Mundo Obrero México

AUSTERIDAD REPUBLICANA ES DESEMPLEO

Incertidumbre en la CEAV: las víctimas no son prioridad

El anuncio de un recorte del 75 % del presupuesto de la CEAV anunció su desaparición y desnudó un organismo que reproduce la violación a derechos humanos laborales y en el que la atención integral a las víctimas nunca ha sido garantizada, pues no es prioridad.

Sábado 6 de junio

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La crisis de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se profundiza. El pasado jueves familiares de víctimas se instalaron en plantón frente a Palacio Nacional denunciando que permanece la incertidumbre presupuestaria de dicho organismo, además demandan la salida de la titular, Mara Gómez Pérez, a quien acusan de no cumplir con con la atención a las personas que solicitan apoyo.

A pesar de que públicamente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó el pasado miércoles que las medidas de austeridad no afectarán la protección de los derechos humanos, por lo que el recorte del 75 % del gasto operativo de la CEAV no se aplicaría; miembros del organismo, incluyendo a la titular, Gómez Pérez, señalaron que no se les ha dado acceso a los recursos que se le quitaron y el recorte no se ha acarado totalmente.

Esto se da después de que el pasado 2 de junio, a través de un comunicado oficial, este organismo declaró: “La CEAV informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”

Víctimas y trabajadores, el blanco de la austeridad

De acuerdo al informe presentado por la institución al Poder Legislativo, en 2019 su presupuesto sufrió un recorte del 13.7 %, como parte de los planes de “austeridad” que fueron desplegados como bandera de la llamada "Cuarta Transformación", lo que que se tradujo en recortes en varias áreas de la Comisión.

Como sucedió en el conjunto de las dependencias estatales, la “austeridad”, aunque se presentó como un plan dirigido a los privilegios de los altos funcionarios, fue descargada a través de recortes a los servicios públicos, despidos injustificados y mayor precarización al personal operativo. Mientras los salarios de los altos funcionarios se mantuvieron prácticamente intactos.

En el caso de la CEAV, en 2019 el titular percibió un sueldo de 139 mil 663 pesos, mientras que los asesores tienen un salario de 11 mil 722 pesos en promedio, que no cubre el costo real de la canasta básica que se calcula en 16 mil pesos.

Los bajos salarios de la mayoría de las y los trabajadores operativos de la institución, se combina con un alto grado de precarización de sus condiciones de trabajo. La simulación contractual y la violación de derechos, que se convirtió en las ultimas décadas en el sello de las dependencias estatales, es la forma que impera en esta institución, donde la mayoría de las y los trabajadores -dos terceras partes- está contratado por outsourcing o por la ley de adquisiciones (Capitulo 3000 y 2000), por lo que el recorte les golpearía directamente.

De llevarse a cabo la medida de austeridad, se anunció que el 60 % del personal será despedido pues no habrá recursos para pagarles. Aunque, de acuerdo a declaraciones que funcionarios de las dependencias realizaron a Animal Político, ya se despidió a más de cien trabajadores y trabajadoras bajo el argumento que no hay dinero para sus sueldos.

Los despidos en las dependencias públicas son una realidad constante acentuada en los últimos dos años, en una manifestación realizada, los participantes testificaron que antes del recorte al presupuesto, ya se había despedido a parte del personal:

“Hemos trabajado varias de nosotras por meses en el cerro, en la montaña, abriendo socavones, abriendo tierra, abriendo montañas completas con nuestras propias manos, con nuestros propios recursos. Todos esos recursos todavía la CEAV nos los debe”, señaló una de las manifestantes.

Los contratos simulados permiten un exceso de carga laboral, por ejemplo, las y los abogados para las víctimas tienen hasta 100 casos simultáneos, claramente sin la posibilidad de brindarles una atención adecuada frente al requisito imperante de un trato integral, apegado a derechos humanos.

Los propias personas trabajadoras se ven forzadas a operar sin protocolos de seguridad física, ni emocional, convirtiéndose ellas en victimas de violaciones a derechos. En un contexto de crisis sanitaria y desempleo y como una contradicción absoluta en el marco de la defensa de los derechos humanos laborales, Gómez Pérez declaró a manera de celebración que muchos de las y los trabajadores del organismo han decidido seguir laborando aún sin certeza de que existan recursos para su pago.

De realizarse un recorte de esas dimensiones incluso, se ha anunciado que ni siquiera se podría pagar la renta de las sedes, lo que derivaría en 7 mil 200 victimas sin atención, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil. Además la falta de pago de los sistemas informáticos causaría la perdida del Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.

Más allá de que el recorte del 75 % de presupuesto no se efectúe, lo que su anuncio desnudó es un organismo que reproduce la violación a derechos humanos laborales y en el que la atención integral a las víctimas nunca ha sido garantizada, pues no es prioridad.






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