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Incertidumbre económica: ¿de nuevo a terapia intensiva por el rebrote del covid-19?

Pablo Anino

ECONOMÍA
Ilustración: @flaviagregorutti

Incertidumbre económica: ¿de nuevo a terapia intensiva por el rebrote del covid-19?

Pablo Anino

En sus fantasías el Gobierno parece haber planificado un año 2021 diferente al que está viendo transcurrir frente a sus ojos. El aumento de casos del Covid incorpora nubarrones en los pronósticos económicos, sociales y electorales.

La troupe gubernamental esperó que el cambio del año calendario fuera a terminar milagrosamente con el Covid: en el presupuesto recortó 9,5 % el gasto primario en términos reales (es decir, descontando la inflación). Y en una proporción similar redujo los recursos para la salud.

Incluso, el ajuste podría ser mayor si no se cumple el pronóstico de inflación del 29 % para todo 2021 que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán. La remarcación de precios hace tambalear esas proyecciones oficiales. El INDEC difundió que en diciembre de 2020 los precios subieron un 4 %, un nivel que resultó el más alto del año pasado. El aumento anual fue de 36,1 %, con los alimentos y bebidas no alcohólicas creciendo más rápido, un 42,1 %. Los más pobres son los más afectados por la inflación.

El oficialismo también eliminó el magro Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y ajustó a la baja los recursos destinados para la Tarjeta Alimentar. Esta imprevisión aventurera delata la intención de tocar la música adecuada a los oídos del FMI, con quien busca un acuerdo en los próximos meses. Aún con el aumento de casos, el oficialismo se muestra atado al “ordenamiento” de la economía que exige el capital financiero internacional. Por eso, evita activar los mecanismos fiscales para contener el desborde de una situación social altamente precaria y amenazada por el avance de la pandemia.

Avanza el Covid

Luego de los picos de octubre (18.326 casos el día 21), desde fines de noviembre, la cantidad de nuevos afectados bajó a menos de 10 mil por día. El escenario se modificó en enero: actualmente, los casos diarios se elevan por encima de los 13 mil en la mayoría de los días y el país superó los 45 mil fallecidos. A estos datos habría que agregar que la aparición de nuevas cepas del virus (Reino Unido, Sudáfrica, Río de Janeiro) tienen un potencial de contagio superior. El Instituto Malbrán ya encontró esas nuevas cepas en Argentina.

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Las próximas semanas, la evolución de los casos indicará si se trata de un rebrote pasajero producto de cierto relajamiento en los cuidados durante las fiestas de fin de año o si está en curso una segunda ola de contagios, prevista para marzo, pero que se adelantó a enero. Por el momento, no hubo eventos generalizados de colapso en el sistema sanitario, pero varias provincias o localidades vieron ese fantasma de cerca y no se pueden descartar desbordes.

Argentina ocupa los primeros puestos del ranking mundial en varios de los graves indicadores del Covid. Un privilegio ominoso. En el mediodía del 15 de enero, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhiben a nuestro país en el puesto 11 en el ránking de cantidad de casos. En casos por cada millón de habitantes ocupa el puesto 34. En el total de muertes ocupa el puesto 12 y en muertes por millón de habitantes ocupa el puesto 22.

La guerra de las vacunas es un reflejo de tensiones geopolíticas preexistentes al Covid y de una competencia desenfrenada entre las corporaciones farmacéuticas multinacionales, que se agudizó por la pandemia. Lejos de priorizar la atención de la salud, esa guerra exhibe de manera pura el carácter irracional del sistema capitalista: la ganancia empresaria es todo, la vida humana solo un negocio. A esto se le suman los problemas lógicos de producción y de logística. El resultado es que no habrá una solución en el corto plazo ni siquiera para las potencias que se aseguraron una provisión por encima de sus necesidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, incluso con el avance de la vacunación, no se logrará la inmunidad de rebaño durante el 2021. Gran Bretaña, uno de los países más avanzados en vacunación, enfrenta junto al resto de Europa una potente tercera ola de contagios. En nuestro país la demora de la llegada de las vacunas agrega mayor incertidumbre al panorama del año que se inicia.

