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China y su ofensiva por el dominio energético en Chile: ¿Un curso imperialista del gigante asiático?

Eton

China y su ofensiva por el dominio energético en Chile: ¿Un curso imperialista del gigante asiático?

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En medio de una profunda guerra comercial entre Estados Unidos y China, el gigante asiático ha venido apostando a importantes inversiones en la zona de Latinoamérica y el Caribe. En el caso de Chile, las recientes compras de Chilquinta, y la Compañía General de Electricidad (CGE), muestra una clara intención de instalarse con fuerza en el sector estratégico de la energía ¿Qué hay detrás de todas estas operaciones?

Durante las últimas semanas, hemos visto a través de distintos medios nacionales, como empresas chinas han ido instalándose de una manera cada vez más ofensiva en nuestro país, ya sea comprando empresas o adjudicándose concesiones con montos millonarios, en distintos rubros estratégicos de la economía nacional. Idea que se reafirma tras el alistamiento de inversiones con 17 nuevos grandes proyectos en todo el país. Y esto en medio de una profunda guerra comercial con Estados Unidos, pero que probablemente cambie su nivel de intensidad tras el ascenso del “demócrata” Joe Biden, a la Casa Blanca.

La millonaria oferta concesionaria de la Ruta 5 Talca-Chillán, y el nuevo proyecto ferroviario para las zonas de Santiago-Chillán, se han consagrado como las últimas cuantiosas inversiones, que hoy provocan las miradas de todos los analistas nacionales frente a sus próximos pasos, donde al menos desde el gobierno, se han mostrado bastante entusiasmados con esta ola de inversiones, que pareciera ir incrementándose cada vez más.

Y si bien hoy existe un gran abanico de rubros a los cuales las empresas chinas han decidido destinar sus capitales, sin duda el sector energético es en la actualidad, un eslabón clave para el gigante asiático, al que apunta instalarse con una notoria fuerza en nuestro país, y en América Latina.

La apuesta de capitales chinos en el sector energético chileno

State Grid, es la compañía china que tras haber adquirido Chilquinta en su totalidad el año pasado por US$2.000 millones, y comprar hace un par de semanas la Compañía General de Electricidad (CGE) en una cifra cercana a los US$3.000 millones, ha pasado a tener bajo su dominio más de la mitad de la comercialización del suministro eléctrico de Chile, lo que se traduciría según La Tercera en unos 3,7 millones de clientes.

A su vez, otras tantas empresas chinas han estado invirtiendo de manera ofensiva en el sector de la energía eléctrica en el país, como es el caso de China Southern Power Grid International (CSGI), que hoy cuenta con la participación del 27,7% de Transelec, China Three Gorges con la adquisición de la hidroeléctrica Atiaia, o la adquisición de Pacific Hydro por Power Investment Overseas Co Ltd.

Sin embargo estos lazos comerciales entre China y Chile, no responden a un fenómeno exclusivamente nacional, sino más bien a una política que viene desarrollando fuertemente China durante algunos años hacia el conjunto de la zona Latinoamericana, con el funcionamiento de diversos proyectos de gran envergadura, y que en Chile se traduce incluso con un Tratado de Libre Comercio (TLC) de casi dos décadas de por medio.

Desde hidroeléctricas en Ecuador, Bolivia, Argentina y Honduras, entre otras, hasta la construcción de granjas fotovoltaicas y aerogeneradores en países como Chile, y Brasil -entre otras tantas apuestas- el territorio chileno se ha vuelto una posición clave desde donde China busca consolidar su poderío, ante un imperialismo norteamericano bastante debilitado por la crisis internacional.

Tal iniciativa, se enmarca en la planificación de una transición paulatina de aquellas inversiones destinadas a energías provenientes del petróleo y otras materias primas, hacia energías renovables. Las que han conseguido constituirse dentro de un nuevo mercado sobre cual poder instaurar un dominio sobre otras potencias presentes en la zona. Cuestión también afirmada por la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su último estudio sobre “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020”.

