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Red Internacional

GUERRA ANTIDROGAS.Excomandante Reyes Arzate evidencia complicidad de altos funcionarios con el narco

El 19 de octubre, quien fuera responsable de una unidad especial de inteligencia en México, Iván Reyes Arzate, apodado ‘La Reina’, se declaró culpable ante el juez federal Brian Cogan en una corte neoyorquina, lo que evidenció la fuerza y las redes del narcotráfico a ambos lados de la frontera.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Miércoles 20 de octubre | 21:46

El imputado afirmó que, entre septiembre y noviembre de 2016, “siendo yo integrante del servicio público mexicano y a cambio de un pago estuve de acuerdo en darle a una organización del narcotráfico datos que facilitarían la distribución de cocaína, estando consciente de que eso era un delito”. Cogan fijó su sentencia para el 6 de enero.

Reyes Arzate fue enlace durante años entre la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la policía mexicana desde 2003. Sin embargo, EE. UU. lo acusa de entregar información a cárteles como el de los Beltrán Leyva y El Seguimiento 39, asociado al Cartel de Sinaloa, a cambio de miles de dólares.

En abril de 2017, Reyes Arzate se entregó en EE. UU. y en 2018 fue sentenciado en Chicago a tres años de cárcel por pasar información a los cárteles. Cuando estaba por cumplir esa condena, fue transferido a Nueva York y acusado de nuevos cargos por narcotráfico.

A principios de 2020, Richard Donahue, fiscal general del Distrito Este de Nueva York, informó de la existencia de más de 13 mil páginas con pruebas y declaraciones de ‘La Reina’. En éstas se le acusa abiertamente de distribuir cocaína en EE. UU., además de estar comprado por los cárteles, a quienes les informaba tanto de la “guerra” de Calderón como de los agentes estadounidenses de la DEA.

Vínculo con el ex secretario de Seguridad Pública

La situación y las declaraciones de Reyes Arzate se dan en el contexto del proceso contra Genaro García Luna, quien fue su jefe y se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Éste se ha declarado inocente de las acusaciones de narcotráfico que pesan en su contra. Sin embargo, fue señalado por Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y la fiscalía del Distrito Este de Nueva York alega que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Sinaloa, encabezado por ’El Chapo’ Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a EE. UU.

García Luna fue arrestado en 2019 en Texas. Trabajó en México durante la misma época que Reyes Arzate, uno de sus hombres de máxima confianza; algunas pruebas en el caso del exsecretario de seguridad pública son las mismas que en el caso de Reyes Arzate. Ocurre lo mismo con pruebas que fueron mostradas en el juicio a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa. El juez Cogan preside tanto el caso de García Luna como el de Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en julio de 2019.

Otro que también es investigado es Ramón Eduardo Pequeño García, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en tiempos de García Luna, cesado por la fuga de ’El Chapo’ Guzmán. Al igual que Facundo Rosas Rosas, quien fungió como Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Por otro lado, Maribel Cervantes Guerrero, quien colaboró con Genaro García Luna desde que estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la extinta AFI, es investigada junto con el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

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¿La 4T terminará con el tráfico de drogas?

Esto es parte del complejo entramado que construyen políticos del régimen, grandes empresarios, jefes de las fuerzas de seguridad y narcotraficantes para mantener su poder y sus negocios.

La llamada “guerra contra el narcotráfico” -con la que el expresidente panista, Felipe Calderón, militarizó el país-, fue continuada por Enrique Peña Nieto. Aunque AMLO prometió acabar con la militarización, durante el actual sexenio ocurrió la creación y extensión de la Guardia Nacional, cuerpo militarizado que cumple el rol de detener migrantes, reprimir manifestaciones y continuar la lucha contra el narcotráfico de acuerdo con los dictados de las políticas “antidrogas” del gobierno estadounidense.

Durante la administración de Felipe Calderón se agudizó la violencia en México, al grado de haber unas 100 mil personas asesinadas según cifras oficiales y decenas de miles de desaparecidos. Actualmente, la disputa entre los cárteles, que se sigue enfrentando con militarización, continúa costando miles de vidas de personas marginadas, sobre todo jóvenes, haciendo de México un territorio de violencia y barbarie.

Como mencionaba la periodista mexicana Cecilia González durante una entrevista en noviembre de 2016, el narcotráfico es un negocio funcional al capitalismo, pues "es muchísima plata la que se mueve. Y los principales beneficiarios son los grandes bancos y los paraísos fiscales, porque ahí es a donde va a parar el dinero. Los bancos de Estados Unidos y de Gran Bretaña son los principales lavadores de ese dinero ilegal. Obviamente no les conviene que sea un negocio legal".

A pesar del discurso de “combatir al narcotráfico” que han enarbolado los distintos gobiernos en el país, ni el consumo bajó ni la producción de drogas ilegales disminuyó, al tiempo que se insiste en mantenerlo ilegal. Los "narcotraficantes de cuello blanco" quedan impunes, mientras esta guerra se utiliza como criminalización de los barrios y la pobreza.

Para enfrentar esta situación, es fundamental poner fin a la militarización del país y disolver la Guardia Nacional, así como expropiar las grandes fortunas de los capos y los carteles del narcotráfico, para orientar esos recursos a salud y educación. Junto a esto, la legalización de todas las drogas permitiría mejorar la calidad de las sustancias, regular sus efectos más adversos, dar garantías a las y los consumidores, combatir el narcotráfico y atender los casos de uso problemático de drogas como cuestiones de salud pública.




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