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Red Internacional

En conferencia virtual, integrante de las autoridades de la UACM anuncia el regreso a clases presenciales y la aplicación de la Ley General de Educación Superior (LGES) en la institución.

Miércoles 2 de febrero | 23:25

En el programa de Radio UACM realizado el 25 de enero del presente año, el promotor universitario, Octavio Figueroa, responsable del Programa de Formación para el Trabajo, habló de los nuevos planes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), entre ellos el regreso a clases presenciales, que ya empieza a operar en esta institución. Además de la aplicación de la Ley Generald e Educación Superior (LGES).

En cuanto al regreso presencial, el funcionario reprodujo el discurso oficial del gobierno de la 4T, que apela a favorecer los procesos de aprendizaje (y la interacción cara a cara), pero no habla de las condiciones y recursos necesarios para que el regreso sea seguro, en medio de la cuarta ola de la pandemia en nuestro país.

En primer lugar, porque las autoridades de la UACM no han alzado la voz frente al gobierno de la Ciudad de México para exigir más presupuesto, con el fin de mejorar la infraestructura de la propia universidad.

Tampoco se han pronunciado por un regreso en donde todos estén vacunados, porque si bien es cierto que muchos de los estudiantes de la UACM son trabajadores no tan jóvenes, muchos otros también son muy jóvenes, a los que no se les ha aplicado el refuerzo de la vacuna o ni siquiera tienen el esquema completo de vacunación. Por otro lado, el proyecto original de la propia Universidad contempla llegar a los más necesitados; muchos de sus estudiantes son trabajadores precarizados que están vulnerables frente al Covid-19, como fue el caso de Rodolfo Huvy Cruz, alumno de la institución que murió de esa enfermedad mientras trabajaba para Banco Azteca.

También existe un peligro latente contra el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), porque la implementación del “modelo híbrido”, en caso de imponerse como en otras instituciones, implica hacer modificaciones al CCT, pero las autoridades nunca se plantean consultar a los trabajadores para ello. Ya que estos cambios pueden eliminar materia de trabajo sindicalizada y con derechos laborales para profundizar la precarización; algo que por ejemplo se está dando en la UNAM.

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La aplicación de la LGES

Bajo el discurso de que a pesar de que las universidades son instituciones autónomas, pero siguen siendo parte del Estado mexicano, Figueroa habló de la necesidad de homologar las actividades de la UACM con la LGES, justificándolo con que la universidad está inserta en un subsistema de educación superior y la ley dice que es urgente adecuar a ésta las disposiciones normativas de la casa de estudios.

Es decir, se pretende “armonizar” el trabajo de todas las universidades con dicha ley porque, como él mismo funcionario lo expresó: ésta unifica el contenido de diversas leyes, regula el financiamiento educativo y vincula a la educación con las necesidades del sector social, económico y productivo. Para reforzar su postura, Figueroa aseguró que “la ley pasó por una consulta”.

Sin embargo, ¿qué significa realmente la LGES? En primer lugar, los únicos consultados fueron las burocracias académicas, muchas de ellas organizadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que, entre otras cosas, acordó el teletrabajo en muy malas condiciones para los trabajadores en las instituciones de educación superior y dictaron la línea de varios de los contenidos de la Ley.

Los trabajadores no fueron consultados, al grado de que federaciones sindicales como la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigaciones y Cultura (CNSUECIC) señalaron que la LGES, en su artículo 4° contraviene el artículo 3° constitucional, al degradar el derecho a la educación superior, pues faculta a las universidades a imponer requisitos adicionales para poder realizar estudios superiores. Junto con ello, limita las iniciativas para promover cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.

Además de que al buscar “vincular a la educación con las necesidades del sector social, económico y productivo”, se impone en realidad que las universidades estén al servicio del empresariado, pues se da prioridad a los proyectos que se consideran “productivos”, respecto a la lógica de la ganancia. Por lo que es visible que los criterios establecidos para este nivel de la instrucción pública en su ley reglamentaria no están basados en el “humanismo” que se pregona como principio de la universidad.

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Lo que la UACM necesita

Lo que la comunidad de la Autónoma de la Ciudad necesita realmente es la mejora de sus condiciones de estudio y de trabajo. En primer lugar, se requiere exigir más presupuesto para garantizar todas las medidas de seguridad sanitaria de la comunidad ante la pandemia, lo cual también debe servir para garantizar derechos laborales. Ya que las autoridades se han encargado de dar continuidad a la precarización laboral, incluso despidiendo a trabajadores que luchan, como los docentes de la Asamblea de Profesores de la UACM en Lucha.

Además, este aumento tendría que darse sobre la base del no de pago de la deuda e impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las trasnacionales que operan en México. Pero para conseguir esas demandas se requiere la movilización unitaria de todos los sectores (académico, trabajadores administrativos y manuales, junto con el estudiantado), encabezados por el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM), junto con los sindicatos y federaciones de los trabajadores y docentes del sector, como la FNSU, la CONTU y la CNSUECIC, llamándolas a romper su tregua con el gobierno.




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