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Extensión de mandato a Arturo Zaldívar: más disputas entre poderes gubernamentales

En el marco de la contienda electoral, una vez más, se calientan los ánimos entre los integrantes del Poder Judicial. Azuzados por la oposición política acusan de “albazo y gandallismo” al Senado por implementar iniciativa de AMLO.

Raúl Dosta

@raul_dosta

Lunes 19 de abril | 22:26

El PAN, urgido de recuperar protagonismo ante la contienda electoral, se arroga el papel de instigador oficioso de la nueva disputa entre poderes de gobierno. Esta vez por el agregado, de última hora, a "las propuestas de leyes y reforma para restructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación" [1], de un artículo transitorio que establece que el actual presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, se mantenga en su cargo un par de años más del período previsto por la Constitución, al igual que a los otros seis integrantes de la judicatura federal, para que terminen su cargo al mismo tiempo o después que el presidente López Obrador termine su mandato.

Por ello, Marko Cortez, dirigente de dicho partido, adelantó que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad en caso de que la Cámara de Diputados ratifique la ampliación del mandato de 4 a 6 años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobada por el senado.

Otro intento de hacer retroceder las medidas que López Obrador va impulsando mediante su mayoría parlamentaria conquistada en julio del 2018 y que obligó a la ahora oposición del PRI y el PAN a arrinconarse y actuar detrás de las togas de los jueces afines al régimen anterior al actual para ─mediante el uso de dictámenes de amparo y de inconstitucionalidad─ procurar zancadillear la política amloísta.

Otros “afectados” por la bola rápida que les metieron los morenistas en la Cámara de Senadores ─los magistrados integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)─ pidieron a la Cámara de Diputados no aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dicha organización denunció que

se trata de "una evidente transgresión constitucional", que no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas ni refleja las modificaciones que discutieron de manera conjunta los senadores y el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Desde ya que la vía de la acción de inconstitucionalidad es improcedente en casos como el de la determinación de mandatos a las instancias superiores del poder judicial, pero esta “exigencia” y la agitación mediática es lo que les queda por hacer a los opositores a AMLO.

La práctica jurídica es que el presidente de la SCJN convoque a una asamblea de consulta del pleno de la misma, medida que ya tiene antecedente jurisprudencial. [2] Pero ésta estaría en manos del magistrado Zaldívar, quien hasta ahora se ha mostrado solidario con las iniciativas de López Obrador.

Es evidente que la movilización opositora y de sus magistrados afines, quienes durante décadas no dijeron “ni pío” ante las intromisiones recurrentes de los presidentes priístas ni panistas, tiene más que ver con el bloqueo a los procesos abiertos por las decisiones del gobierno de la 4T ─las cuales generaron centenares de amparos y acciones de inconstitucionalidad─, que tienen como finalidad sustentar legal y constitucionalmente medidas como la creación de la Guardia Nacional, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la intromisión del ejército en la “administración” en estos emprendimientos gubernamentales; el despojo del agua a los pequeños agricultores de Chihuahua, etcétera.

Para López Obrador es imprescindible que se sustente legalmente todo antes de que finalice su gobierno, por ello busca extender el mandato de los magistrados antes de que el proceso de recambio de los mismos empantane todos sus planes. Esto lo confirma el reclamo airado del senador Damián Zepeda que aseguró:

“lo que quieren es que consejeros cercanos al presidente se prolonguen más allá del mandato del presidente”. Mientras, el independiente Alvarez Icaza, plantea como salida que Arturo Zaldivar se deslinde, o si no, “será una manifestación implícita de su complicidad”. [3]

Mucha virulencia ante una práctica bastante común en el régimen político mexicano. [4]

De esta manera la batalla política entre AMLO y sus opositores, de cara a las elecciones intermedias y en preparación de las que vendrán en 2024 (que se espera que serán de vida o muerte) se traslada temporalmente a la arena del Poder Judicial.

“Inconstitucionalidad” o incondicionalidad

Con estas “disputas en las alturas” vemos cómo las gentes que ocupan los tres poderes, intentar zanjar sus desacuerdos aparentemente en función de la constitucionalidad/inconstitucionalidad de una reforma legislativa pero, en realidad, lo harán más bien en función de la incondicionalidad a los actores políticos que están detrás de estas disputas.

En los últimos meses, las disputas entre el poder ejecutivo y judicial se originaron luego de la sanción legislativa que intenta reformar la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el priísta Peña Nieto y que continuarán en una propuesta de reforma petrolera. A pesar de las rispideces mediáticas, la disputa actual por el artículo transitorio, podría resolverse con pacto en la Cámara de Diputados, al menos a eso apuntan los opositores “ofendidos”.

Por su parte, este lunes, López Obrador salió a contemporizar por el desaguisado desatado por sus legisladores propios y aliados del Morena. Aseguró que el:

“Poder Judicial, es autónomo, es independiente, yo no doy instrucciones, creo que es indispensable que se reforme el Poder Judicial, hay jueces buenos, íntegros, honestos, pero muchos actúan por consigna".

Y propone una salida ambigua, porque la incondicionalidad de sus diputados puede exasperar las cosas ratificando la propuesta del Senado:

“Si la Cámara de Diputados dice que no, voy a acatar, pero si decide que no es violatorio de la Constitución, estoy de acuerdo.”

O buscará una salida intermedia, mostrándose más “razonable” pero inflexible al apoyarse en una "consulta", que acaba de anunciar Morena para preguntarle a Zaldívar, si quiere prolongar su mandato.

Los intereses de las trasnacionlaes y los empresarios y políticos relacionados con ellas se sintieron trastocados y recurrieron a la “vía legal” y fueron rápidamente atendidos por jueces ad hoc. Nada que ver cuando se trata de los desposeídos, de los trabajadores y el pueblo pobre que, cuando intentan acceder a la acción de la “justicia” son rechazados, minimizados o revictimizados por sus reclamos. Y si son mujeres, son tratadas con mayor atrocidad.

Y aún cuando en la Constitución estén contemplados “nuestros” “derechos”, resulta que en la práctica no es así. Por cierto, los jueces (y legisladores) “buenos, íntegros honestos...” de AMLO, no tienen la costumbre ni las intenciones de saber de las necesidades de las clases desposeídas del campo y la ciudad.

Una prueba nodal de esto es la reciente reforma del outsourcing en que se demuestra que para joder al trabajador no hay disputas entre juristas, legisladores y presidencia, sino total incondicionalidad con los deseos de los patrones de exprimir más a sus trabajadores.

Los mensajes "conciliadores" arriba enunciados forman parte seguramente de sólo un discurso retórico, muy imaginativo, del carismático líder de la 4T, pues los de abajo tenemos otros datos.



[2Fuentes consultadas por Proceso señalan que esa posibilidad se remite a una consulta realizada por el ministro Genaro Góngora Pimentel en el año 2000, cuando la Cámara de Diputados aprobó una reforma que obligaba al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), organismo de la Judicatura encargado de evitar las “quiebras”, a presentar sus informes anuales ante el Poder Legislativo, por lo que se consideró como una intromisión en la autonomía del Poder Judicial. Tomado de Golpe a la división de poderes: hasta los jueces magistrados se deslindan

[3Revista Proceso #2320 p. 14

[4Monreal, en defensa propia, rememora la ampliación de mandatos que el Senado de 2016 obsequió a cuatro de siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF cuyos períodos fueron alargados hasta 7, 8 , y hasta 9 años. (Proceso 2320 p.14)





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