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Red Internacional

Internas enviaron una petición escrita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se reabran los juzgados locales y federales adscritos a este penal.

Jueves 11 de marzo | 17:07

Las internas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEFERESO) se organizaron para enviar una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigiendo a ésta la reapertura de los juzgados, pues argumentan que si por razones económicas, se está enviando a laborar a establecimientos esenciales, “con mayor razón se deberían reabrir los juzgados o idear mecanismos alternativos” para continuar los procesos penales, “a menos que se considere que el acceso a la justicia no sea esencial o fundamental”.

Pero además, hacen hincapié en que mejoren las condiciones del CEFERESO ante el COVID-19 pues manifestaron estar en riesgo ante el hacinamiento y las condiciones poco higiénicas.

Es sabido que desde el inicio de la pandemia, el derecho a la salud de los internos e internas en las cárceles de México quedó relegado a tercer plano -especialmente en la CDMX, donde la población carcelaria representa más del 12% de la población carcelaria de todo el país-, además se vieron escandalosos casos en los que los custodios hicieron negocio vendiendo a los internos los insumos de primera necesidad para la prevención de los contagios.

Ahora, las mujeres de Santa Martha, penal en el que, de hecho, las autoridades se han atrevido a negar las muertes de las internas por COVID, adjudicándolas a otras causas como diabetes o influenza, ponen de nuevo el tema sobre la mesa, apelando a que existen recomendaciones de organismos internacionales sobre el manejo de la pandemia en centros penitenciarios, que buscan la forma de liberar a las personas bajo ciertos criterios.

¿Justicia para todas?

Las internas expresaron además, que la autoridad jurisdiccional está obligada a demostrar en los hechos “que su compromiso con la perspectiva de género es real”; por eso exigieron a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN -quien también encabeza el Consejo de la Judicatura Federal-, “gestionar urgentemente la reapertura permanente de los órganos que imparten justicia en la CDMX, tanto en el orden común como federal, primordialmente en materia penal”.

En su escrito, denuncian que el cierre de los juzgados ordenado desde marzo del año pasado ha ocasionado el retraso de los juicios, alargando su resolución.

Entre estas internas que enviaron la petición escrita, se encuentra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el perfecto ejemplo de que la justicia -legal y social- no opera del mismo modo para todas.

Robles está acusada de lavado de dinero y tiene la posibilidad de salir impune si opera como testigo y ayuda a la captura de otros involucrados en el lavado de dinero de ´La Estafa Maestra´; o también puede estar 6 años en la cárcel, que no representan ni una tercera parte de la condena de 21 años que pedía la PGR en su acusación, o que no se comparan con los centenares de mujeres que son condenadas a decenas de años injustamente.

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Ante esto, Rosario Robles puede jugar un papel activo en favor del gobierno de la 4T, ayudándolo a mantener su fachada de “combatir la corrupción y a la mafia del poder” cuando por otro lado, ella misma formó parte del régimen que carga con miles de feminicidios, desapariciones, despidos y reformas estructurales y es la Cuarta Transformación la que le permite esas facilidades ante el proceso legal, mientras a las mujeres pobres, que están presas por delitos menores o porque no pudieron pagar una defensa, las condena a la cárcel sin siquiera tener juicio.

La SCJN admitió a trámite la petición y le asignó el número de expediente 75/2021-VIAJ, mientras tanto, le dio parte al Instituto Federal de Defensoría Pública “a fin de que asigne los defensores públicos que ejerzan sus atribuciones de representación y defensa del colectivo correspondiente, para los efectos de lo previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin menoscabo de que periódicamente informe a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el desarrollo del procedimiento respectivo”.

Sin embargo está claro que en la pandemia, el Estado avanza para sofocar los derechos del conjunto de la clase trabajadora, que en este caso, se expresa en la negativa de derechos y garantías procesales, la negativa de justicia real y expedita, así como la ya consabida, negación al derecho a la salud.

En su mayoría, las mujeres presas y privadas de su libertad provienen de sectores pobres y precarios, y están encerradas por delitos menores. El sistema carcelario profundiza la condición de pobreza y marginación de estas mujeres y reproducen las desigualdades y estructuras dominantes que perpetúan las violencias sobre esas mujeres.




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