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AMÉRICA LATINA

Ecuador: los trabajadores ante el COVID 19 y el Gobierno de Lenín Moreno

La fuerza y organización de la clase obrera y otros sectores en Ecuador les permitió en más de una ocasión derribar a gobiernos, incluidos militares, e imponer demandas.

Martes 14 de abril | 17:47

Foto: Iván Castaneira, Ecuador

La clase obrera ecuatoriana y otros sectores sociales han demostrado a lo largo de los años fuerza y organización.

Su impronta les permitió en más de una ocasión derribar a gobiernos, incluidos militares, e imponer demandas, o al menos, frenar coyunturalmente los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.

Es necesario recordar sus ejemplos de lucha con el fin de recuperar lecciones para un contexto como el de la pandemia de Covid 19, que ha mostrado la cara más brutal del gobierno de Lenín Moreno y desnuda las medidas pro patronales que se tomaron durante el gobierno de Rafael Correa en el “área de la salud pública”.

En 1973 se habían descubierto grandes pozos petroleros en Ecuador y se avizoraron enormes recursos financieros, mientras se vivía en la dictadura del general Rodríguez Lara que trataba de manejar las fuertes disputas entre distintas fracciones empresariales.

Por presiones de Washington, Quito decidió bajar el precio al barril de petróleo, pero no fue suficiente y en Ecuador se desató la inflación. Los trabajadores, que fueron los más afectados, organizaron una huelga general en 1975. Ante esta presión, Rodríguez Lara dispuso imponer un arancel que provocó la ira de los empresarios y la pérdida de su apoyo al gobierno. El dictador cedió ante la oligarquía. Los sindicatos, al ver que la política viraba a derecha, declararon la huelga general y 500 mil manifestantes paralizaron al país. Para el 11 de enero de 1976, Rodríguez Lara dejó el poder y fue sustituido por un triunvirato militar.

Ecuador retornó a la democracia liberal en 1979 con la elección de Jaime Roldós pero su corto gobierno no afrontó movilizaciones de gran envergadura. Posteriormente, el 23 y 24 de marzo de 1983 el gobierno de Osvaldo Hurtado enfrentó un paro nacional masivo: la mayoría de las actividades productivas, así como las calles de Ecuador se encontraron desiertas. Los trabajadores del transporte también habían detenido sus actividades, las tiendas no abrieron y los trabajadores estatales no se presentaron a laborar. En las calles, por lo general, sólo se pudieron observar manifestaciones que reclamaban contra el aumento de la canasta básica y contra la devaluación de la moneda. Los estudiantes se movilizaron y tuvieron enfrentamientos con las fuerzas represivas. En imágenes de la época, es posible apreciar tanquetas incendiadas en el centro de Quito.

El Gobierno de Febres Cordero (1984 a 1988) enfrentó al menos siete huelgas que luchaban contra su autoritarismo, las políticas neoliberales, por mejoras salariales y contra el alza al combustible. Fue una década de enorme agitación social en el país.

La década de 1990 fue un hito, porque empezarían los levantamientos indígenas ante el vacío que dejaron las organizaciones de la clase obrera, que se debilitaron por seguir la estrategia burocrática dictada desde Moscú y que a la postre concluiría en la desaparición de la Unión Soviética. Los indígenas se colocaron a la cabeza de la lucha que enfrentaba las políticas hambreadoras de los gobiernos en turno. Sus organizaciones fueron claves para derribar a tres gobiernos del 2000 al 2006 pero las direcciones indígenas, despreciando el enorme poder de sus bases, se aliaron con Rafael Correa para que este último llegara al poder.

El gobierno de Correa fue definido como uno de los gobiernos “progresistas” de América Latina. Éste tuvo una política de redistribución limitada de ingresos que en los hechos implicó administrar la pobreza, pero en materia de salud no hubo cambios sustanciales respecto a gobiernos neoliberales anteriores y prosiguió el ataque. Asimismo, el gobierno de la “revolución ciudadana” continuó cumpliendo con los compromisos con los organismos financieros internacionales.