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El Gobierno culpabiliza del aumento de casos a supuestas conductas sociales irresponsables. Algo de eso se huele en la campaña publicitaria de la “cuidadanía” , que con humor (y cierta dosis de perversidad) intenta dar pelea contra la “gilada” que cree que se trata de una “gripecita nada más”.

Dando lugar a la estigmatización, el oficialismo también apuntó los dardos contra la juventud por las fiestas clandestinas o las aglomeraciones en parques y playas, invisibilizando a los jóvenes (y mayores, obvio) que están en la primera línea del sistema de salud o que trabajan en las aplicaciones de delivery, entre otros tantos que ponen el cuerpo en actividades esenciales en tiempos pandémicos; u otra tanta juventud que no tiene tiempo de disfrutar del ocio recreativo porque está sometida a la desocupación y a niveles crecientes de pauperización de la vida.

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En simultáneo, el Gobierno omite su responsabilidad por las carencias presupuestarias en salud con personal extenuado, precarizado y mal pago; o por la ausencia de centralización y unificación del sistema sanitario nacional para que todos los recursos actúen bajo una única planificación que permita un combate más racional contra el virus.

Otro tanto ocurre con la inexistencia de testeos masivos que permitan un seguimiento científico del mapa de la infección para aumentar recursos en las zonas de mayor propagación. Argentina exhibe un déficit enorme en testeos ¿Es porque faltan tests? No necesariamente. El Estado subsidió el desarrollo de tres test moleculares: uno de la empresa Argenomics, ligada a Hugo Sigman; otro del Laboratorio Pablo Cassará; y, por último, uno de Chemtest y PBL. Es probable que el Triángulo de las Bermudas de los negocios privados hayan retraído la disponibilidad de tests para el uso público, incluso para el personal de salud.

Sigman es dueño del Grupo Insud y un amigo entrañable de Alberto. En la crisis sanitaria emerge como el hombre más preocupado por la salud (de sus ganancias). Este empresario anfibio surfea como ningún otro entre los recursos públicos y la apropiación privada de los beneficios. Esta semana se anunció que producirá el suero equino, desarrollado en la Universidad de San Martín, en su planta de Inmunova. También está a cargo de la producción local de la demorada vacuna de AstraZeneca, que como todas las vacunas está impulsada con recursos públicos.

Los negocios de Sigman grafican bien cómo funciona el entramado entre el Estado y los laboratorios. Y ponen en evidencia la necesidad de un plan de investigación, desarrollo y fabricación que permita que el país pueda garantizarse insumos, sueros, vacunas con independencia del negocio farmacéutico, bajo control de los propios investigadores y trabajadores.

Pronóstico reservado

Martín Guzmán proyectó un crecimiento de 5,5 % para este año. El 8 de enero fue dado a conocer el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central entre los gurúes económicos (que son, a la vez, voceros del establishment). Allí se muestra que se alinearon los planetas con el sector privado al menos en un aspecto: los gurúes consultados también revisaron al alza su pronóstico de crecimiento hasta el 5,5 %.

No se trata de ningún milagro. La economía, luego de tres años de recesión, recuperará menos de la mitad de la caída del 2020, que cuando se conozcan los números oficiales podría cifrarse en el 12 %.

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Otra buena noticia para las expectativas del oficialismo fue que el INDEC informó que la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) llegó al 63 % en noviembre del año pasado. Se trata del nivel más alto desde noviembre de 2018. Ese dato muestra una industria que se despereza luego que el regreso del FMI en 2018 la arrojó más al fondo de lo que estaba, con un estancamiento que alcanza alrededor de una década.

A la vez, es un dato en sintonía con la idea del Gobierno que propone a la construcción, que no solo demanda mucha mano de obra, sino también materiales que produce la industria (acero, cemento, pinturas, entre otros), como así también a las automotrices, como motores para propulsar la producción manufacturera. A Techint y otros pulpos energéticos se les habilitó subsidios millonarios con el Plan Gas 4 orientado a reactivar el fracking en Vaca Muerta. Semanas atrás, varios grandes empresarios expresaron cierta euforia sobre la posible recomposición económica.