Chile en el marco de la guerra comercial entre China y EE.UU

Sin duda, dicha ofensiva resulta totalmente favorable para el gigante asiático y sus distintas apuestas empresariales, en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, que tras la derrota electoral de Trump, abre un importante margen para la intervención de China a escala global, donde claramente las medidas proteccionistas del ex magnate iban a contracorriente del discurso de integración neoliberal. Una cuestión que probablemente cambie, aunque aún sin saber a qué nivel, luego del triunfo del demócrata Joe Biden en las urnas el pasado 3 de noviembre.

Claro ejemplo de esto es el retiro por parte de Estados Unidos del Tratado Transpacífico (TPP11), un acuerdo global entre más de 11 naciones capitalistas con el cual se potencia la incidencia de transnacionales, con políticas proempresariales, antidemocráticas, y de un nocivo impacto medioambiental. Una posibilidad que está claramente en el radar del gigante asiático, pero mostrándose aún indeciso frente la intención del nuevo presidente de Estados Unidos, por incorporarse a las negociaciones, lo que significaría directamente con sus intenciones imperialistas.

Por tanto, las fricciones y crispaciones entre ambas potencias se encuentran lejos de resolverse, sobre todo por lo que se juega por parte de las dos más grandes potencias mundiales, en plena crisis económica mundial, y de acuerdo a distintos analistas, con una recesión internacional ad portas.

América Latina al calor de las rebeliones populares

Sin embargo, más allá de esta mirada optimista aunque contradictoria proveniente de un sector del gobierno y el empresariado, lo cierto es que no está para nada claro el escenario que se abre para este próximo año, y por el contrario resulta ilógico que este impulso de inversiones por parte de China, asegure un mejoramiento cualitativo de las sociedades denominadas “de la periferia” en lo que se refiere a oportunidades laborales y crecimiento. Sobre todo, cuando lo que se encuentra de por medio es el dominio de sectores estratégicos de la economía a través de pactos con las burguesías nacionales, en los que las decisiones de los trabajadores y trabajadores son totalmente nulos. En particular en Latinoamérica y el Caribe, en que una serie de estallidos sociales se han venido presentando de manera creciente durante los últimos dos años.

Protestas que no sólo se enfrentan a la precariedad y a la miseria que entregan los gobiernos de la burguesía a las grandes mayorías asalariadas y empobrecidas, sino un cuestionamiento absoluto a los distintos regímenes, partidos e instituciones que durante décadas han defendido los intereses de los grandes capitalistas, a costa de recortes en los derechos sociales, planes de austeridad, y restricciones en los derechos democráticos fundamentales.

Desde los gobiernos neoliberales hasta los denominados Socialismos del Siglo XXI, han tenido que vivir en sus propias carnes, la furia popular contra décadas de saqueo y corrupción, amparadas por un modelo económico que se cae a pedazos incluso en el centro del imperialismo como es el caso de Estados Unidos.

Ejemplo de esto han sido las enormes rebeliones en Ecuador y en Chile, y la resistencia contra el golpe de Estado en Bolivia durante el 2019, a las que se sumaron también este 2020 las protestas en Perú y en Guatemala, frente a la enorme crisis de representación existente derivadas de la corrupción y una serie de medidas antipopulares.

Esto sin mencionar el contexto de politización de sectores de masas agudizado frente a la crisis sanitaria y económica abierta por el COVID19 en el que nos encontramos actualmente, en que Sudamérica y sectores del Caribe se han visto tremendamente golpeados por las muertes contagios, pero también por el desempleo y la precariedad de la vida en las familias trabajadoras. Una situación en que el consenso de los gobiernos y la burguesía en la zona, ha sido salvaguardar las ganancias de los grandes empresarios, a costa de despidos, suspensiones masivas, y recortes en los salarios.

