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Red Internacional

EDUCACIÓN. Denuncia: Pandemia y cinismo de las autoridades ante el conflicto de la EDPA

Los alumnos de la EDPA emprendieron junto a sus profesores una lucha que hasta ahora no ha sido escuchada, en la cual sólo se piden condiciones mínimas para desarrollar sus actividades docentes y estudiantiles, cuestión que el gobierno de la 4T no querido resolver.

Martes 2 de junio de 2020 | 01:35

La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga es parte de “Las 100 universidades del bienestar Benito Juárez García”, programa y proyecto educativo del gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuyo principal dirigente es el presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), que en campaña declaró la necesidad de crear más universidades y espacios para que la juventud tenga una mejor perspectiva de vida.

Sin embargo, las 100 universidades de AMLO presentan graves problemas que no se han resuelto, de hecho, el gobierno federal no ha rendido cuentas de ello. Una de las críticas iniciales al programa es que no cubre ni el 1% de la matricula necesaria para garantizar la gran demanda de espacios en la educación superior.

Asimismo, se ha denunciado la precarización laboral del personal de las sedes educativas, como docentes, personal administrativo, de intendencia, vigilancia y sistemas. Sin dejar de señalar que en realidad no son 100, sino muchas menos, pero qué más da, si un proyecto va a ser noble con los jóvenes precarizados ¿o no?

La realidad es que el manejo de las 100 universidades del bienestar es opaco. No existen reglas de operación claras para el manejo de sus recursos, es decir, no se sabe a ciencia cierta cómo se manejaron los mil millones de pesos que recibió al principio el programa y tampoco está claro cómo se van a manejar los 2 mil 123 millones aprobados para este año 2020.

Esta realidad en algún momento tenía que manifestarse en alguna de estas instituciones, lo hizo en la Normal Rural “El Mexe” de Hidalgo y en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA).

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La EDPA, historia y conflicto

La EDPA surgió en el año 2015, como una asociación civil, comenzó siendo una institución privada de educación superior. Su finalidad es formar juristas en México supuestamente con otra visión a la tradicional. Ponía especial atención en el nuevo paradigma constitucional que rige a México a partir de la reforma a la Carta Magna en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011.

Los integrantes de esta comunidad esperaban una mejoría significativa de sus condiciones de trabajo y estudio con la llegada de Morena al poder, pero no fue así, por el contrario, empeoraron a pesar de haber sido fundadas por diputados de Morena.

Así, el 17 de febrero de 2020, estalló un paro estudiantil exigiendo condiciones dignas de estudio y derechos laborales para los trabajadores, certeza jurídica en sus estudios, ya que tan sólo unos meses atrás la universidad no poseía el RVOE, registro oficial ante la SEP que permite validar sus estudios.

La exigencia de mejores condiciones escolares para los estudiantes y laborales para los profesores y trabajadores administrativos, por ejemplo, garantizando seguro médico facultativo y personal médico en la sede, pero la encargada de coordinar este programa se ha negado completamente al diálogo y se retiró de la situación sin resolver las demandas de los estudiantes.

Otras de sus exigencias fueron la participación en la toma de decisiones, reinstalación de personal docente y administrativo despedido injustificadamente, así como la destitución y rendición de cuentas de la directora Verónica Castro Flores, entre otras demandas.

Todo esto se planteó en un pliego petitorio que hasta la fecha la autoridad se ha negado de la forma más terca e insensible a escuchar, a pesar de que eso llevaba a los estudiantes a sostener el paro en medio de la pandemia, exponiendo a toda la comunidad universitaria al riesgo de contagio, vulnerando su derecho a la salud.

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La respuesta para los estudiantes combativos de la EDPA no ha llegado, mientras las autoridades de la 4T tratan de simular que no pasa nada, a la par que los conflictos como este y otros se desarrollan a pesar de la propagación del covid-19 porque las instituciones de gobierno se negaron a escucharlos.

Algunos ejemplos son: el del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACH), los profesores de asignatura de la UACM despedidos injustamente y la huelga sostenida por el SutNotimex, a este último no le han resuelto a pesar de que han quedado demostradas las falsedades de Sanjuana Martínez.

El cinismo de Raquel Sosa

En una de las conferencias del gobierno federal, llamada “Avances y Resultados de los Programas Bienestar y Reactivación Económica”, realizada el 22 de mayo de 2020, Raquel Sosa fue cuestionada por un periodista sobre el conflicto de la EDPA.

La funcionaria respondió que “la EDPA y otras escuelas tuvieron dificultades de asimilarse a cambios que ocurrieron de pasar a ser como eran: "asociaciones civiles a un programa de gobierno federal […] parte de eso tiene que ver qué iba a pasar con su plan de estudios, el acuerdo con la dirección general de profesiones establecimos donde esos casos y particularmente en la EDPA, donde están por terminar muchos estudiantes, se mantuvieran los planes de estudio anteriores”.

Primera mentira, ya que se demostró que los planes de estudio fueron hechos al vapor y continuamente modificados, con lo cual, los alumnos no podían terminar sus carreras.

Pero no se detuvo ahí, continuó con: “lo hemos explicado muchas veces, pero desgraciadamente en un ambiente de mucha conflictividad social, de campañas muy fuertes que afectan a personas muy informadas, a veces informadas de más, se generan de pronto grupos de no creer […] decidieron hacerlo como una especie de actividad profesional, no creer”, es decir, para Sosa el meollo del asunto está en creerle todo lo que diga.

Después reconoció ante la falsedad del argumento de “nuestra obligación a creerle” y apeló al derecho a disentir, pero lo hizo para argüir que les ha mostrado a los estudiantes todo el trabajo que han realizado, mintiendo de nuevo porque ella canceló el diálogo con los estudiantes, se negó a escucharlos.

Raquel Sosa habla de los estudiantes “paristas” como si fueran un grupo minoritario que tomó las instalaciones, reiterando su mentira de que fue con ellos a buscar diálogo. Su demagogia apela al derecho colectivo, pero ignora toda la opacidad que existe en el programa de universidades del bienestar y las exigencias de los estudiantes. Además, por si fuera poco, las autoridades han expuesto los datos personales de miembros de la comunidad y han criminalizado la organización ¿y así se atreve a hablar del derecho de todos?

Por lo que hoy más que nunca es indispensable la unidad y organización de estos sectores, para imponer sus justas demandas, como el Frente Nacional contra la Precarización Laboral, al que llamó la Asamblea de Profesores de Asignatura de la UACM en Lucha.

*Arturo Rendón es profesor universitario de la Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase.




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