El aumento de casos del Covid 19 podría obligar a la revisión de todos los pronósticos. La economía se hundió tanto en los últimos tres años que tal vez haya tocado fondo, pero la recuperación esperada podría verse afectada en alguna proporción al momento indescifrable. Quizás la vacuna pueda impedir que se agrave el panorama, pero todavía existe incertidumbre sobre un cronograma para su aplicación.

Los que estudian los efectos del confinamiento en las potencias económicas hablan de cierto aprendizaje que evitaría una caída tan grave como en 2020. Aún así, el camino no está despejado: los recursos estatales están estresados. Y la normalidad previa al Covid ya mostraba una economía mundial con crecimiento anémico. Esa realidad es más grave en nuestro país.

La suba internacional de los precios de las materias primas aumentan las chances del rebote económico. La soja alcanzó el nivel más alto en años: superó generosamente los U$S 500. El periódico británico The Economist se preguntó si no se está reiniciando un nuevo super ciclo de las materias primas. Los factores que empujan el alza son varios: la demanda china; el gasto gubernamental de un gobierno demócrata (los últimos días Joe Biden anunció un programa de estímulos por 1,9 billones de dólares); la inversión en supuestas tecnologías verdes; como así también límites en la oferta por conflictos, como el de la Argentina por el maíz.

No obstante, el periódico señala que uno de los factores de la suba es la posible efectividad de las vacunas que permita salir del confinamiento, algo que está cada vez más en cuestión. Incluso cita a analistas escépticos de que el aumento de las commodities se sostenga, aún cuando el Covid deje de hacer de las suyas.

En lo inmediato, para el Gobierno de Fernández la suba de las materias primas es una noticia que equivale a encontrar agua en el desierto de dólares. Pero con el agropower, que goza de un verdadero oligopolio privado que controla el comercio exterior de granos y concentra las tierras, más dólares implica, a la vez, más tensiones por la apropiación del ingreso, más especulación con la liquidación como método extorsivo para presionar por un tipo de cambio más alto.

El paro impulsado por la Mesa de Enlace escenificó ese poder. El oficialismo finalmente retrocedió del cierre de exportaciones de maíz en negociaciones con el pujante Consejo Agroindustrial Argentino, que se postula a renovar la imagen pública del agropower. Así el empresariado va marcando la cancha para apropiarse los beneficios de la recuperación.

Precios descuidados

Existe una contradicción fundamental en la tensión no resuelta entre el precio del dólar y la inflación, que se retroalimentan mutuamente. Esa tensión se expresa, entre otras cuestiones, en que la brecha cambiaria entre las cotizaciones oficiales y paralelas del dólar, a pesar de haber bajado de los momentos más críticos de septiembre y octubre, sigue siendo alta. El oficialismo busca resolver la tensión con las mini devaluaciones diarias que están implícitas en la suba permanente del dólar. Pero el problema tiene raíces estructurales profundas

A pesar de que mejoraron levemente los últimos meses, las reservas del Banco Central siguen débiles, de modo que establecen un techo muy bajo para cualquier recuperación. El crecimiento, por la estructura atrasada de la economía, requiere divisas para importar bienes intermedios que consume la industria y no se producen localmente. Cualquier mínimo repunte demandará reservas. Esta situación preanuncia, más temprano que tarde, la vuelta de los fantasmas de la tensión con el dólar.

En inflación y tipo de cambio las divergencias siguen siendo notables entre las proyecciones oficiales y las de los gurúes del sector privado (las del mencionado REM). Por ejemplo, como se dijo, para el año en curso, el Gobierno proyectó un 29 % de inflación mientras los gurúes esperan un número cercano al 50 %. En esa divergencia late una tensión, una disputa: la expectativa del gran capital de una mayor devaluación del peso argentino que impacte en la inflación.

No solo eso: también da cuenta de la ambición de los capitalistas de seguir erosionando, vía la remarcación de precios, el poder de compra del salario, algo que en 2020 el gobierno dejó e incluso ayudó para que ocurra con las paritarias privadas a la baja firmadas por las cúpulas sindicales, tanto de la CGT como de ambas CTA, y una paritaria paupérrima para el empleo público donde el empleador (ajustador) es el propio Estado.