Tal situación advierte que cual sea la potencia que se encuentre tras la búsqueda de nuevos mercados, se le vuelve ineludible sortear esta clase de elementos que parecen cada vez más impredecibles.

La China imperialista que nos espera

Parece más que clara la enorme crisis económica en la que nos encontramos a nivel internacional, donde las dos potencias capitalistas más fuertes que dominan el globo, Estados Unidos y China, se encuentran en plena disputa comercial a una escala enorme, para así expandir su hegemonía, y sacar una gran ventaja en relación a su adversario.

Sin duda Estados Unidos es quien resulta mayormente afectado en este contexto, frente a un reordenamiento del tablero geopolítico tras la derrota electoral de Donald Trump, y el ascenso de Joe Biden a la Casa Blanca. Sumándose la creciente polarización que se vive actualmente a propósito de las olas de protestas generadas por los crímenes de odio racial de policía, y que generaron una oleada de protestas en distintos estados, incluso reactivándose con fuerza el movimiento Black Lives Matter. Elementos con los que tendrá que lidiar el nuevo presidente de Estados Unidos.

Por el contrario China quien también se vio afectado por la pandemia del COVID19, hoy saca provecho de este espacio dejado por Estados Unidos, instalándose en nuevas zonas y territorios que lejos de transformarse en una alternativa progresista al dominio histórico del imperialismo norteamericano, hoy posa sus garras con claras intenciones imperialistas haciéndose del monopolio de diversos rubros en distintos continentes, jugando Latinoamérica un rol clave en consolidar estos lazos de subordinación.

Más allá del claro oportunismo de la burguesía nacional que se refriega las manos con las inversiones chinas, y el robustecimiento de los lazos comerciales consagrados por un Tratado de Libre Comercio (TLC) de cada dos décadas, resulta preocupante el abanderamiento de sectores reformistas de la izquierda chilena, como el Partido Comunista (PC) quien sin ningún tapujo a través de su presidente Guillermo Teillier en la celebración del 99 aniversario del Partido Comunista Chino (PCCh) señalando que está “encabezando la lucha del pueblo por la edificación de una sociedad socialista, conforme a las particularidades chinas”. Expresión de una estrategia que en tiempos de plena crisis económica en que los grandes afectados son las familias trabajadoras, caracteriza esta clase de lineamientos capitalistas e imperialistas como una mera cuestión de “particularidades chinas”.

El capitalismo a nivel internacional mostró su agotamiento desde la crisis abierta el 2008 por medio de la burbuja de los créditos subprime, y hoy luego de la crisis sanitaria abierta por el COVID19 resultan aún más evidentes estas contradicciones, en que los postergados seguirán siendo las grandes mayorías asalariadas y explotadas. Provengan de capitales estadounidenses, chinos o europeos, lo único claro es los altos niveles de precariedad se seguirán manteniendo y profundizando.

Tal situación vuelve urgente la lucha contra todos estos grandes acuerdos entre capitalistas chilenos o extranjeras, a expensas del pueblo trabajador, quien durante los últimos meses ha visto afectada directamente su calidad de vida y de sus familias, ya sean por despidos, suspensiones laborales, o recortes en su remuneraciones.

Si el capitalismo y el imperialismo hoy nos muestra que sólo tiene para ofrecernos miseria y precariedad, se vuelve fundamental el rol de los trabajadores y trabajadoras, retomando el camino de la organización y la movilización por los derechos sociales, independiente de los partidos del régimen y los empresarios nacionales o extranjeros que generan millonarias ganancias a costa del trabajo de millones.

Necesitamos hoy un plan de lucha en perspectiva de una huelga general, que saque a Piñera, e imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que no se encuentre amarrada a los tratados internacionales, que pueda discutir entre otras cosas, la expropiación, sin indemnización y bajo control de los trabajadores y usuarios, de los recursos naturales y de las empresas energéticas y estratégicas.


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