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Red Internacional

Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, se quejó de que el nuevo presupuesto de egresos para el 2022, votado recientemente por la Cámara de Diputados, no beneficiará a su estado.

Lautaro AdrianoTrabajador de la educación pública e integrante de la agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase

Miércoles 17 de noviembre de 2021 | 18:59

El gobernador coahuilense aseveró que recorrerá los 38 municipios de la entidad para “informar” a los ciudadanos los recortes que tendrá cada ciudad, derivados del presupuesto para el 2022 que votó la mayoría del Congreso de la Unión.

Dijo que está inconforme porque "de nueva cuenta la federación no voltea a ver a Coahuila, no hay proyectos etiquetados".

También señaló que la entidad no contará con recursos federales para hacer frente a la delincuencia organizada, pero agradeció al Ejército y a la Guardia Nacional por el “apoyo” brindado en materia de seguridad.

En el mismo sentido, Riquelme se quejó de que las universidades públicas de la entidad, tanto la Universidad Autónoma de Coahuila como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, recibieron un aumento presupuestario por debajo de la inflación.

Respecto a lo que sí contempla el nuevo presupuesto para la entidad, refirió que la Secretaría de Hacienda sólo contempló los convenios de 100 millones de pesos para dos proyectos de infraestructura: la carretera Saltillo-Zacatecas y el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, con el que se pretende incrementar la entrega del líquido vital a grandes empresas, como Lala.

Sin embargo, a pesar de sus quejas, el gobernador no dijo absolutamente nada respecto a cuándo darán inicio las operaciones del Metrobus Laguna, proyecto que ayer mismo cumplió cinco años estancado.

El Metrobus Laguna se ha convertido en el proyecto emblemático de la gubernatura de Miguel Ángel Riquelme, por cuanto representa toda la ineficiencia, corrupción y opacidad de su administración. De manera que, sus quejas por el ajuste presupuestario generan en el coahuilense promedio solamente repudio por su cinismo extremo.

Por otro lado, es cierto es que se necesita más presupuesto para el gasto social, pues el gobierno de la Cuarta Transformación dejó con saldo insuficiente a los rubros de educación, salud, ciencia y tecnología, por mencionar sólo algunos, para enfrentar las adversidades que probablemente continuarán el próximo año a consecuencia de la pandemia por Covi-19 y la crisis económica.

Paralelamente, el gobierno sigue destinando mucho dinero a la Guardia Nacional para seguir reprimiendo migrantes que cruzan la frontera.

Por lo tanto, debemos exigir que se incremente el presupuesto para el sector educativo, el sector salud, el cuidado del medio ambiente, la ciencia y la cultura, entre otros rubros.

Para incrementar sustancialmente la infraestructura de escuelas, hospitales, laboratorios públicos; para que los colectivos escolares puedan tomar clases sin hacinamiento, con recursos y condiciones óptimas; para que los trabajadores de la educación y la salud cuenten con salarios dignos; para tener hospitales de calidad, clínicas de alta especialidad, laboratorios de primera, con insumos, medicinas y personal suficiente; para que no ocurra lo que pasó durante toda la pandemia, cuando los centros de salud se convirtieron en lugares de muerte e infección por Covid.

Este dinero puede obtenerse mediante una reforma fiscal progresiva, que establezca altos impuestos a las grandes fortunas, pues a pesar de la retórica de AMLO en la ONU, los millonarios en México pagan menos impuestos que en muchos países de América Latina. Además, se requiere dejar de pagar las deudas públicas, tanto la federal como la del exgobernador Humberto Moreira, pues está suficientemente documentado que las mismas son ilegítimas, ilegales y fraudulentas.

Esto podrá ser resuelto no por los gobiernos en turno, sino con la movilización masiva y unitaria de la clase trabajadora, pues al poner en marcha todos los resortes de la economía, los trabajadores pueden, con sus propios métodos de lucha como paros y huelgas, arrancarle al Estado más recursos públicos para derechos sociales que mejoren sus condiciones de vida, en vez de que beneficien a los empresarios.




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