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Red Internacional

En momentos en que Santiago Cafiero viajó a EE.UU en busca de apoyo para acordar con el FMI, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que analiza la distribución de recursos hecha por el ejecutivo mediante Decisión Administrativa, arroja un ajuste total aproximado de $ 225.000 millones.

Lunes 17 de enero | Edición del día
Foto: El Cronista

En semanas decisivas para el Gobierno alrededor de su búsqueda de un acuerdo con el Fondo para reestructurar la deuda ilegítima e ilegal contraída por el macrismo, desde el ejecutivo se dio a conocer la semana pasada la Decisión Administrativa 4, mediante la cual se establece la distribución de recursos para las distintas áreas para este 2022.

Esa asignación corresponde a la prórroga del presupuesto 2021, luego de la derrota oficial en el parlamento para aprobar “la ley de leyes” del 2022, la cual constituyó la primera gran crisis política del Gobierno luego de la derrota electoral en las legislativas del año pasado.

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Según detalla el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que analiza dicha resolución del ejecutivo, el nuevo año arranca con ajustes en el gasto público que ascienden a casi $ 225.000 millones. En aquella decisión administrativa, el Ministerio de Economía admitió que en 2022 caerán los ingresos totales en poco más de $ 627.000 millones.

Esta caída (al no obtener recursos de otro lado atacando los intereses de los poderosos) obedece principalmente a los Derechos Especiales de Giro que recibió Argentina del FMI el año pasado pero con los que no contará este año. Esos $ 422.174 habían sido utilizados para pagar vencimientos de deuda externa, a pesar de que que en cierto momento desde el sector kirchnerista de la coalición gobernante se había señalado que esos giros no serían destinados a pagar la deuda. Además de esa variable, la recaudación fiscal no contará este año lo ingresado en 2021 a través del Aporte Extraordinario y Solidario que gravó a algunas fortunas por única vez; éstos fueron unos $ 204.640 millones. Dicha medida, además de tardía y limitada, no escondía que de conjunto se daba en el marco de un programa que de conjunto era de ajuste (recortando el IFE y el presupuesto de salud durante la pandemia, entre otros ítems) y se había destinado a diversos destinos, algunos de ellos muy polémicos como el fracking.

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También es probable que el fisco recaude menos en concepto de retenciones al campo. Si bien este rubro fue clave en el aumento de la recaudación el año pasado por la cosecha récord de la soja, según la Bolsa de Comercio de Rosario, el Estado Nacional dejará de recaudar derechos de exportación por US$ 1038 millones por la caída en la producción agropecuaria.

Los recortes abarcarán también otras áreas. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá una poda de $ 4847 millones. En tanto, el rubro “Obligaciones a cargo del Tesoro”, desde donde se realizan las transferencias a provincias y a empresas del sector público, tendrá una merma de poco más de $ 3000 millones.

Con la readecuación presupuestaria para este año, la estimación de los ingresos arranca con un total de $7,9 billones ($ 627.025 millones menos respecto del 31 de diciembre de 2021), mientras que los gastos primarios totalizarían $10 billones ($ 224.889 millones menos). Es decir que a pesar de los recortes aplicados, el Gobierno tiene serias dificultades para mostrar una baja en el déficit fiscal tal como exige el FMI e intenta llevar adelante el ministro de economía, Martín Guzmán. Vale tener en cuenta que el Gobierno podrá ir readecuando las distintas partidas por medio de decretos de necesidad y urgencia conforme aumente la recaudación real a lo largo del año.

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Estos recortes en el gasto, de los cuales podrá verse su verdadera magnitud de forma efectiva a medida que transcurra el año y con las probables reasignaciones de recursos, son la variable de ajuste que tiene a mano el Gobierno nacional en función de pagar los vencimientos de deuda externa de este año, además de mostrar un “programa” acorde a los gustos e intereses del FMI.

La importancia de rubros como la Salud, Educación y Vivienda, ponen de manifiesto la necesidad de efectuar un desconocimiento soberano de la deuda externa (reconocida como ilegal por el propio organismo) y tomar medidas de emergencia que protejan el ahorro nacional, para llevar adelante un plan de obras públicas que genere empleo y destinar recursos a esas áreas tan golpeadas durante los sucesivos gobiernos desde hace décadas. Recursos hay, pero es necesario tocar los intereses de los poderosos en lugar de un camino de ajuste.




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