo 19, así como de expertos de la Universidad Iberoamericana, 81 periodistas han sido asesinados y 18 más han desaparecido, tan sólo entre los años 2000 y 2014. En lo que va de 2016, suman más de 10 comunicadores asesinados en México.

Nancy Cázares

@nancynan.cazares

Miércoles 7 de septiembre de 2016

El clima de violencia en nuestro país, ligado a las actividades del llamado “crimen organizado” y a las medidas implementadas por el gobierno federal (tales como la creación de nuevos organismos policíacos así como la militarización del país), ha cobrado miles de vidas desde que fuera declarada la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno panista de Felipe Calderón.

Enrique Peña Nieto ha continuado con esa política, bajo la cual se evidenciaron violaciones gravísimas a los derechos humanos de parte de policías y militares. Allá donde han entrado las fuerzas armadas, han dejado tras de sí denuncias por abusos, violaciones sexuales, ejecuciones sumarias y tortura.

Es en este marco que el trabajo periodístico en nuestro país atraviesa por uno de sus momentos más difíciles. Según informes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, en los últimos 15 años, 105 periodistas han sido asesinados y 25 más están desaparecidos, cifras que coinciden con las proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este último organismo, informó en junio pasado que además se habían registrado 49 ataques a medios de comunicación.

Cabe destacar que ninguno de estos organismos señala directamente al “crimen organizado” como responsable de estos ataques y en su papel de mediadores, se limitan a llamar a las autoridades a “garantizar” la seguridad y a “respetar” la labor periodística. Esto no es casual, pues en la mayoría de los casos se ha señalado como responsables o sospechosos de la agresión a las mismas autoridades, situación que es casi imposible de castigar, debido al alto nivel de impunidad con que operan los gobernantes y sus partidos en México.

Así, el país ocupa el 4to puesto a nivel mundial en crímenes en contra de comunicadores. A nivel internacional el panorama no es mejor. Reporteros sin Fronteras lleva un registro desde 2005 y, hasta el año pasado, la cifra de periodistas asesinados “por su labor o en circunstancias sospechosas” ascendía a 787.

A pesar de que gobiernos como los del priísta Eruviel Ávila han pretendido “proteger” a los periodistas por medio de leyes como la de Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México, el clima de represión en contra de comunicadores no parece detenerse.

El también priísta, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, encabeza una de las administraciones más hostiles con los periodistas a nivel nacional. Tristemente célebre por su llamado a “portarse bien” a los comunicadores de su entidad, pionero en criminalizar el periodismo sugiriendo que los ataques en su contra eran producto de una “relación” con el llamado crimen organizado, Duarte es señalado como responsable del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa así como de la brutal represión en contra de estudiantes de la Universidad Veracruzana, por no ahondar en los procesos que tiene en su contra por mal manejo de recursos ni en su posición cómplice con la Iglesia y los sectores más conservadores de Veracruz en contra del derecho a decidir.

Es el Estado

Los casos del Estado de México y Veracruz son ejemplos de cómo, más allá del clima de violencia desatado por la guerra contra el narcotráfico, los gobiernos han sido señalados por los mismos periodistas como los principales responsables de agresiones en su contra. Artículo 19 habla de la existencia de “mecanismos judiciales o administrativos” para atacar periodistas, a los que habría que añadir aquellos mecanismos extrajudiciales que han derivado en crímenes como asesinatos o desapariciones forzadas.

El caso del Carmen Aristegui y las represalias que sufrió junto con su equipo tras publicar el reportaje sobre la “Casa Blanca” de EPN, como ejemplo de estos mecanismos de censura administrativa, es la punta del iceberg en un país en donde si todos los casos se denunciaran, las cifras de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, se elevarían exponencialmente.

Hace un par de días, The New York Times filtró información que revela cómo en 2013, el gobierno mexicano habría contratado por más de 15 millones de dólares a la firma de ciberespionaje NSO Group para el desarrollo de “tres proyectos”, cuya naturaleza no especificaba el diario estadounidense. Lo que sí dicen es que la compañía tendría como objetivo un periodista mexicano que escribió sobre corrupción. La embajada de México en Washington respondió al diario con evasivas, asegurando que los sistemas de inteligencia mexicanos contaban con autorización legal.

Domesticar, silenciar, intimidar

La violencia y la represión en contra del periodismo en nuestro país han derivado en fenómenos como la autocensura y el exilio de comunicadores. Quizás uno de los casos más emblemáticos sea el de Rubén Espinosa, quien tuvo que viajar a la Ciudad de México ante las amenazas recibidas en Veracruz. Creyendo encontrar un refugio, se halló con una ciudad gobernada por el PRD de Miguel Ángel Mancera, quien ha encabezado una oleada de agresiones en contra de periodistas inédita en la capital, de la mano de su política de represión de manifestaciones.

Hacia 2014 la Ciudad de México ocupaba el primer lugar cono la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo a nivel nacional, con 60 ataques registrados, en su mayoría cometidos por la policía capitalina. Le seguían en el ranking Veracruz, Chiapas y Tlaxcala.

Según datos recopilados por un equipo de investigadores de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de Justicia Procesal Penal de la Ciudad de México así como de la Universidad de Miami, de un grupo de 377 periodistas de distintos medios elegidos al azar, 68% declararon haberse autocensurado, 63% han dejado de realizar coberturas en la calle y 57% se han adaptado a las políticas de censura del medio en donde trabajan. Informaron que el 50% oculta información a sus colegas por miedo y otros tantos prefieren publicar de forma anónima sus historias. Todo con la finalidad de proteger sus vidas y las de sus familias, así como de evitar represalias laborales y administrativas.

Todas estas cifras apuntan a una política de Estado, en donde por medio de distintas vías se busca acallar al periodismo crítico. No es casual que muchos de los medios de comunicación que han sido atacados son medios locales independientes ni que muchos de los periodistas que han sido asesinados o que se encuentran desaparecidos hubieran estado investigando sobre política o crímenes que involucraran autoridades y al “crimen organizado”.

Articulado a la represión en contra de quienes protestan, el régimen ha blindado su imagen por medio de tener a su servicio a los grandes medios de comunicación. A través de ellos criminaliza a quienes se oponen a sus dictados, invisibiliza temas que no le convienen y evita cualquier atisbo de cuestionamiento.






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