El dato publicado por INDEC de 4 % de inflación en diciembre del año pasado parece dar la razón a los pronósticos de los gurúes. Algunos funcionarios admiten en voz baja que la inercia de diciembre traerá un número alto también en enero. De mantenerse un ritmo de 4 % mensual, al finalizar el año la inflación alcanzaría el 60 %. Si el oficialismo logra reducir el ritmo de aumento de precios a un 3 % mensual, la inflación anual sería del 43 %. Sólo si puede bajarla al 2 % mensual, la inflación anual sería del 27 %, en sintonía con el 29 % proyectado en el Presupuesto.

El oficialismo se ufana de que el 36,1 % de inflación durante todo 2020 es un éxito frente al 53,8 % de 2019. Pero lo sorprendente es una inflación tan alta con la economía retrocediendo alrededor del 12 %. Además, en alimentos y bebidas no alcohólicas, que son los productos de mayor consumo popular, los aumentos fueron del 42,1 %.

Una apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las empresas arrojaría luz sobre el verdadero estado de las ganancias empresarias. Y sería una herramienta fundamental para un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. Hay mucho por dilucidar.

Por ejemplo, las carnes registraron aumentos anuales exorbitantes en el Gran Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de pobres del país: el asado subió 83 %; la nalga un 70 %; la carne picada común un 69 %; la paleta un 67 %; el cuadril un 60 %. El núcleo central de la fijación de precios la realizan los grandes ganaderos y los frigoríficos, muchos de los cuales exportan al exterior obteniendo generosos ingresos y buscan conseguir en el mercado interno ganancias equivalentes. El pollo entero tuvo un incremento de 51 %. En este sector también pisan fuerte grandes actores, como el Frigorífico Soychu, Avícola Capitán Sarmiento (Granja Tres Arroyos) o Las Camelias.

En el azúcar, donde los capangas de la remarcación son los grandes ingenios del norte como Ledesma de la familia Blaquier, el aumento alcanzó el 50 % durante 2020. No solo eso. El precio del bioetanol, tanto el proveniente de la caña de azúcar como el del maíz, está regulado por el Estado. Luego de varios meses de congelamiento, el Gobierno autorizó en octubre un 10 % de aumento. En los primeros días de enero volvió a autorizar una suba del 56 % desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. En medio del conflicto con los terratenientes agrupados en la Mesa de Enlace, el Ejecutivo también autorizó una suba de la misma proporción para el bioetanol de maíz.

A partir de la Ley de Biocombustibles, votada durante el Gobierno de Néstor Kirchner, además de los precios regulados, se estableció un corte obligatorio de bioetanol en las naftas. Una de las primeras leyes que votaría la Cámara de Diputados, cuando se reinicien las sesiones extraordinarias la semana próxima, es una prórroga de los beneficios para la producción de biocombustibles hasta 2024. Sobre este intervencionismo no se registran quejas empresarias.

En la actualidad, las naftas contienen un 12 % de bioetanol. Por eso, sus aumentos impactan, aunque en una proporción limitada, en los precios de las naftas. Esto, junto a otros factores (aumento de los impuestos a los combustibles líquidos y del dióxido de carbono, del barril de petróleo y las ganancias de las petroleras) hace que las naftas hayan subido por segunda vez en enero. Ese aumento, como el Covid, se expande a todo el cuerpo económico.

Eso no quita que los voceros del establishment lleven adelante una campaña persistente contra una supuesta amenaza del intervencionismo creciente del Estado por programas como Precios Cuidados o Precios Máximos. Pero, según el INDEC, sólo el 3,17 % de los precios relevados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) corresponde a Precios Cuidados. Incluso en productos como la yerba mate, donde el 39 % de los precios relevados corresponde a Precios Cuidados, el aumento durante 2020 fue del 47 % en el Gran Buenos Aires. Ni tomar mate se puede.

El oficialismo buscó contener los aumentos en telecomunicaciones (telefonía, televisión por cable e internet) a través de la declaración de servicios públicos esenciales. También congeló los servicios públicos de gas, luz y agua. De conjunto, los precios regulados, según INDEC, crecieron 14,8 % durante 2020. Se trata de empresas que tiene mercados cautivos y se beneficiaron de los tarifazos de Mauricio Macri, como los de luz, gas y agua, o incrementaron el volumen de sus negocios, incluso durante la pandemia, como las compañías que brindan servicios de telecomunicaciones.

