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Red Internacional

AMLO anunció la creación de la empresa Gas Bienestar, en consonancia con una de sus promesas de campaña: la reducción de precios de los servicios básicos. Sin embargo, aunque esta medida generó simpatía entre la población, es válido plantearse si ¿es ésta una opción para disminuir los precios a largo plazo?

Lunes 16 de agosto | 14:49

El Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) es uno de los combustibles más comunes que usan las familias mexicanas. Es utilizado, principalmente, para cocinar los alimentos y para calentar el agua en los hogares. Se ubica como un servicio esencial para la vida cotidiana. Por tal motivo, la producción y distribución del combustible fue privatizado y entregado a los capitales privados pues representa un enorme negocio.

Como ya se mencionó, el Gas LP, al ser un derivado del petróleo, necesita toda una infraestructura para su producción y distribución. Durante varias décadas, la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encargó de estas tareas, garantizando en buena medida el abastecimiento del mercado interno. A partir de la ofensiva capitalista en su modalidad neoliberal de la década de los 80´, PEMEX fue perdiendo protagonismo, no por ineficiente, sino porque estaba siendo desmantelada.

En consecuencia, México dejó de ser autosuficiente y pasó a depender en un 70% de la compra del Gas LP al extranjero. Esta condición se tradujo en un constante y exagerado aumento de precios con respecto al salario promedio de las trabajadoras y trabajadores. Los incrementos tienen ligeras variaciones según la zona en que se encuentre, pero para poner un ejemplo, en algunas colonias de la Ciudad de México, para adquirir un tanque de gas de 20 kilos, una familia mexicana tiene que desembolsar 480 pesos, cuando hace un año bastaban 360 pesos.

La inconformidad social podría comenzar a manifestarse activamente, pues los bajos salarios, los despidos masivos, la precariedad y la inestabilidad de la vida en general (iniciada bajo el priiato, continuada durante los gobiernos del PAN y ahora con el de MORENA) podía abrir la posibilidad de generar movilizaciones en las calles en contra de la carestía. Ante esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó dos medidas concretas apostando a fortalecer su apoyo en amplios sectores populares. La primera fue la creación de una empresa estatal denominada “Gas Bienestar”, con el fin de vender el combustible más barato. La segunda, fue establecer un tope de precios.

Por supuesto, estas medias fueron recibidas con beneplácito por diversos sectores populares, pues pueden significar un cierto paliativo ante la constante carestía de la vida. Por otra parte, un sector del empresariado distribuidor se manifestó abiertamente en contra de estas medidas, ya que implican limitar en parte sus ganancias y comisionistas, posiblemente alentados por los empresarios, realizaron un paro.

Gas Bienestar, ¿la solución?

Analizando el problema más de fondo, encontramos que estas medidas son insuficientes, ya que no resuelven el problema estructural y no son sostenibles a largo plazo. El constante aumento de los precios del Gas LP, actualmente, no tiene que ver con la escasez del recurso o con cuestiones técnicas (costos de operación), sino que la producción y distribución están en manos de empresas privadas, que como todo mundo sabe, dan el servicio con el objetivo de obtener grandes utilidades. Ni más ni menos.

Gas Bienestar competirá como una empresa más. Ofrecerá precios más bajos, pero al final estará atada por los precios del mercado. Es decir, como PEMEX es incapaz de cubrir la demanda interna, Gas Bienestar tendrá que comprar a productores privados (extranjeros), que le venderán el producto a precio de mercado. Quizá el Estado pueda mantener precios menores inyectando subsidios o transferencias económicas, pero esto implica, por una parte, quitar recursos a otras necesidades sociales, y por el otro, mantener competencia con enormes transnacionales de la energía, que como es conocido, son las que terminan imponiendo los precios, y tienen la fuerza de doblegar a los gobiernos de países dependientes o semicoloniales como el caso de México.

El tope de precios también tiene trampas. El cálculo de los precios máximos de venta del Gas LP se basa en la consideración de los de precios de producción, comercialización, distribución y la ganancia. Como puede observarse es un cálculo estándar que depende de muchos factores económicos de libre mercado, es decir, qué tan caro o barato se pueden conseguir los insumos. Por ende, si los insumos suben de precio, el Gas también lo hará, lo que generará la subida de precios.

Mientras alguna de las partes del proceso productivo sea privado, es imposible garantizar a largo plazo precios bajos del gas o de cualquier otro producto. La alternativa que beneficie a la mayoría de la población pasa necesariamente por la nacionalización sin indemnización de toda la industria petrolera y del gas, para la unificación en una empresa estatal bajo control de los trabajadores. Solamente así es posible una producción y distribución racional de los medios existentes, que ponga en el centro las necesidades humanas y no la ganancia capitalista.

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