Política México

NARCOTRÁFICO // PANORAMA POLÍTICO

Detenciones de Humberto Moreira y Lucero Sanchez, y nuevos escándalos de la “clase política”

La detención de la diputada local sinaloense, Lucero Sánchez, por supuestos vínculos con el capo Joaquín Chapo Guzmán, nuevamente trae a discusión los nexos entre los carteles y la llamada clase política.

Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari

Sábado 23 de enero de 2016

La diputada panista, señalada como una de las parejas sentimentales de Guzmán Loera, fue detenida por la policía federal y declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) por dos averiguaciones previas. Finalmente, fue liberada en las primeras horas de la noche del jueves 21.

Mientras tanto, Acción Nacional la separó del grupo parlamentario en el Congreso de Sinaloa, aduciendo que aunque llegó a su cargo a través de una alianza encabezada por el blanquiazul, “nunca ha militado en el PAN”.

La detención se inscribe en una operación gubernamental que busca aparecer con acciones “contundentes” contra el narcotráfico y en particular contra el cartel de Sinaloa. Sin embargo, la cruda realidad es que, una vez más, echa luz sobre las contradicciones y pugnas que existen al interior del sistema político mexicano, y la podredumbre que lo corroe.

De Moreira a Sánchez... del PRI al PAN

Pocos días pasaron desde la detención del ex líder priista Humberto Moreira en España cuando los federales le echaron el guante a la presunta amante de Guzmán. Parece que Peña Nieto le soltó la mano al ex gobernador, apostando a que este escándalo pase con los menores daños colaterales para su administración.

No es para menos: para EPN es necesario conjurar los oleajes que se levantan desde varios frentes, La caída del peso y el peligro de una espiral inflacionaria no es una marejada menor. Peña Nieto no quiere que complicaciones financieras y entuertos políticos como el ya mencionado, enturbien su intento por capitalizar la proclamada estabilidad económica, expresada en índices de crecimiento del PIB e inversión extranjera -modestos pero aún así mayores a los de la mayoría de América Latina-. Ni que obstaculicen los éxitos electorales que se vaticinan para este año, que pueden ser preparatorios de la elección presidencial del 2018.

El triunfo reciente en la elección de Colima es visto por los priistas más optimistas y en particular por Manlio Fabio Beltrones, presidente del partido, como una muestra de lo que vendrá. Los priistas apuestan a alejar definitivamente el fantasma de la crisis postAyotzinapa, y abrir el ruedo para la disputa por la candidatura hacia el 2018, en la cual -dicen- Beltrones “no participará”, lo cual es difícil de creer aún para los más ingenuos.

Si el gobierno intentó evitar que se hicieran olas con el encarcelamiento de Moreira en España -quien según parece enfrentará su proceso en libertad, pero en España, bien lejos de su natal Coahuila- tampoco es casual que los federales le echaran el guante a la diputada del blanquiazul. No sería extraño que fuera una respuesta a los panistas que saludaron la detención de Moreira y un anuncio de nuevos cruces electorales entre ambos partidos.

Un régimen podrido hasta sus cimientos

En la posible pugna entre panistas y priistas, y en la cual el acuerdo general es tratar de que las instituciones salgan lo menos “manchadas”, se hace pública la podredumbre del régimen político mexicano. No es menor que se ventilen los vínculos de un ex gobernador y ex “hombre fuerte” del PRI, con los Zetas. Ni tampoco que una diputada panista sea señalada como uno de los nexos del Chapo Guzmán durante su anterior encierro.

Esto se añade a la larga lista de casos que muestran los vínculos con los diversos carteles de los partidos patronales y los distintos niveles de la administración pública. El PRD no se queda atrás, como se evidenció en la noche negra de Iguala. Morena también cuenta entre sus filas a personajes sospechosos de vínculos con el narcotráfico, como es el caso de Lázaro Mazon Alonso, quien fuera alcalde de Iguala y promotor de la candidatura de Abarca Velazquez a esa ciudad.

La consecuencia de la integración de México a la economía estadounidense no se limita a la economía “legal”, es también el despliegue sin precedentes de manifestaciones brutales de la decadencia de la sociedad capitalista: los feminicidios, la trata de personas, y el desarrollo de los carteles cuyos negocios abarcan desde el comercio de estupefacientes hasta el secuestro.

Así como el régimen mexicano y la “clase política” de los partidos patronales están subordinados a los dictados económicos y políticos provenientes de Washington, así también aquella se convirtió en parte fundamental de la “economía ilegal”, donde la colusión con los carteles está al servicio de garantizar el funcionamiento de los mismos y la obtención de sus ganancias extraordinarias provenientes de la distribución y comercialización de las drogas.

No se trata, entonces, de casos aislados o “manzanas podridas”: la asociación con el narcotráfico es un profundo fenómeno que recorre todos los niveles del régimen y el estado.

En ese sentido, el apresamiento de Guzmán, casos como el de Lucero Sánchez así como los llamados a declarar ante la PGR para la actriz Kate del Castillo, son presentados por el gobierno con la intención de ganar legitimidad ante la población. El anuncio de Peña Nieto de que se acelerará la extradición del Chapo demuestra además que pretende aparecer, ante Washington, como obedientes a sus dictados y con capacidad para ponerle limites a los carteles.

Pero, como ya dijimos arriba, también puede tener otras consecuencias, menos favorables: en la medida que se ventilan los vínculos con la “clase política”, profundizar el desprestigio de las instituciones, vistas por millones como coludidas con el narcotráfico.

Mientras tanto, los trabajadores y el pueblo mexicano siguen padeciendo los efectos de la militarización y la “guerra contra el narcotráfico”, expresado en constantes y nuevas desapariciones forzadas, como en Guerrero y Veracruz. Ante eso, como planteamos en La Izquierda Diario, es necesario que las organizaciones obreras y populares enarbolen una perspectiva política para enfrentar la militarización y garantizar la autodefensa ante las fuerzas armadas y los carteles del narcotráfico. Esto como parte de una perspectiva para enfrentar al gobierno, el régimen político y sus partidos, así como sus planes de subordinación y entrega al imperialismo estadounidense y las trasnacionales.






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