El Gobierno brinda atención especial a los servicios públicos porque, a la vez que son consumidos por la población, entran como costos en la ecuación de ganancias de las empresas. Un reconocido empresario de la construcción admitió la baratura de los servicios públicos como una ventaja para relanzar los negocios. Una gran parte del empresariado goza de ese beneficio.

No obstante, existe un panorama de ajuste tarifario, que en principio estaba establecido para marzo. En el oficialismo se debaten entre un ajuste gradual o uno más fuerte. También se habla de una segmentación que diferencie usuarios con distinta capacidad de pago. Guzmán, que es quien negocia con el FMI, sabe que subir las tarifas implica bajar los subsidios, que es lo quieren en Washington. Pero el Fondo, se sabe, es un bombero incendiario: un salto tarifario echaría leña al fuego a una inflación que se aceleró desde agosto. El oficialismo enfrenta varias encrucijadas de este estilo.

Un sector del Frente de Todos plantea, en la perspectiva de fortalecer las chances electorales, postergar todos los ajustes tarifarios importantes hasta después de las elecciones, lo que puede servir al oficialismo en el corto plazo, pero preanuncia una situación más explosiva en lo fiscal con potencial impacto en el dólar y también en la inflación.

Algunos creen ver en esas disputas una perspectiva donde Cristina Fernández expresa la idea de “profundizar” no se sabe qué modelo. No obstante, la única verdad es la realidad: en sus líneas centrales, más allá de algunos zapateos, la vicepresidenta avala la reestructuración de la deuda y vivir en el régimen del FMI.

El salario en cuarentena

El dato de una inflación anual de 36,1 % en 2020 arrojó luz sobre el ajuste en los haberes jubilatorios. El año pasado, el haber mínimo acumuló un aumento del 35,3 % mientras que el máximo se incrementó 24,3 %. De este modo, todos los jubilados quedaron detrás, no sólo del 42 % que les hubiera correspondido con la mala fórmula macrista, que por primera vez les habilitaba a recuperar apenas una parte del 20 % perdido entre 2016 y 2019, sino que también quedaron detrás de la inflación. El oficialismo se ahorró unos $ 100 mil millones durante 2020: un sacrificio de los pobres haberes jubilatorios como ofrenda al altar del FMI. El robo se repetiría este año con la nueva fórmula que votó el Congreso en diciembre último.

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El macrismo atacó el salario todo lo que le permitió la relación de fuerzas: cayó 22 % en el sector privado registrado y 25 % en el empleo público entre noviembre de 2015 y diciembre de 2019. No existen datos que permitan hacer el mismo ejercicio para el sector informal desde 2015. Sí se puede observar lo que ocurrió desde octubre de 2016 hasta diciembre de 2019: los informales perdieron 18 % de poder de compra.

Alberto Fernández prometió remediar esta situación, prometió llenar la heladera. Los números lo desmienten. Las estadísticas del Índice de Salarios que elabora el INDEC muestran que en el análisis puntual de octubre de 2020 versus el mismo mes de 2019 el poder de compra retrocedió 2,1 % en el sector privado registrado, 7,2 % en el sector público y 0,3 % entre los informales. Cuando se observa el promedio entre enero y octubre de 2020 versus el mismo período de 2019, la caída es de 1,6 % en el sector privado registrado, 6,2 % en el sector público y 6,9 % entre los informales. Es decir, como los jubilados, todos perdieron contra la inflación hasta el décimo mes del año.

En este contexto de derrumbe del poder de compra de los ingresos populares, en el oficialismo se debate si permitir una tímida recuperación salarial para mejorar sus chances electorales. Es decir, utilizar el artificio al que, tanto el kirchnerismo como el macrismo, echaron mano desde 2012 hasta 2017: ajustar los años pares y dar una zanahoria en los impares para los meses en que se vota. Pero los márgenes se estrecharon al extremo. Y el FMI mira de reojo.

