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Red Internacional

Cuba.Con represión y amedrentamiento, el Gobierno de Díaz-Canel desarticula la "Marcha cívica por el cambio"

Desde hace semanas, la plataforma Archipiélago convocó a esta movilización para este 15 de noviembre, la cual generó una amplia cobertura mediática, así como el apoyo de la oposición derechista. Aunque el gobierno de Díaz-Canel con una política de represión y amedrentamiento, luego de declararla ilegal, consiguió su objetivo de impedirla.

Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Pablo OprinariCiudad de México / @POprinari

Lunes 15 de noviembre | Edición del día

Impulsada por esta plataforma -la cual está conformada por un arco variopinto de personalidades críticas del régimen- congregó también el apoyo de una oposición abiertamente derechista, como el Consejo para la Transición Democrática de Cuba. De acuerdo a los convocantes la marcha estaba llamada “contra la violencia, por los derechos de todos los cubanos, liberación de los presos políticos y solución de las diferencias por vías democráticas y pacíficas”.

Aunque no incorporaba la denuncia de las políticas económicas y sociales del gobierno -las cuales fueron motor fundamental de las marchas del 11 de julio, junto al derecho a expresarse políticamente-, esta convocatoria podía alentar a salir a las calles a amplios sectores populares descontentos con la actual situación en Cuba y las políticas oficiales.

La primera respuesta del gobierno de Miguel Díaz Canel fue declarar ilegal la manifestación y denunciarla como una “acción desestabilizadora”. En los días previos, las autoridades incrementaron el hostigamiento contra los convocantes; varios de ellos fueron encarcelados, y durante el domingo 14 y el mismo lunes 15, decenas de personas que habían manifestado que participarían en las protestas fueron “sitiados” en sus casas, impedidos de salir de las mismas por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos de manifestantes favorables al régimen.

El caso más difundido ha sido el del principal referente de Archipiélago, el dramaturgo Yunior García, que había anunciado que marcharía en solitario el 14. Él fue retenido forzosamente en su domicilio, donde se realizó lo que llaman un “acto” de repudio orquestado por el gobierno, que en realidad era un amedrentamiento directo, situación que también se dio en el caso de otros convocantes. Mientras tanto, las calles de La Habana -donde se esperaba la mayor manifestación- amanecieron el 15 con gran presencia policíaca, y una clara tensión en el ambiente.

El objetivo gubernamental era evidente: desarticular la convocatoria e impedir que se realice una movilización igual o superior a la que ocurrió hace poco más de cuatro meses. A la par, ahorrarse el costo político de una represión generalizada contra manifestaciones callejeras, como ocurrió el 11 de julio, que se le pudiera salir de control y tener mayores consecuencias internacionales. De allí que activó toda una política de represión preventiva y selectiva, que le permitió desactivar la movilización.

El Gobierno apuesta a que la reapertura del turismo genere una cierta mejora en la situación crítica que enfrenta la economía de la isla que golpea con contundencia y aumenta las calamidades de los amplios sectores de la población, mientras que toda una alta casta burocrática y militar goza de grandes privilegios. Sin embargo, es evidente que el descontento social en la isla, tanto frente a sus políticas económicas como a la falta de libertades democráticas, se mantiene y lejos está de disiparse, todo lo contrario, manteniéndose abiertos escenarios de mayor tensión política o explosiones sociales como la del pasado 11 de julio.

La derecha cubana se aprovecha del descontento mientras el gobierno agudiza su política represiva

Como ya se vio en julio, la derecha proimperialista busca montarse en el descontento existente, mientras el gobierno aumenta las medidas represivas. Muestra de ello es que la acción de este 15 de noviembre fue acordada también con sectores identificados con una política abiertamente restauracionista y pro capitalista, como el ya citado Consejo para la Transición democrática de Cuba.

Cabe mencionar que el programa de este Consejo busca abiertamente convertir a la isla en una “economía de mercado” y otorgar compensaciones por las expropiaciones realizadas al triunfo de la revolución. Estos sectores impulsaron, además, manifestaciones este 15 de noviembre en distintas ciudades del mundo. Ellos reclaman hipócrita y cínicamente por la “libertad” y la “democracia”, manipulando la situación a favor de la restauración capitalista en la Isla, que es lo que busca el imperialismo y la burguesía de la región.

Por su parte, el gobierno de Díaz Canel y el Partido Comunista de Cuba, argumentando que la mano del imperialismo está por detrás de las movilizaciones que se dieron el último año, mantiene la política represiva que ya mostró en julio, cuando encarceló a cientos de manifestantes, muchos de los cuales eran activistas de izquierda críticos con el régimen político, incluyendo a jóvenes integrantes del PCC. Esto mientras reafirma el régimen de partido único, combinándolo con medidas económicas que castigan al pueblo avanzando en la restauración capitalista.

Ahora impidió el derecho elemental a la protesta, con la ilegalización de la marcha convocada por Archipiélago, montando “actos” de repudio, organizados directamente por el Gobierno, contra los convocantes. Como manifestamos en este articulo, repudiamos la prohibición de la protesta y demás acciones represivas del régimen; al mismo tiempo no apoyamos políticamente a los convocantes ni a su llamado. Una postura similar a la que han sostenido distintos militantes socialistas al interior de Cuba, ejemplo de ello son los artículos que hemos reproducido aquí y aquí.

Una salida independiente solo puede estar en manos de los trabajadores y el pueblo

En la isla se requiere una política independiente tanto del gobierno como de la oposición de derecha y el imperialismo. Eso implica un programa contra el bloqueo imperialista y por las demandas más sentidas y urgentes de las amplias masas, como el aumento general de salarios, el control de precios por parte de la población y contra los privilegios de la casta gobernante.

Rechazamos tanto el autoritarismo gubernamental como su justificación de que el descontento carece de base real, y que responde a la manipulación imperialista y de los gusanos. Sin duda la manipulación existe, pero eso no debe justificar que sea utilizada como excusa para reprimir los reclamos sociales legítimos.

Repudiamos las políticas represivas del gobierno. Defendemos el derecho de la clase trabajadora a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean. Así como a la libertad de reunión, a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo, a la manifestación, a la huelga, a la libertad de prensa, el pleno derecho a la libertad de los sindicatos y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores.

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Como ya planteamos en el artículo mencionado, hay que oponerse al régimen de partido único y defender la legalidad de todas aquellas organizaciones políticas que defiendan las conquistas de la revolución. Pero una salida de fondo solo es posible mediante una nueva intervención revolucionaria de las masas que frene el curso restauracionista, eche a la burocracia y acabe con su régimen de partido único, que instaure un gobierno propio de los trabajadores, que revise todas las medidas procapitalistas, recomponga el monopolio del comercio exterior y la planificación democrática de la economía.




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