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Red Internacional

La Junta Federal Especial Treinta de Conciliación y Arbitraje ha turnado exhortos a la Coordinación General de la Universidad Para el Bienestar Benito Juárez debido a las demandas laborales en su contra. Ya hay un laudo a favor de un docente despedido injustificadamente.

Miércoles 2 de febrero | 20:41

La primera oleada de despidos ocurrió a mediados del 2020, con el paro de la EDPA, hoy UBBJ Sede Cuauhtémoc, contra los profesores que apoyaron el paro, como represión política. La segunda oleada de despidos en las UBBJ ocurrió en julio del año pasado; esta afectó a más de una centena de trabajadores, tanto académicos como administrativos, de distintas entidades del país. Derivado de ello, además de la demanda colectiva, otrxs trabajadorxs decidieron interponer litigios de manera individual desde 2020.

La tercera oleada aconteció entre octubre y diciembre; los afectados en esta ocasión fueron más de 60 trabajadores. El procedimiento administrativo contra ellxs fue el mismo que en julio: se les separó de sus funciones sin explicación alguna.

Raquel Sosa: funcionaria neoliberal

A nivel mediático, Raquel Sosa, coordinadora general de las Universidades del Bienestar Benito Juárez ha declarado como “justificación” que los docentes despedidos tienen un perfil pedagógico de corte “neoliberal”, pero no los reconoce como trabajadores.

No obstante, ella goza de un sueldo de 91 mil pesos mensuales. Asimismo, la administración que ella encabeza, además de rehusarse a acatar el laudo emitido por la Junta mencionada -el cual indica reinstalación, pago de sueldos caídos e indemnización-, insiste en no reconocer derechos laborales de trabajadores académicos y administrativos, a quienes les ha llamado “beneficiarios sociales”.

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Desde que se presentó la primera oleada de despidos, docentes afectados manifestaron que se les obligó a firmar convenios de prestaciones por servicios educativos, con el objetivo de no reconocerles como trabajadores y, con ello, negar derechos humanos y laborales establecidos en el artículo 123 de la Constitución.

Sin embargo, el 30 de julio del 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se crea el Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García. En el artículo 13 de dicho decreto queda establecido lo siguiente:

“Las relaciones de trabajo entre el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y sus trabajadores, se regirán por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Por su parte, el apartado A refiere, de manera expresa, que se anulan aquellas condiciones que impliquen que trabajadores renuncien a algún derecho establecido por las leyes para su protección y auxilio.

Sosa, en sus declaraciones, ha omitido mencionar, de manera ventajosa, que el convenio mencionado fue firmado por trabajadores bajo coerción: se les obligó a firmarlo mediante el condicionamiento de sus quincenas en julio, por lo que el convenio carece de toda validez legal.

Como bien han referido las y los trabajadores UBBJ despedidxs: “aquí la neoliberal es Raquel Sosa… quien gana un sueldo de casi cien mil pesos y ha tratado de implementar toda clase de artimañas para no reconocer nuestros derechos laborales… ¿A caso no es una de las piedras angulares del neoliberalismo, precisamente, el aplicar políticas y procedimientos que cercenan los derechos laborales y humanos?... ¿Quién es entonces realmente la neoliberal?”

Hay que tener en cuenta que esta es una política generalizada, que se aplica tanto en las UBBJ como en otras instituciones a nivel nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y a los trabajadores de los programas culturales, así como en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual es controlada por un cacicazgo universitario aliado al Morena y al priismo.

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Se necesita luchar en unidad (trabajadores, académicos y estudiantes) por estos derechos como parte de la defensa de la educación pública y contra la precariedad laboral, involucrando a trabajadores de todos los niveles educativos y estados del país, para conquistar la basificación, es decir estabilidad y derechos laborales. Junto con la sindicalización, para poder afiliarnos a una organización de trabajadores que nos permita el acceso a un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Solo así lograremos que las resoluciones de la justicia laboral (normalmente complaciente con la patronal) sean favorables a los trabajadores y que se cumplan.




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