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Como lo demuestra la pelea de los aceiteros por el salario, de Hey Latam de Rosario en defensa de los puestos de trabajo o de Guernica por el derecho a la vivienda, corresponde plenamente a la clase trabajadora la pelea por una verdadera recuperación salarial, por la mejora de las condiciones de vida y exigir a las cúpulas sindicales burocráticas terminar con la cuarentena eterna de las medidas de lucha.

Sin aliento

El aumento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad es un fenómeno mundial generalizado durante la pandemia: los capitalistas encuentran en cada crisis una oportunidad para enriquecerse más. Allí están Elon Musk, Jeff Bezos o sus equivalentes pampeanos de menor escala, como Marcos Galperín, aumentando su riqueza a niveles siderales.

Pero en nuestro país el efecto social negativo fue más profundo: la CEPAL estimó que Argentina es unos de los tres países latinoamericanos donde más aumentó la desigualdad durante la pandemia. El desembolso de recursos públicos estuvo condicionado por los pagos de la deuda por más de U$S 5.000 millones en 2020, por la reestructuración con los lobos de Wall Street y la renegociación de la hipoteca con el FMI.

De acuerdo a un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante el cierre del tercer trimestre del año (julio-septiembre), el 44,2 % de las personas (unos 20 millones de habitantes) se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Más grave aún: el 64,1 % de los niños, niñas y adolescentes habitaban en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Estos números exhiben el juego de pinzas realizado por la baja de los ingresos populares y la pérdida de empleo. La tasa de desocupación oficial del tercer trimestre fue de 11,7 %, pero si se incorpora a los desocupados a aquellos que dejaron de buscar trabajo desalentados por la crisis, la tasa se eleva a 19,4 %, según el centro CIFRA de la CTA.

La atención de esta emergencia social debería ser la prioridad absoluta. Para eso hay que establecer un IFE de $ 30 mil, como planteó la izquierda desde los inicios de la cuarentena, pero actualizado por la inflación, de modo que permita cubrir la canasta de pobreza a todas las familias. También es necesario un plan de obras públicas que permita que todo el mundo tenga trabajo genuino a la vez que atender el déficit habitacional y las necesidades de infraestructura de los barrios populares.

Un plan así es incompatible con el rumbo del Gobierno, que decidió convalidar el fraude que hizo el macrismo al pueblo trabajador con la deuda odiosa, contraída con los fondos de Wall Street y el FMI en detrimento de los intereses de las mayorías y a favor de la fuga de capitales de los grandes empresarios a paraísos fiscales.

La reestructuración de la deuda con actores privados, principalmente con los lobos de Wall Street, que logró Martín Guzmán, no sólo convalidó todo el fraude del megaendeudamiento macrista, sino que dejó una hipoteca enorme cuyos pagos fuertes comienzan en 2025. El reloj de arena ya fue dado vuelta: hay que empezar a generar las condiciones para afrontar ese saqueo.

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Por eso, mientras el Covid sigue haciendo de las suyas, se desarrolla la negociación con el FMI. Funcionarios del Gobierno están en conversaciones con los burócratas del organismo en la perspectiva de establecer los términos de una “carta de intención”. Desde Washington señalan que quieren el déficit controlado. Nada de andar “derrochando”.

Además, exigen que se limite la emisión monetaria, la principal herramienta que utilizó el oficialismo para destinar recursos para atender la emergencia del Covid. En agosto pasado, al costo de agregar U$S 17 mil millones entre su primera y su última oferta, Guzmán evitó el default con los usureros privados, pero los títulos argentinos siguen cotizando a niveles de default: el país no tiene acceso a los “mercados” de deuda en dólares si no es a tasas altísimas.

Por eso, la idea que promueve el Fondo, y que ya viene aplicando Guzmán, es que el déficit sea financiado mayormente con emisiones de deuda en pesos, que también paga tasas de interés por las nubes. El Gobierno se muerde la cola con la deuda eterna. Y todavía falta que el FMI exponga sus condicionamientos estructurales, lo mejor de su menú para hundir países.

No hay salida para las mayorías populares si no se deja de pagar la deuda usuraria, se rompe con el FMI y se vuelcan todos los recursos disponibles a atender las necesidades sociales. Es decir, si no se reorganiza la economía sobre nuevas bases.

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Pablo Anino

@PabloAnino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
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