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Red Internacional

ELECCIONES 2021.Incendio en refinería: la 4T, Laguna Verde y la ira radiactiva de la derecha

Incendio en la refinería de Minatitlán, Veracruz. Las medias tintas de la reforma petrolera de AMLO y la defensa incondicional de la reforma energética por parte del PRI y del PAN. Un cóctel explosivo en tiempos electorales.

Bárbara FunesMéxico D.F | @BrbaraFunes3

Jueves 8 de abril | 22:38

“En la guerra y en el amor todo se vale” reza el dicho. Y ni hablar en la guerra electoral. Así fue que el incendio en la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz, fue pasto para una sucesión de tuits destinados a captar votos para la coalición del Pacto por México.

Los tuiteros del PRI y del PAN lanzaron las primeras piedras, “preocupados” por la posibilidad de accidentes en la planta nuclear de Laguna Verde. Esgrimen falta de mantenimiento de la infraestructura de Pemex y CFE y falta de capacidad de los altos funcionarios al frente del sector energético, entre ellos Manuel Bartlett, director de CFE, y Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía. Dicen que la “austeridad” les restó fondos para mantenimiento.

Y de los grititos de temor ante una posible catástrofe en Laguna Verde, pasaron a “Un desastre puede ser inminente puedes evitarlo usando #TuVotoInteligente este 6 de junio". Un burdo episodio de la campaña de la coalición “Va por México” (PRI, PAN y PRD).

La oposición patronal pretende cínicamente capitalizar el descontento existente en franjas de la población, en particular por aquellas políticas del gobierno que continúan con el legado neoliberal, como la precarización laboral y la militarización.

Los paladines de las trasnacionales

Sin embargo, no todo es lo que parece. La crisis de Pemex es de larga data. Fue la caja de los gobiernos priistas por décadas, mientras avanzaban los recortes presupuestarios, que llevaron a fallas en el mantenimiento y la seguridad industrial de las plantas petroleras. La reforma energética de 2012 fue la cereza del pastel para las trasnacionales, con la apertura del sector petrolero al gran capital.

Sólo en 2016, durante el gobierno de Peña Nieto, hubo un recorte de 100 mil millones de pesos al presupuesto. Los desvíos de fondos, compras y rentas a sobreprecio -como el caso de los Garza Cantú, que rentaron tres plataformas a Pemex, o el de Odebrecht- eran moneda corriente. Ese mismo año fue la explosión de la Planta Clorados III en el Complejo Pajaritos, que dejó 32 trabajadores fallecidos, 120 heridos y graves daños ambientales tanto para la vida silvestre como para la vida humana. En el mismo sexenio, cientos de miles de familias trabajadoras de Pemex quedaron en la calle.

El sector energético, la niña de los ojos de la 4T

Con la llegada de AMLO al poder en 2018, parecía encenderse una esperanza para Pemex. Su apuesta a reactivar la producción y refinación de petróleo con miras a reducir las importaciones de combustibles incluyeron más presupuesto, recortes fiscales y el estreno del megaproyecto de la refinería Dos Bocas en Tabasco.

Pero la otra cara de la moneda mostró que las plazas perdidas no se recuperaron, como se hizo notar con el incendio en Minatitlán. La subcontratación permanece. En estos días, trabajadores Centro de Proceso Akal-J, en Campeche, están realizando un paro en protesta por la escasez de alimentos que les suministran -a través de una contratista- y la falta de protocolos que los protejan ante la covid-19. Desde el inicio de la pandemia hubo protestas por falta de equipos de protección personal y falta de insumos en hospitales de Pemex, cuestiones que llevaron a cientos de muertes de trabajadores y sus familiares.

Tiempo antes, trabajadores transitorios -que reemplazan a quienes están de vacaciones o con incapacidades- realizaron protestas para exigir la restitución del personal que se encuentra en resguardo, de vacaciones o jubilados. Y denunciaron que, al no cubrir esas plazas, los trabajadores en activo enfrenan una mayor carga de trabajo y peligra la operación de las instalaciones de Pemex.

Ahora, la iniciativa de reforma petrolera que presentó AMLO enciende pasiones. El PRI, el PAN y el PRD, voceros de trasnacionales y grandes empresarios, no están dispuestos a permitir que retroceda ni una coma la reforma energética, así como se oponen a la reforma de la Ley de Industria Eléctrica. Se postulan como los mejores garantes de los negocios capitalistas.

Como señalamos acá, entre otros cambios que propone la reforma de AMLO está “la posibilidad de suspensión de concesiones o permisos, por parte de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, a las empresas privadas de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación y exportación de hidrocarburos, en caso de que se considere que hay un ‘peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional’”. Esto fue leído por las mentes afiebradas del empresariado como un avance hacia la “expropiación”.

Pero nada más lejos de la realidad. Ahora que el proyecto pasó a la cámara de diputados, el morenista Manuel Rodríguez, presidente de la comisión de Energía en San Lázaro, aclaró que el almacenamiento, comercialización y distribución de hidrocarburos y, de manera particular, a la actualización y armonización de los permisos no son objeto de la iniciativa presidencial. Por lo tanto, los contratos con empresas petroleras privadas no están en riesgo.

Pemex al servicio de las mayorías

Las medias tintas no llevan a ningún lado. Para que México, histórico país productor de petróleo, recupere su soberanía energética al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares, una reforma que acote las prerrogativas de trasnacionales y empresarios en la producción, refinación y distribución de petróleo es insuficiente.

Para recuperar un sector estratégico como éste de manos de la rapiña capitalista, hay que luchar por la expropiación y la renacionalización sin pago todos los sectores de Pemex entregados al sector privado, bajo control de sus trabajadores. Son las y los trabajadores de Pemex y sus contratistas quienes, sin la mordaza de la burocracia sindical, pueden encabezar esta lucha, que debe incluir en sus banderas también la prohibición de la subcontratación, la basificación inmediata de todas y todos los trabajadores temporales y con distintas modalidades de contratos, para que tengan todas las prestaciones, así como el descongelamiento de las plazas que son necesarias para garantizar las operaciones seguras de todas las instalaciones de Pemex.

A su vez, las y los trabajadores de Pemex y de todo el sector energético tienen el desafío de posicionarse ante la crisis ambiental, como lo hicieron sus hermanos de clase de la refinería de Grandpuits, de la francesa Total. Son ellos quienes pueden desarrollar un plan de transición energética, que busque garantizar el suministro de energía para la mayoría de la población minimizando el impacto ambiental y los riesgos de accidentes industriales.

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