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El fraude de la reforma educativa y la negación de amparo de la Suprema Corte de Justicia

Sin sorpresas para el magisterio combativo, la Primera Sala de la Suprema Corte negó amparo a los 64 profesores que impugnaron la constitucionalidad de la evaluación docente.

Sulem Estrada, maestra de secundaria

Agrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

Viernes 12 de agosto de 2016

El 10 de agosto finalmente falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo con el que 64 docentes intentaban impugnar por constitucional la evaluación punitiva. Al mismo tiempo ratificó la facultad a la autoridad educativa y organismos descentralizados a dar por terminado el nombramiento cuando no alcancen un resultado suficiente tras presentar tres evaluaciones.

Es importante destacar que nuestras compañeras y compañeros maestros, elevaron dicho amparo considerando la inconstitucionalidad que ejercen los artículos 22 y 53, así como 71 y 74 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que facultan a la autoridad educativa y organismos descentralizados para dar por terminado el nombramiento, ya que los educadores entienden que dichos preceptos invaden la esfera de competencia de la Secretaría de la Función Pública, a quien corresponde la imposición de sanciones administrativas.

La SCJN también ratificó la separación del Servicio Profesional Docente por no acreditar las condiciones de permanencia en el cargo y afirmó que esto no constituye una sanción administrativa, por lo que no existe invasión de competencias entre las dependencias de la administración pública que ejercen funciones de contraloría y las autoridades educativas, argumento que considera suficiente para negar el amparo presentado.

Dicha resolución fue propuesta por el ministro Arturo Zaldivar y aprobada por 3 votos de los 5 representantes, ratificando así la sentencia dictada anteriormente por el Primer Tribunal Colegiado del Circuito en Puebla, el cual ya había negado el amparo de los profesores. Los dos votos en contra se manifestaron, no por estar a favor del amparo, sino por considerar que el mismo es de materia laboral, siendo competencia de la Segunda Sala.

Un necesario recuento sobre las implicaciones de la evaluación

Cuatro etapas:
1. Informe de responsabilidades profesionales que el director o supervisor del plantel deberá llenar.
2. Expediente de cuatro evidencias de enseñanza argumentadas en un texto adjunto que se deberán subir a la plataforma del portal del SPD.
3. Examen estandarizado de conocimientos y competencias didácticas.
4. Planificación argumentada.

El informe de responsabilidades destaca la “colaboración” del docente en la escuela y el cumplimiento de la llamada “normalidad mínima”, establecida en el Acuerdo 717, la cual coarta el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, pues establece como punto principal que “todas las escuelas y todos los docentes deben brindar el servicio todos los días del ciclo escolar”. Que este reporte lo realicen directivos o supervisores de escuelas, fortalece enormemente el control de las autoridades sobre los maestros, a los cuales en muchas ocasiones nos exigen realizar actividades fuera del horario laboral o que no nos competen, para subsanar la falta de personal y recursos suficientes.

Así aumentan la carga de trabajo

A las presiones y carga de trabajo que arriba se describen, se añadió la preparación de la evaluación. O ¿acaso la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) piensan reducir la extenuante carga de trabajo de quienes seremos evaluados, para que podamos llevar a cabo todo lo que solicitan?

Reunir evidencias, escribir informes, estudiar para exámenes cuya guía contiene al menos cincuenta obras de consulta, además del tiempo para colaborar con la infraestructura de las escuelas, hablar con padres de familia, planificar, diseñar estrategias para abatir el rezago y la reprobación, diseñar y aplicar exámenes finales, entre otras muchas actividades.

Estos funcionarios deberían probar sus leyes con sus propias familias

Frente a nuestra persistente lucha, el cuestionamiento de los expertos en educación de distintas instituciones y los altos costos políticos que esta reforma les ha ocasionado, hace pocos días la presidenta del IINEE, Sylvia Schmelkes, en entrevista para La Jornada, no pudo ocultar la verdad que millones gritamos en las calles y con vergonzante descaro declaró que: la reforma educativa “pudiera no ser la que requieren el país y el magisterio”.

Pero aun peor, y a modo de balance, dijo: “Me parece que hemos aprendido del proceso. A lo mejor hubiera podido considerarse antes de emitir las leyes, cuáles podrían ser los diferentes escenarios de sus consecuencias. Eso es algo que no se hizo, y ahora estamos aprendiendo como consecuencias del proceso. Así se aprende en la vida: es un ensayo y error. Lo que hay que hacer es corregir.”

Once asesinados por las fuerzas de “seguridad” el 19 de Junio en Noxchitlán, familias destruidas, niños huérfanos, angustia de por vida en un pueblo que lo único que defendía era su derecho a una verdadera educación pública. Más de una veintena de maestros privados de su libertad durante meses algunos y otros años; miles de docentes que tuvieron que pasar por la angustiante situación de perder su trabajo de años, el sustento de sus familias; la humillación constante, la persecución, represión y violación de los más elementales derechos humanos a los educadores de los niños y jóvenes de nuestro país. Y con la liviandad de quien se equivoca en una suma y resta, el máximo representante del INEE nos dice “Así se aprende en la vida: es un ensayo y error”.

Una evaluación para limita nuestro potencial

Queremos educar a los hijos de nuestro pueblo, esa es nuestra vocación. Para ello necesitamos condiciones mínimas para desempeñar nuestro trabajo en óptimas condiciones.

Debemos contar con cursos de actualización acordes con la realidad que vivimos a diario en las aulas y tomarlos en periodos alternados frente a grupo y dentro de nuestro horario de trabajo, no los fines de semana o a contra turno, para que no implique relegar nuestras vidas y dejar los hijos de lado. Con salarios que nos permitan vivir dignamente sin la necesidad de tener un trabajo extra. Con material didáctico útil proporcionado por el estado y que no tengamos que comprarlo de nuestros bolsillos, ni salgan del magro presupuesto con el que cuentan los padres de familia.

¿Quién puede garantizar nuestros derechos y el de los niños mexicanos?

Los maestros. Los que luchamos por la abrogación de esta reforma pensada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y avalada por empresarios como Mexicanos Primero. Hecha a la medida de sus necesidades financieras, que pretende precarizar al extremos a los maestros, que los padres sostengan “lo público” con su dinero y prepare a los niños como un gran batallón de esclavos asalariados con el conocimiento elemental para manejar las maquinarias de sus fábricas y multiplicar sus ganancias sin conocer sus mínimos derechos.

Muchos educadores aún guardan expectativas en la justicia y las instituciones de este régimen para ricos y los acompañamos pacientemente en esa experiencia, pero al mismo tiempo, les proponemos organizarse con nosotros, con los que ya comprendimos que esa “justicia y las instituciones” están puestas al servicio de otra clase y otros intereses.

Por ello, necesitamos unir todas nuestras fuerzas y comenzar a planificar un verdadero paro nacional con el que podamos imponer en las calles la abrogación de toda la mal llamada reforma educativa, en el camino de fortalecernos para terminar con todas las reformas estructurales.






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