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Red Internacional

El lunes el gobierno anunció el despliegue de una agenda legislativa con eje puesto en salarios y contención de precios con el objetivo de recuperar la iniciativa política. Sin embargo, el ataque de una banda armada contra manifestantes el primero de mayo y las movilizaciones de camioneros y forestales, hicieron girar el eje al debate securitario. Ahora el gobierno insiste en "recuperar la legitimidad de las policías" y se abre a militarizar nuevamente La Araucanía. Detrás de la pelea por la agenda, se expresan las contradicciones estructurales del gobierno de Boric.

Fabián Puelma@fabianpuelma

Miércoles 4 de mayo | Edición del día

Durante estos días la agenda de seguridad se ha puesto en el centro. El ataque perpetrado por una banda armada contra manifestantes y periodistas este primero de mayo, busca ser utilizado por la prensa oficial y la derecha para instalar con más fuerza el discurso del orden.

Lo que hubo, dicen los editorialistas, fue una respuesta violenta de vendedores ambulantes contra encapuchados igualmente violentos frente a un Estado impotente. Sin embargo, no logran explicar por qué de las tres heridas a bala, dos de ellas son reporteras de medios independientes.

Tampoco mencionan las imágenes que muestran la complicidad de Carabineros con los atacantes. Sin embargo, éstas son tan explícitas que fueron reproducidas en todos los canales de televisión. La denuncia es grave. No tuvieron otra opción que buscar atajar la bola de nieve entrevistando a uno de los pistoleros en vivo y haciéndolo pasar como una víctima y trabajador honrado. Un descaro total.

El gobierno de Boric, como ha solido hacer, cedió rápidamente a la presión. Haciendo caso omiso no sólo de su historial de violaciones a los derechos humanos durante la revuelta, sino que los antecedentes de complicidad en el ataque, el presidente reafirmó al general Yañez en su cargo. “Necesitamos recuperar la legitimidad de las policías y no se recupera cortando cabezas cada vez que hay problemas”, sentenció.

Justamente uno de los pilares de la agenda de seguridad anunciada por la ministra Izkia Siches este martes es “recomponer la confianza y legitimidad de la ciudadanía y sus policías”, entre otras medidas.

Por otra parte, el gobierno está estudiando reponer la militarización en La Araucanía. Boric planteó que “estamos trabajando en estados intermedios para que no sea ´Estado de Excepción o nada´ para que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, en las carreteras”.

La debilidad del gobierno en medio de una crisis orgánica

No cabe ninguna duda que esta agenda securitaria no resolverá nada. Lo que está detrás son problemas profundos: una crisis estatal en La Araucanía, colaboración de la policía con el crimen organizado (que ahora tuvo como blanco una movilización de la izquierda), una degradación de las condiciones de vida con el aumento de la inflación. Todos síntomas de una crisis orgánica que debe ser afrontada por un gobierno sin hegemonía. Contradicción que pone en cuestión permanentemente la gobernabilidad.

El gobierno de Boric no puede gobernar sosteniéndose en el discurso del orden. La razón de ser de su gobierno es contener la inestabilidad política y social apelando a un discurso de reformas y renovación de la política. Gabriel Boric se postuló como el garante de una transición pacífica entre el viejo régimen de la Constitución del ‘80 y una modernización política al alero de la Convención Constitucional. Y no olvidemos que ganó la segunda vuelta con promesas de reformas.

Pero aunque la rebelión ya se acabó -fue desviada hacia una autoreforma del régimen- la transición sigue siendo convulsiva y la etapa abierta desde el 2019 no se ha cerrado. Uno de los motores de la inestabilidad de la situación es la debilidad estructural del gobierno.

La base dura de apoyo del gobierno -la y los boriclovers- constituyen un sector minoritario de la sociedad y están concentrados en las capas medias profesionales, sobre todo de Santiago. El entusiasmo popular en el gobierno que se palpaba luego de la segunda vuelta, resultó ser una combinación de altas dosis de esperanza (el “quiero creer”), de expectativas por encontrar una salida a la crisis y un toque de encantamiento más cercano a la farándula que a la identificación política.

¿Cuánto se mantiene y cuánto se ha perdido? Es una pregunta del día a día. Sobre todo porque no se trata de un apoyo incondicional. Boric lo sabe, por eso busca un piso de sustentación para que su gobierno sea viable. Pero lo cierto es que en esa búsqueda de sectores en los que apoyarse, la mayor parte de la torta se la han llevado los poderes reales. Las sobras se las lleva el pueblo.

El aumento del sueldo mínimo y la bonificación en la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar no alcanzan para compensar el portazo al quinto retiro en defensa del mercado de capitales. El retiro de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado no compensa el haber enterrado la ley de indulto y mantener al general Yáñez. Lo mismo podría decirse del mísero aumento de la beca BAES o el limitado plan de infraestructura para liceos públicos. Sobre todo si a los secundarios se los trata con palos y a los camioneros con guantes de seda. Y ahora resulta que hasta la condonación del CAE viene con letra chica.

Todavía no está dicho si esto será suficiente para mantener el apoyo -aunque sea condicionado- de sectores de la clase dominante. La decisión que tomen los grandes grupos económicos respecto al plebiscito del 4 de septiembre será decidor en este sentido.

Un gobierno que llegó al poder con promesas de reformas, pero que decidió poner a Mario Marcel y hacer un pacto de sangre para ajustarse al presupuesto fiscal de Piñera en medio de una situación económica marcada por la inflación y la desaceleración, tiene poco ofrecer. Nicolás Grau lo confesó al reconocer que el aumento de la asignación familiar es insuficiente, pero que “nosotros como Gobierno actuamos en el marco de un presupuesto que viene desde el año anterior y eso implica importantes restricciones".

Esto ya está generando rupturas con el gobierno y frustración de expectativas (que pueden ser capitalizadas por la derecha). En algunos sectores, aún minoritarios, la desafección se traduce en movilizaciones, como las de estudiantes secundarios que vienen extendiendo las tomas de liceos, o la de docentes que se movilizan contra la crisis de la educación pública (que tiene a las y los profesores de Antofagasta como sector de avanzada).

El desarrollo de un movimiento de secundarios, universitarios y profesores en defensa de la educación pública sería un gran punto de apoyo para evitar que la debilidad del gobierno la capitalice la derecha del rechazo. Pero para esto no pueden quedarse en luchas aisladas. En primer lugar, porque se requiere romper la camisa de fuerza que son las dirigencias de la CUT, el Colegio de Profesores o la CONFECH, que evitan desarrollar la movilización independiente para no hacerle olitas al gobierno.




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