En opinión de la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador:

"la Constitución de Montecristi en 2008 declara el acceso universal a la salud como un derecho fundamental, sin ninguna mención a su propiedad pública, abriendo paso al traspaso al sector privado de la atención de salud, debido a la saturación y falta de capacidad en el sistema público. A partir de esos mismos años, el presupuesto de la salud pública y el presupuesto de la seguridad social fue en su mayoría a los bolsillos de los servicios de salud privados vía transferencia de servicios; y, se puso en marcha un proceso llamado de “centralización” del sistema de salud, que tuvo como efecto desmantelar la capacidad pública de atención especializada. De manera particular, en Guayaquil, la consecuencia fue la eliminación del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela y del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, el primero que tenía la competencia de la vigilancia de las enfermedades respiratorias y el segundo la vigilancia epidemiológica, las que asumió el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones (INSPI), bajo el modelo del súper Estado con crecimiento de competencias y de mega aparato a nivel central, como el mejor socio del capital. A la par se inició un proceso soterrado de venta de los activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS que ha sido entre otros, uno de los factores incidentes de la mayor crisis en la seguridad social ecuatoriana que se evidencia hoy en 2020." (1)

Recordemos que Lenín Moreno tuvo el apoyo de Correa para llegar a la presidencia. Es verdad que entre los dos políticos hubo un desencuentro político, pero en los hechos el nuevo gobierno sólo profundizó las políticas que Correa ya había iniciado, como el recorte a salud y educación, provocando olas de despidos y mayo precarización y padecimiento para las masas laboriosas. Y, en los tres años que lleva en el cargo, se dedicó a desmantelar los pocos programas sociales que permitían a la población sobrevivir, recortó recursos al sector salud y en medio de la pandemia, pagó puntualmente al Fondo Monetario Internacional una mensualidad de más de 300 millones de dólares, en lugar de destinarlos a la salud de los habitantes de Guayaquil que mueren en las calles.

Devastadora situación en Ecuador por COVID-19

En el mes de octubre de 2019 se desataron enormes manifestaciones contra Lenín Moreno por el alza a las gasolinas y una vez más se constató su fortaleza, ya que el gobierno, temeroso de no poder controlar la situación que ya había desembocado en luchas callejeras y muertes, debió dar marcha atrás en los aumentos.

El gobierno de Moreno Garcés anunció, entre otras medidas, que descontará a todos los trabajadores del Ecuador un porcentaje de su salario para una “Cuenta Nacional”. Este robo a los ya de por sí mermados ingresos de los trabajadores, es una ignominia en tiempos de crisis, y muestra que la crisis es cargada sobre la espalda de los pueblos.

¿Qué hacer ante esta situación?

El pueblo trabajador del Ecuador podría encontrar la respuesta en su combativa tradición de lucha, la cual es vital recuperar para dotarse de una estrategia de clase que lleve a su pueblo a la victoria y para terminar la acuciante situación que hoy vive ante la pandemia.

Si la salida al aberrante padecimiento actual de la clase trabajadora y el pueblo ecuatoriano sigue en manos del gobierno de Lenín Moreno y el régimen burgués, se avizora un oscuro futuro para las masas ante el Covid 19 que arrasa con miles de muertes inauditas del pueblo hermano.

Hoy, para enfrentar esta pandemia cuyas consecuencias -lejos de ser un fenómeno natural- son el resultado del propio sistema capitalista, se requiere un verdadero plan de emergencia sanitaria que defienda la vida del pueblo trabajador, así como medidas económicas y políticas para garantizar los recursos para ello, empezando por el no pago de la deuda e impuestos a las grandes fortunas. Esto, como parte de una salida anticapitalista para que la crisis no la paguen los de abajo.

(1) Carta abierta al mundo desde Ecuador






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