DESASTRE AMBIENTAL

Comunidades de Sonora exigen su derecho a consulta sobre Megaproyectos

Comités de Cuenca Río Sonora y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) protestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para exigir su derecho a la participación pública en asuntos ambientales.

Martes 21 de agosto de 2018

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia resolverá un amparo que sentará un precedente para las comunidades afectadas por proyectos con el potencial de dañar el medio ambiente. Este recurso fue presentado por un grupo de afectados por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.

Después de aquel desastre y, a la fecha Grupo México no ha recibido ninguna sanción por su responsabilidad, ahora está en sus planes la construcción de una nueva presa de jales para la mina, que es una estructura de retención de desechos sólidos y líquidos resultado de una explotación minera.

Justamente la rotura de una represa provisional de estas características la que causó el que es conocido como el “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2014.

Organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Mexicali Resiste, entre otras, buscan que no solo que la SCJN de el fallo a favor de Sonora en el tema de la presa de jales, sino que sienten un precedente y defina criterios para la participación de estas comunidades en las decisiones que se tomen sobre megaproyectos.

Como la polémica construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) en Texcoco, que ha sido señalado por ejidatarios, académicos y por organizaciones por el desastre ambiental que tendría para las zonas aledañas y para la capital del país.

El amparo que revisará la SCJN se da a 4 años del mayor desastre ecológico en la historia minera de México, cuando "40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil".

Los integrantes de las comunidades afectadas en Sonora aún tienen secuelas en su medio ambiente y en su salud, a cuatro años del derrame en los ríos, advierten que si la SCJN no falla a su favor continuarán resistiendo para defender su ecosistema.






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